Ocho de cada diez sentencias se saldan ya con pactos para eludir el banquillo

El dicho popular dice que 'vale más un mal pacto que un buen pleito' y eso algunos letrados parecen tenerlo claro. Los acuerdos se imponen en los tribunales. Según datos de la Fiscalía, el 87,3% de las sentencias que se dictan en los juzgados de la Región ya se pactan para evitar el banquillo.

De las 9.153 sentencias que salieron el pasado año de la Audiencia Provincial, los juzgados de Instrucción y los juzgados penales –excluyendo los delitos leves– hasta 7.999 recogían un acuerdo entre las partes, conforme a los datos facilitados por la Fiscalía. La cifra supone ya el 87,39% del total, un porcentaje que ha ido creciendo poco a poco en los últimos años. En 2020, por ejemplo, los pactos se encontraban tras el 82,5% de las sentencias.

El catedrático de Derecho Penal y director del departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Murcia (UMU) Jaime Peris explica que este tipo de pactos en los tribunales son muy frecuentes y que el sistema avanza cada vez más a este tipo de soluciones. «Los juzgados intentan por todos los medios que haya acuerdos», remarca. «De hecho, antes los fiscales a la hora de pedir la pena no siempre se iban al máximo. Ahora, sin embargo, es extraño que no lo hagan, sobre todo cuando creen que luego puede haber una conformidad». Esas elevadas peticiones de condena, remarca, 'asustan' a los justiciables y, de alguna forma, pueden ayudar a allanar la negociación.

La aceptación del delito es una de las condiciones 'sine qua non' que el Ministerio Público fija para acceder a negociar, como ocurrió en este caso, una conformidad. La denominación técnica de estos acuerdos es la de juicios por conformidad y consisten en pactos, previstos en la ley, que evitan la celebración de juicios. Traen de la mano una sustancial rebaja de las penas para los procesados.

Estos se aplican, normalmente, a delitos menores y permiten dar una salida rápida a miles de asuntos que, de no optarse por esta solución, saturarían aún más el sistema en una administración marcada por la elevada litigiosidad y los dilatados tiempos de respuesta. Las conformidades, sin embargo, también encuentran hueco en otros asuntos de mayor calado, como crímenes, tráfico de drogas o sonados casos de corrupción, que terminan resolviéndose con penas poco menos que simbólicas. Pactos que, en ocasiones, no están exentos de polémica.

Preguntado por LA VERDAD, el fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, explicó que la causa esencial de la reducción de penas en el caso de la red de prostitución de menores es la atenuante de dilaciones indebidas «que la ley permite como muy cualificada ante retrasos significativos y que supone una rebaja en uno o dos grados». Esta atenuante solo se aplica si se considera que ha habido una dilación «extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa».

El fiscal superior de la Comunidad avanza, no obstante, que la Fiscalía General del Estado está trabajando en una circular para abordar el impacto de este tipo de acuerdos en las víctimas. Díaz Manzanera considera que esas instrucciones podrían trazar algunos «límites» a estos pactos.

Efectivamente, este asunto llegó a estrados una década después de que el caso estallase, cuando uno de los acusados ya había fallecido y otro había sido incapacitado por enfermedad. No es un caso aislado. Los retrasos son el pan nuestro de cada día en una justicia, la murciana, que ya se colocó el pasado año como la más lenta del país. Esta administración, atenazada por la elevada litigiosidad, la falta de medios y los efectos de las sucesivas huelgas que se libraron el pasado año –primero la de letrados de la Administración de Justicia y posteriormente la de funcionarios–, cerró 2023 con los peores datos de su historia reciente. Los murcianos son los españoles que más deben armarse de paciencia para encontrar una primera respuesta a su demanda judicial. La espera media, que repuntó hasta un 41% en el primer trimestre de este año, alcanza ya los 11,9 meses de media, conforme a los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los juzgados de instrucción de la Comunidad son los segundos del país que más tardan en tramitar uno de estos casos –procedimientos abreviados–. Concretamente, se dilatan una media de 11,1 meses, frente a los 8,6 meses de la media nacional. Una vez que el juez instructor cierra la investigación y el caso llega a la Audiencia, la situación no mejora. Los tribunales de la Región, con 21,2 meses de media, son los que más tardan en llevar a juicio este tipo de procedimientos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pasqual del Riquelme, ya achacó en mayo estos retrasos «al olvido de nuestra región en las instancias políticas de decisión».

Podemos criticó duramente ayer la sentencia de la Audiencia que permite a siete empresarios librarse de prisión tras reconocer que pagaron a menores por tener sexo. La diputada regional María Marín tildó la resolución de «lamentable» y remarcó que es «la enésima prueba de que en Murcia hay un sistema de justicia machista y patriarcal». En este sentido, sostuvo que la Audiencia Provincial «lleva años dejando libres a la mayoría de agresores sexuales a cambio de multas ridículas, en este caso de 500 a 2.000 euros, y a veces un cursillo de reeducación». Marín acusó a los magistrados de la Audiencia Provincial de «aplicar automáticamente las penas mínimas, porque las vidas de las mujeres parece que no importan a sus señorías».

Podemos aseguró «no entender cómo la Fiscalía avala este acuerdo». En este sentido, avanzó que el diputado regional Javier Sánchez Serna exigirá explicaciones al ministro de Justicia sobre este polémico caso.