El Supremo exculpa a Barreiro por la 'Púnica' y le echa una mano a Sánchez

El horizonte judicial se presenta ya soleado y claro para la senadora y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y parece que, de paso, llueve un poco menos sobre la figura de quien fue presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez. Y es que el auto de sobreseimiento provisional dictado ayer sobre el 'caso Púnica' por Ana María Ferrer, magistrada del Tribunal Supremo, puede tener consecuencias bastante más amplias que la mera exculpación de la antigua primera edil cartagenera, que ya se daba casi por supuesta después de varios informes de la Fiscalía instando a dar carpetazo a la investigación.

A nadie relacionado con las diligencias del 'caso Púnica' se le hurtaba ayer que el archivo de los cargos contra Pilar Barreiro tendrá muy previsiblemente importantes -y nefastas- consecuencias para una parte del procedimiento que se ha venido instruyendo por parte de la Audiencia Nacional y que, muy recientemente, ha encaminado hacia el banquillo a una veintena de presuntos integrantes de la llamada 'rama murciana'. Entre ellos, al ya mencionado Pedro Antonio Sánchez y a quien fue compañero suyo en el Consejo de Gobierno, el exconsejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz.

Mientras que para este último y para todos sus antiguos colaboradores ahora encausados no parece que la resolución del Supremo vaya a tener efecto alguno, bien diferente es lo que se refiere al expresidente murciano Sánchez. Pues, no en vano, en el 'caso Púnica' su suerte y la de Pilar Barreiro van estrechamente unidas. Y el máximo órgano jurisdiccional en España acaba de asegurar que no hay pruebas que indiquen que quien era alcaldesa de Cartagena y el entonces consejero de Educación se concertaron, en el año 2014, para sufragar con dinero público sendas campañas de lavado de su reputación personal. En concreto, con fondos de una partida dedicada a «formación» que se gestionaba presuntamente desde el departamento de Sánchez.

Aunque el auto notificado ayer por el Supremo insiste en que el archivo de las diligencias no tiene por qué vincular al resto de las supuestas tramas investigadas en la 'Púnica', distintas fuentes jurídicas consultadas por 'La Verdad' coinciden en que resultaría «ingenuo» pensar que las defensas de Sánchez, de su asesor David Conesa y de los antiguos colaboradores de Pilar Barreiro -como Francisco Ferreño y Mar Conesa- no van a enarbolar esta resolución para intentar que su 'efecto de demolición' arrastre también las acusaciones contra estos imputados.

Sobre todo teniendo en cuenta que el argumentario de la magistrada Ferrer para exculpar a la hoy senadora del Grupo Mixto -se apartó del Grupo Popular por esta imputación- entra profusamente a analizar la conducta desplegada por quienes fueron sus estrechos colaboradores, como Francisco Ferreño y Mar Conesa, y a valorar si existió un acuerdo con Pedro Antonio Sánchez para malversar fondos públicos para sus respectivas campañas de blanqueo de su reputación.

Y la conclusión a la que llega la instructora del Alto Tribunal, tras desacreditar las conclusiones alcanzadas por los agentes de la UCO tras meses de investigaciones, es que «la precariedad de los indicios acumulados contra la investigada Pilar Barreiro, sobre el concierto por su parte para desarrollar una trama defraudatoria a través de la contratación pública», impide mantener las sospechas de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación de caudales y cohecho, delitos todos ellos por los que venía estando imputada.

Y, más todavía, acaba calificando de «débil, equívoco y ambivalente» el material probatorio existente contra Barreiro, y afirma que este «carece de toda aptitud para generar un mínimo de certeza que justifique la prosecución de esta instrucción».

Sobre el presunto pacto alcanzado entre Barreiro y Sánchez asegura que, aunque fue la entonces alcaldesa la que presentó a su compañero de partido a los presuntos líderes de la 'trama Púnica' José Antonio Alonso y Alejandro de Pedro, «no existen datos incriminatorios que pudieran revelar que la investigada participó en un plan criminal para que el gasto personal de los trabajos de reputación ya referidos, a elaborar por la firma Eico, fuera asumido por la Consejería de Educación, a través de la adjudicación de un contrato de cobertura con el objeto simulado de 'formación'». Un párrafo que habrá sabido a mieles a la defensa de Sánchez y que va a ser difícil que un tribunal pueda obviar, viniendo como viene del Supremo.

Igual de bien le habrá sabido a las defensas de Francisco Ferreño y Mar Conesa, para quienes el fiscal había pedido recientemente sendas penas de doce años de prisión y que ahora reciben una bocanada de oxígeno con este auto del Supremo. No en vano, la instructora viene a descartar en su resolución que desde el Ayuntamiento de Cartagena se hubieran abonado trabajos de imagen para Pilar Barreiro, camuflándolos falsamente como publicidad, y apunta a que los anuncios de las fiestas de Cartagena realmente se difundieron.

Más todavía, señala que los trabajos de mejora de imagen que iban a realizarse en favor de Barreiro serían sufragados por el Partido Popular de Cartagena, y no con fondos públicos de la Consejería de Educación.

Un día antes de que el Tribunal Supremo emitiera este auto de sobreseimiento provisional, la defensa de la exalcaldesa popular, integrada por los letrados José Pardo Geijo y Raúl Pardo-Geijo Ruiz, había presentado un nuevo escrito insistiendo en que solo cabía el archivo libre de las diligencias. En este documento destacaban el contenido de algunos correos electrónicos, que vendrían a avalar que la publicidad pagada desde el Consistorio cartagenero realmente existió. Como el enviado el 26 de agosto de 2014 por una empleada de Alejandro de Pedro a Mar Conesa, asesora de Barreiro, en el que se podía leer: «Como ya se acerca septiembre, quería saber si vais a pasarnos diferentes creatividades para la publicidad en los diarios de Madiva o mantenemos la del Tesoro de las Mercedes».

El auto con el sobreseimiento de los cargos contra Pilar Barreiro puede todavía ser recurrido en el plazo de cinco días hábiles, para que resuelva la Sala de Recursos del Tribunal Supremo.