La Fiscalía abre la puerta a que los empresarios que prostituían a menores acaben entrando en prisión

El futuro de los siete empresarios y promotores de renombre que esta semana quedaron en libertad tras reconocer ante la Audiencia que hace una década pagaron a menores de edad, de entre 15 y 17 años, por tener sexo podría dar un giro de 180 grados. El fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, ha abierto la puerta a que acaben ingresando en prisión «alguno o todos» de los 13 condenados por esta red, que prostituyó a una decena de adolescentes en Murcia.

La Audiencia dictó este miércoles una sentencia 'in voce' recogiendo el acuerdo que el Ministerio Público había alcanzado con las defensas de los seis empresarios, tres 'mamis' y tres transportistas. Este pacto, que se fundamentaba sobre todo en el retraso sufrido por la causa, supone para los empresarios penas de cinco meses de prisión por cada una de las menores con las que mantuvieron contacto. Juan Castejón, conocido promotor de viviendas y expresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), acumulaba, por ejemplo, dos años y un mes de cárcel por haber tenido sexo con cinco menores. Las 'mamis' asumieron penas de dos años por cada víctima que captaron para prostituirla y sus penas llegan a sumar hasta 16 años de cárcel en alguno de los casos.

La Audiencia ha previsto dos sesiones, los próximos 7 y 8 de octubre, para decidir sobre una suspensión de las condenas que, de puertas para dentro, las defensas daban esta semana por hecho y que extraoficialmente, como suele ser habitual en estos casos, parecía formar parte del acuerdo. En declaraciones concedidas a Onda Regional recogidas por Europa Press, Díaz Manzanera admitió, no obstante, este viernes la posibilidad de convocar la Junta de Fiscales para tomar la decisión de penar con cárcel a los responsables de esta red, que ha conmocionado a la sociedad murciana. «Tengo intención de convocar una Junta de Fiscalía, ya veremos a ver en qué términos y a qué fiscales, para poder debatir esta cuestión», subrayó. Insistió en que su propósito es que el Ministerio Público «tenga una opinión común y clara al respecto de si procede o no procede el ingreso en prisión y respecto de quién».

El fiscal superior hizo hincapié en que «el retraso» que acumula la Justicia, lleva, como ocurre en este caso, a la aplicación, de forma «reiterada», de la atenuante de dilaciones indebidas que puede conllevar la rebaja de la pena en uno o en dos grados en función de la demora del procedimiento y de otras circunstancias.

Díaz Manzanera avanzó que la Fiscalía General está trabajando en una circular en la que se va a tratar la protección de las víctimas. Dentro de esta instrucción, espera que se aborden también «algunas directrices de carácter general de obligado cumplimiento para todos los fiscales en los casos de conformidades como el que se ha producido en el presente caso». Explicó que la redacción de un documento de estas características, «que es vinculante para todos los fiscales de España en base al principio de unidad de actuación en el que se rigen, tiene su complejidad y sus matices». En concreto, el fiscal superior espera que este documento establezca unas directrices más claras «no solamente para las conformidades», sino también para la posibilidad de que los fiscales se opongan o no al cumplimiento de la pena, en este caso privativo de libertad.

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