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La tesorería de la Comunidad Autónoma queda intervenida por el Estado. Si no de forma oficial, sí de facto. Por lo menos así se entiende del requerimiento que el Ministerio de Hacienda le ha hecho al Gobierno regional donde le comunica que retendrá parte del dinero de las entregas a cuenta que le corresponden cada mes para su financiación. Y lo hace para asumir directamente el pago a los proveedores al haber incumplido la Administración murciana, durante dos meses consecutivos, el plazo máximo fijado para el abono de las facturas.
A través de una notificación recibida el pasado martes a la Consejería de Hacienda, el Ejecutivo central advierte de la nueva situación al haber superado en agosto y septiembre el límite marcado para abonar a los acreedores las cantidades comprometidas, establecido en 60 días. Una situación que LA VERDAD adelantó ya el pasado 1 de diciembre, y que proviene de las dificultades de liquidez existentes por la situación de «infrafinanciación» que sufre la Región, lo que es consecuencia de «un sistema injusto» de reparto a las autonomías, en palabras de Celdrán.
Hay que tener en cuenta que la Comunidad acumula en la actualidad una deuda comercial superior a los 200 millones de euros con las empresas proveedoras, dentro de los casi 10.000 millones de pasivo total -fundamentalmente con el Estado-, al mismo tiempo que llegó a realizar pagos con una media de hasta 80 días en esos meses críticos.
El consejero, que compareció ayer ante los medios para valorar la situación, acompañado por la directora general de Presupuestos, Begoña Iniesta, calificó la medida de «arbitraria, oportunista e irresponsable», ya que las demoras en el pago «las ha provocado el propio Ministerio, que en esos mismos momentos tenía guardado en sus cajones 234 millones de euros de todos los murcianos»; un montante que «se tenía que haber pagado antes del verano», en concreto, 85 millones del IVA, «que ya nos han avanzando que nos podemos olvidar de ellos», y otros 148 millones de euros de las entregas a cuenta mensuales -en dos pagos-, «de las que solo han enviado 130».
Por ello, considera que estamos ante un «castigo» impuesto por Sánchez, dentro de «un nuevo escalón en las medidas restrictivas sobre el Presupuesto regional», basado en criterios «exclusivamente políticos» y con la finalidad de «intentar perjudicar y penalizar» a los murcianos. Incluso, asegura que es «perverso» que el Gobierno central reconozca que el modelo de financiación autonómico es injusto, cuando al mismo tiempo ejecuta medidas de ajuste adicionales que «nos causan más tensiones de tesorería», manifestó.
Eso sí, mientras tanto, «se niegan a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, después de un año y medio sin reunirse para abordar «algo tan importante» como esta reforma que, en su opinión, «lleva machacando a la Región».
Lo que no está todavía claro es el montante económico que se va a retener desde Madrid. Mientras, el requerimiento ministerial pide a la Intervención General de la Comunidad que traslade el montante exacto de la deuda que se arrastra para calcular el porcentaje de dinero que pagará directamente a los proveedores y lo que se retendrá a la arcas regionales.
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Una penalización que se extenderá durante seis meses hasta que se vuelva a recuperar el nivel medio de pago por debajo de 30 días. Se trata de una medida contemplada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ya se aplicó en 2017 en las autonomías de Aragón y Extremadura.
Para el titular de Hacienda, «es muy difícil reducir el plazo de pago a proveedores mientras se mantenga el actual sistema de financiación, porque «recibimos menos ingresos que el resto». Por su parte, el Ministerio justificó a última hora de ayer que se limita a cumplir la ley de Estabilidad Presupuestaria y a garantizar el pago a proveedores en la Región. Añadió que la Comunidad recibió tres advertencias previas, la primera en 2016, sobre el incumplimiento del plazo legal para el pago a proveedores. Y señaló que la Región de Murcia recibió 1.475 millones en 2019 de los mecanismos de financiación del Estado, como el FLA, una cantidad que supera en un 5,5% a la que llegó en 2018. En 2020, según el Ministerio, la Región recibirá 3.460 millones de euros de financiación estatal.
El consejero de Hacienda insistió ayer en que la economía de la Región «funciona», como lo demuestra el hecho de que en los diez años de vigencia del sistema de financiación actual «haya crecido el empleo regional el 7,7%, más del doble que la media nacional», y de que «estemos entre las autonomías que más crecieron el pasado año, tal como recoge el observatorio de BBVA Research». Todo ello, a pesar de la infradotación financiera y los atrasos en las entregas a cuenta, tal como denuncia el consejero.
«La Comunidad hace una gestión responsable de sus recursos. Aquí no hay despilfarro en ERE ni en referéndums ilegales», subrayó Javier Celdrán, para quien el requerimiento del Ministerio de Hacienda supone «un hito más en la estrategia desleal y mezquina» de castigo a la Región.
Por último, interpeló sobre si lo que busca el Gobierno es que «subamos el IRPF, que volvamos a cobrar el injusto impuesto de Sucesiones y Donaciones, y no poder pagar lo pendiente a los funcionarios».
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