El Servicio de Mediación Hipotecaria ya frena nueve desahucios cada mes

El Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda de la Comunidad Autónoma (SOMH), dependiente de la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Fomento e Infraestrutcuras, ha atendido desde su creación, en el año 2013, a unas 1.700 familias en riesgo de desahucio en la Región. El objetivo de este organismo es ofrecer un asesoramiento económico, financiero y jurídico que permita a las familias alcanzar una solución con las entidades acreedoras y con arrendadores.

Se trata de un servicio regional que ofrece de forma gratuita la Consejería de Fomento e Infraestructuras que orienta, asesora, media y acompaña a las personas que tienen un conflicto relacionado con su vivienda para encontrar una solución extrajudicial al mismo.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, mantuvo ayer un encuentro de trabajo con una treintena de representantes de organismos colaboradores del servicio y entidades financieras, para hacer balance de un servicio que, según recordó, «fue pionero en toda España, junto con Cataluña y País Vasco».

Durante los seis años de vida del servicio se han ido aumentando paulatinamente las asistencias a familias de la Región de Murcia. Actualmente son alrededor de 300 las solicitudes de información que se tramitan en este organismo gracias a la «inestimable» labor de las entidades colaboradoras, entre las que se encuentran los colegios oficiales de Economistas, Abogados, Procuradores, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y Trabajadores Sociales, la Federación de Municipios y el Tribunal Superior de Justicia. Solo en lo que va de año, según destacó ayer Valverde, se han paralizado un total de 53 desahucios en la Región gracias a la labor desarrollada por esta oficina. A casi nueve cada mes.

«Complementamos la labor del Servicio de Orientación y Mediación Familiar con el trabajo de organizaciones no gubernamentales como Cáritas, Columbares y Jesús Abandonado que, gracias a un convenio de colaboración, prestan ayuda a personas que tienen dificultades para abonar las cantidades del alquiler de sus viviendas», señaló el consejero. Este servicio ha ampliado su «radio de acción» a los empleados públicos de los 45 municipios, a los que durante el pasado año se les ha ofrecido formación específica para abordar estas situaciones. El consejero destacó que, gracias a este trabajo de difusión municipal, el servicio ha ido aumentando el número de atenciones de forma exponencial en los últimos años, hasta duplicar el número de beneficiarios en el último año.

Según subrayó Valverde en una rueda de prensa previa a la reunión con las entidades colaboradoras, gracias al avance de la normativa que se ha producido en España en los últimos años y la asistencia que presta este servicio regional, se ha producido un descenso de casi el 50% de las ejecuciones hipotecarias de la primera residencia en la Región de Murcia, lo que supone el doble de la caída registrada en el conjunto nacional, según los datos del primer trimestre del año recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El consejero considera «imprescindible» que la Región de Murcia siga en esa senda de descenso en el número de los desahucios, por lo que se hace necesario «intensificar las acciones de difusión a través de jornadas de formación con los once partidos judiciales de la Región de Murcia, así como reforzar la coordinación con las entidades locales», con el fin de agilizar la realización de los informes de los servicios sociales que establece la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.

También solicita la implicación de las entidades financieras para la activación del Fondo Social de Vivienda, que es imprescindible para implementar el programa de subvenciones específicas para personas con sentencia de desahucio. Estas ayudas pueden alcanzar hasta los 400 euros durante un máximo de tres años.

Asimismo, Valverde señaló ayer que el desahucio inminente que amenazaba a una decena de familias de San Pedro del Pinatar, según publicó este periódico el lunes, «se ha paralizado» y ahora contarán con una moratoria de entre 12 y 14 meses para solucionar la situación.