Orihuela asume que tendrá que subir la tasa de basuras

¿Cómo se van a cerrar los presupuestos del año que viene si no se sabe cuánto se va a poder recaudar? Esa es la pregunta que se podría decir que se hace el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara. Este jueves, el regidor reconocía, a preguntas de los medios de comunicación, que irremediablemente habrá que incrementar la tasa por la recogida de basuras y que eso, entre otros asuntos, está condicionando el cierre de las nuevas cuentas del año que viene.

«El PP de Orihuela prometió en campaña electoral que iba a tratar de no subir los impuestos. Eso también dificulta notablemente el diseño de ese presupuesto. Evidentemente es algo que habrá que hacer. Todos sabemos que Residuos Urbanos es un impuesto que hay que subir porque la ley nos obliga a que el usuario sea el que cubra el coste total del servicio», explicó el regidor oriolano.

Aun así, dejó caer que eso no se producirá de manera inmediata. Manifestó que la intención del equipo de gobierno es estirar todo lo posible la decisión y agotar los plazos legales. «El Ayuntamiento va a esperar ese año hasta que no quedé más remedio para subir los impuestos para que los ciudadanos estén lo más cómodos posible», reiteró el primer edil.

El problema que obliga en primera instancia a los consistorios de la comarca a aplicar una subida en las tasas de basuras radica fundamentalmente en un nuevo impuesto. El tributo de nueva implantación obliga a los Consorcios comarcales a gravar a aquellos municipios que presenten mayores tasas de residuos impropios, es decir, a aquellos que lleven más basura que, pudiendo haber sido reciclada, haya acabado en el contenedor de 'resto'. El objetivo de esta tasa, pues, es precisamente fomentar que el usuario recicle.

Según cálculos del exedil de Residuos Urbanos, Dámaso Aparicio (PP), facilitados a LA VERDAD cuando ejercía como concejal en la oposición durante el pasado mandato, con un porcentaje de impropios cercano al 40% en Orihuela, la 'fiesta' podría incrementar el presupuesto de la Concejalía de Residuos Urbanos en unos 600.000 euros anuales, 50.000 mensuales.

La cuantía de la tasa de basuras, por su parte, lleva estancada desde al menos 2003, siendo alcalde el popular José Manuel Medina. Las cifras del impuesto por recogida domiciliaria de basuras no han cambiado, según reflejó el pasado octubre el Ayuntamiento en su tablón de anuncios, cuando volvió a publicar la vigente ordenanza. En este sentido, en clave interna, el gobierno reconoce que las cifras están desactualizadas y que ni mucho menos dan para cubrir el servicio. Menos todavía con las mejoras que actualmente se plantea implantar con los ecoparques o la ampliación de flota y maquinaria, que se ha costeado con 2,5 millones de los remanentes de tesorería, pero que se pretende continuar con más inversiones en el futuro. El famoso «plan de choque» de limpieza, además, fue precisamente uno de las principales banderas del alcalde en la pasada campaña electoral.

Este próximo año, por otra parte, se presenta como un curso clave en el servicio de basuras, que va a pasar a gestionar la empresa municipal Surpal. El equipo de gobierno PP-Vox, en este sentido, va a encargar un estudio externo que dirimirá si el servicio municipalizado en 2012 debe seguir siendo de gestión íntegramente pública o si, por el contrario, debe dar cabida a la inversión privada mediante la entrada de un socio capitalista que genere al Ayuntamiento una mayor capacidad de inversión y redunde en una mejora de las prestaciones.

Vegara reconoció que, mientras esta subida fiscal no se concrete del todo, esto, en otro orden de cosas, «dificulta de alguna manera el diseño de los presupuestos». Aun así, aseguró que las cuentas «están prácticamente terminadas, que en muy pocos días tendréis noticia y que se aprobarán en el primer pleno dentro del plazo», es decir, antes de que acabe el año.

Las actuales cuentas vienen prorrogadas desde 2018 por falta de acuerdo, primero entre PP y Ciudadanos durante el gobierno de Emilio Bascuñana, y después entre PSOE y Ciudadanos, con Carolina Gracia al frente. El alcalde no se aventuró a dar motivos de por qué sus antecesores no han podido poner el presupuesto en funcionamiento en tiempo y forma, pero sí se escudó en que el presupuesto de Orihuela es «complejo» y volvió a insistir en que «en los próximos días» tendrá buenas noticias.

El anterior ejecutivo contrató a una empresa externa para confeccionar las nuevas cuentas. Se invirtieron unos 6.000 euros y finalmente las cuentas no salieron. Ahora Pepe Vegara, como su antecesora, ha retenido la competencias del área, ahora llamada de Régimen Económico. Fuentes internas del equipo de gobierno, reconocen que han prescindido de la ayuda externa y que, al contrario que sus antecesores, han optado por destinar el trabajo de al menos dos de sus asesores a que, de forma conjunta con el propio Vegara, elaboren esas ansiadas cuentas. En las últimas semanas, abundan los mismos medios, han sido frecuentes los cónclaves para rematar detalles.

Por su parte, el concejal de la Costa y líder de Vox, Manuel Mestre, ya afirmó en una tertulia radiofónica que la parte que le toca en las cuentas está ya más que confeccionada. No es descabellado suponer que, en esto de las coaliciones, cada socio trate de arrimar el ascua a su sardina o, en este caso, el dinero a sus concejalías. Además, Mestre ya dijo asimismo que tiene un ambicioso plan de 50 millones en cuatro años para la costa, cuyos extremos son todavía desconocidos.

El alcalde, este miércoles, no refirió de momento nada sobre subir el IBI, aunque la tentación está ahí. No son pocos los municipios vecinos gobernados también por el PP que han decidido subir el principal impuesto y primera fuente de ingresos de los ayuntamientos. Así ha sucedido, por ejemplo, en Pilar de la Horadada o Redován.

La subida de impuestos se presenta, además, como un asunto siempre delicado, pero en especial en Orihuela más por la idiosincrasia del municipio, cuya extensión dificulta una buena y eficiente prestación de los servicios. En este sentido, subir la tasa de basuras o el IBI tendría, por ejemplo, una fuerte contestación en la costa, donde la mayoría de vecinos aprecia que los impuestos que pagan al Consistorio no se ven luego reflejados en la recogida de basuras o en el mantenimiento de viales y zonas verdes.

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