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Las universidades públicas de la Región, la de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT), llevan tiempo lamentándose de la «insuficiente» financiación pública ... que reciben, especialmente desde que los recortes sufridos hace una década la redujeran un 20%. El nuevo proyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), presentado ayer por el ministro Joan Subirats, fija que se destinará a las universidades como mínimo el 1% del Producto Interior Bruto (PIB), una premisa que agrada de partida a los rectores, pero que a la vez no terminan de ver asegurada, ya que su financiación procede en más de un 75% de las partidas del Gobierno regional. «Para lograr garantías es necesario un acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas, ya que el Estado no tiene competencias para ello; es una medida que pasa por la búsqueda de un gran consenso», dijo ayer el rector de la UMU, José Luján. Una apreciación que comparte la rectora de la UPCT, Beatriz Miguel: «Quién pondrá el dinero que hace falta para lograr el objetivo. La intención es positiva, pero se necesita una mayor concreción».
Tampoco el Gobierno regional dio ayer argumentos para creer que el presupuesto de las dos universidades aumentará en cumplimiento de la ley. «Este apoyo a las universidades debe ir ligado de una financiación justa que facilite poder incrementar el presupuesto. Cosa que actualmente la Región no dispone», dejaron ayer claro desde la Consejería de Universidades.
Eva Garcés. Presidenta del Consejo de Estudiantes «No se trata de que decidamos el examen, pero sí de que demos nuestra opinión sobre su peso y las guías docentes»
José Luján. Rector de la UMU «Es necesario un acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas; son medidas que pasan por la búsqueda de un gran consenso»
Beatriz Miguel. Rectora de la UPCT ¿de dónde saldrá el dineropara lograrlo?»
Ana Aldaz. Plataforma de Asociados UMU «Nuestras condiciones laborales no son buenas, pero aun así muchos prefieren mantener sus contratos que perder horas de clase»
En la actualidad, la financiación pública que reciben la UMU y la UPCT solo alcanza el 0,7% del PIB, y las diferencias regionales son destacadas. En cualquier caso, las dos universidades públicas entienden que el incremento de fondos daría respuesta a todas sus demandas para «atender a su vez las de la sociedad».
El establecimiento de una cuota mínima de financiación es una de las medidas estrella de la nueva ley de universidades, la norma que sustituirá a la LOU de 2001 y que debe adaptar la educación superior española a los retos del siglo XXI. Tras 140 días de encuentros con responsables de la comunidad universitaria de todos los campus, Joan Subirats ha terminado los 87 folios que elevará al Consejo de Ministros.
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La futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), para bien o para mal, ya no es la 'ley Castells' sino la 'ley Subirats'. Ha respetado partes del borrador de su predecesor, ha introducido novedades, pero también ha suprimido bastantes aspectos, los que generaban más roces con rectores y nacionalistas. Ha limitado la regulación a lo básico. Deja los detalles para los reales decretos y órdenes que la desarrollen, pero también ha optado por poner en manos de cada autonomía y universidad la regulación de aspectos tan relevantes como las características concretas y el tamaño de los principales órganos de gobierno y representación o del perfil que deben cumplir los candidatos a rector y su elección. Estas son algunas de las cuestiones y novedades que recoge el proyecto de ley:
Las universidades van a jugar un papel central en la actualización de conocimientos profesionales a lo largo de la vida. Ahora solo un 6% de los estudiantes tienen más de 30 años. Ofertarán 'microgrados' de reciclaje, flexibles, de corta duración (semanas o pocos meses), pero con validez académica. Para titulados, pero también para profesionales que acrediten que tienen el nivel suficiente para recibirlos. Los titulados tendrán preferencia para cursarlos en su antigua universidad.
El candidato a rector no tendrá por que ser catedrático. Se abre esta puerta a los profesores titulares. Solo se les piden méritos de investigación y docencia (¿cuántos?: lo decidirá cada campus) y experiencia en un cargo de gestión académico. Su mandato pasa de 4 a 6 años, pero no habrá reelección. Iguales condiciones de mandato rigen para decanos o jefes de departamento.
