El retraso para llevar la desalación a la mayor parte de la cuenca solivianta a los regantes

El presidente de los regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, advierte de que «muchas comunidades de regantes están preocupadísimas porque se ven en el año 2027 sin agua del Tajo ni de las desaladoras, ya que la tubería que debe construir el Ministerio para impulsar esos recursos va retrasadísima. El horizonte del año 2026 está encima y no sabemos nada».

Jiménez señala que las dos tuberías que tiene que construir la CHS impulsarán el agua de la desaladora de Torrevieja (que alcanzará una producción anual de 120 hectómetros cúbicos) hasta el Azud de Ojós y Librilla, donde se mezclará con la del Tajo y se redistribuirá por las zonas regables. Avisa de que, sin esa conexión, un 80% del territorio de cultivo puede tener serios problemas. Señala la comarca del Guadalentín, Abanilla y la zona oriental, Molina y Campotéjar, centro de la Región y parte de la provincia de Alicante, entre otras. Allí donde llegue la desalación –como la vega alta o el Altiplano–, se pueden realizar permutas de agua, pero es necesario disponer de las nuevas canalizaciones y de las concesiones de la planta de Torrevieja.

La CHS informa de que el proyecto está pendiente de un informe de la dirección técnica de este organismo. Todo indica que una obra de esta envergadura no estará finalizada en 2027, más allá del plazo de 2026 que fijan los fondos 'Next Generation'. Hace dos años, el organismo de cuenca sacó a información pública el anteproyecto y la declaración ambiental para la interconexión, pero poco se ha avanzado desde entonces.

Para el Gobierno regional, esta tubería «es otro efecto y manifestación de la nefasta política hidráulica de Pedro Sánchez, y que refleja su único objetivo de cerrar el Trasvase sustituyéndolo por agua desalada, tal y como venimos denunciando desde 2018. El Gobierno de España condena a nuestros regantes a esa decisión sectaria de usar solo agua desalada, ignorando el coste económico y medioambiental de la misma», señaló el departamento de Sara Rubira.

El Ejecutivo murciano, al igual que el de la Comunidad Valenciana, deben tramitar la declaración medioambiental, de ahí que la CHS haya sugerido a los regantes que pregunten también a ambos gobiernos para que agilicen el proceso en la parte que les toca.

El presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, Juan Marín, muestra igualmente su preocupación por la tardanza de este proyecto. «Si no se hace en 2026 con fondos europeos, ¿cómo se va a ejecutar? Si no existe esa conexión, ¿cómo vamos a llevar agua al Guadalentín y Huércal Overa?» Marín apunta que cuando haya poco para trasvasar «se verán afectados miles de regantes, que tampoco podrán disponer de los recursos de la desaladora de Torrevieja». Añade que tampoco podrán hacer permutas o utilizar las concesiones que les autoricen en Torrevieja. «Nos enseñaron el anteproyecto de las conexiones hace dos años y pico, pero no vemos avances». Reclama, asimismo, que se agilice la construcción de las tres balsas de regulación de la desaladora de Águilas.

Mientras se va recortando el Trasvase Tajo-Segura, el programa de desalación que deja la ministra Teresa Ribera, nueva vicepresidenta de la Comisión Europa, se desarrolla a varias velocidades: por un lado, un considerable retraso en la conexión de la planta de Torrevieja con el Postrasvase y, por otro, avances para ampliar la capacidad de producción de las desaladoras. Entre medias, la construcción de fotovoltaicas asociadas para abaratar el coste de la energía no lleva el ritmo necesario.

La ampliación de la desaladora de Torrevieja para alcanzar los 120 hectómetros anuales va por buen camino. Pronto empezará la construcción de una nave para instalar nuevos bastidores de ósmosis inversa. Dado que este proceso será gradual, Acuamed irá aumentando progresivamente la capacidad de producción de la planta. En cuanto al parque fotovoltaico anexo a la desaladora, se barajan dos alternativas al emplazamiento inicial, que concita un fuerte rechazo en la zona: comprar una planta fotovoltaica privada que ya tiene autorización para ser instalada en San Miguel de Salinas y Almoradí o, en caso contrario, buscar otro emplazamiento.

En lo que respecta a la desaladora de Águilas, el Consejo de Administración de Acuamed ha aprobado esta semana el contrato para ampliar las instalaciones y alcanzar una producción de 70 hectómetros cúbicos, diez más que en la actualidad. Por otra parte, las comunidades de regantes que compran agua a esta desaladora reclaman que se construyan las tres balsas de regulación comprometidas por el Ministerio, con un coste de 20 millones de euros.

La ampliación más retrasada es la de la planta de Valdelentisco, que ha tenido varios incidentes debido a la antigüedad de los equipos. El proyecto para añadir 20 hectómetros está finalizado y pendiente de evaluación ambiental. Probablemente, tendrá que prolongar la toma de agua de mar.

En los dos primeros casos, las obras de ampliación finalizarán antes de 2027, pero no es seguro que así sea en Valdelentisco.