La nueva ley deja la fijación del tamaño y los sistemas de elección de los principales órganos de gobernanza (Claustro, Consejo de Gobierno y Consejo Social) a universidades y autonomías, salvo que el 25% del Claustro serán alumnos y el 51% profesores, y que en el Consejo de Gobierno habrá un 10% de estudiantes y otro tanto de personal técnico.
Los profesores ayudantes doctores recibirán en su primer año de acceso a la docencia universitaria un curso pedagógico para aprender a dar clase, una medida que UMU y UPCT valoran de forma muy positiva.
Los estudiantes extranjeros que vengan a cursar grados o máster tendrán visado para la duración completa de los estudios e, incluso, para hacer prácticas dos años después. Otra novedad son los contratos de «profesores distinguidos». Un instrumento que permite el fichaje temporal de científicos de renombre mundial a las universidades.
La ley busca acelerar la renovación de los puestos fijos de profesor (el 53% se jubila en 8 años) con un diseño de carrera que permitirá pasar de un contrato predoctoral a profesor titular o permanente en diez años (con seis de ayudante doctor).
La ley quiere acabar con el amiguismo y la endogamia. El 70% de los profesores trabajan en el campus en que se doctoraron. En las comisiones que adjudiquen plazas y concursos deberá haber una mayoría de profesores de otros campus elegidos por sorteo.
Las mujeres son el 55% de tituladas, pero solo el 41% de las profesoras y el 25% de las catedráticas. Se quiere romper este techo de cristal con medidas como reservar un porcentaje de plazas en algunos concursos o que tengan preferencia a igualdad de condiciones sobre los hombres en áreas masculinizadas. También habrá paridad en órganos colegiados, equipos de investigación y comisiones de selección de todas las universidades españolas.
El ministro ha logrado congraciarse con los estudiantes dándoles más voz en el proceso de creación de los planes y guías docentes y reconociendo su derecho a huelga, aunque, por contra, la ley no incrementa su porcentaje de participación en los claustros. Por primera vez se considerará «vinculante» la participación del alumnado «en el proceso de creación de los planes de estudio y las guías docentes, así como en su proceso de implementación», según queda establecido en el artículo 6 de la LOSU. Eso significa que podrán decidir sobre el temario y sobre cuestiones relacionadas con los exámenes, como su porcentaje en las calificaciones, pero no mucho más allá. Según aclaró ayer el ministro, «que la decisión de los alumnos sea vinculante no significa que decidan qué examen va a ponerse, esto va a ser negociado, hablado y discutido con ellos».
Los estudiantes murcianos se mostraron ayer satisfechos por ese mayor peso de decisión, que entienden desde la misma óptica que el ministro. «Es importante que se coordinen las prácticas, que podamos dar nuestra opinión sobre el porcentaje en la nota del examen final», ejemplificó ayer la presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (Ceum), Eva Garcés de los Fayos. Así, los alumnos también han logrado estar presentes en las comisiones encargadas de elaborar los planes de estudio y guías docentes.
La futura ley realiza un «despliegue significativo de derechos de los estudiantes». El proyecto recoge hasta 17 relacionados con la formación académica, entre los que se encuentran: conocer los planes docentes de las asignaturas en las que prevea matricularse y ser informado de la lengua de impartición de cada materia; ser informado con la debida antelación de las modalidades, presencial, virtual o híbrida, de la docencia y la evaluación; y acceso prioritario a los cursos de actualización de estudios y formación a lo largo de la vida que su campus de origen realice.
Los alumnos universitarios lograrán con la nueva norma ver reconocido su derecho a la huelga, que llevan años reclamando. Hasta ahora tienen reconocido el derecho a paro académico, ya que se entendía que al no ser trabajadores no se les descontaba el salario. Con el derecho a la huelga reconocido, los alumnos ya no estarán obligados a realizar exámenes o presentar trabajos en días de huelga. La ley reconoce a los alumnos el derecho a «la orientación psicopedagógica y al cuidado de la salud mental y emocional».
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