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Las malas decisiones del pasado siempre tienen consecuencias en el presente. Una reflexión parecida es la que pronunció este miércoles el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, momentos antes de iniciar una nueva reunión de la Comisión Permanente de la Sequía que, por tercera vez, aprobó elevar las restricciones a los regantes que dependen de los recursos propios de la cuenca. "No debemos cometer los errores que se cometieron en octubre del año pasado, cuando esta casa preveía una situación complicada y llevó una propuesta de restricciones a la Junta de Gobierno de la CHS, y en aquel momento fue rechazada". Esa decisión supuso el primer 'no' a comenzar con los recortes a los regantes y, ahora, los regadíos tradicionales iniciarán el año hidrológico 2024/25 con una disminución de sus dotaciones del 40%, mientras que los no tradicionales tendrán un 57% menos de agua.
Esta decisión se toma en paralelo a otra que se adoptó la semana pasada, cuando se aprobó un desembalse de 210 hectómetros cúbicos para los próximos doce meses destinado al regadío, lo que supone un 40% menos de lo habitual (347 hm3). «El volumen a desembalsar es muy bajo», señaló Urrea, quien cuantificó en 50 hm3 los recursos del regadío guardados en los pantanos ahora mismo: «Muy próximo a lo que venimos denominando 'embalse muerto' (40 hm3)».
Las últimas lluvias han permitido que no se haya gastado más agua desde las presas en los últimos días, pero no han sido suficientes. El presidente de la Confederación estima que para retomar la normalidad hidrológica sería necesario acumular en la cabecera del Segura hasta 100 hectómetros, volumen similar al que se ganó en la primavera del 2022. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología estima un próximo año muy seco en el sureste español.
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Los regantes asumen esta situación y quedan a la espera de que los pozos de sequía sirvan como complemento a la poca agua que van a tener de los pantanos. Las baterías de sondeos de las vegas Media y Baja del Segura están a la espera de ver publicado en el Boletín Oficial del Estado su declaración de impacto ambiental favorable. «En el momento que esto se produzca, estaremos en condiciones de comenzar la explotación de esos pozos que ya estamos revisando y poniendo en condiciones», explicó Urrea, que estima que estas explotaciones extraordinarias dotarían al regadío más huertano de Murcia y Alicante de unos 48 hm3 al año (solo en la Región se podrían activar 34 bombeos). El Sinclinal de Calasparra ya ha aportado en torno a un hectómetro a través de seis sondeos.
La CHS avisó a los regantes de que no llevaran a cabo las plantaciones de cara a la campaña de invierno, y Urrea puso cifras a este asunto: «Nuestra obligación es decirles el agua que tienen, y con el agua que hay no se va a poder atender el 100%, y yo diría que ni siquiera el 50%. Ellos argumentan que lo tienen que hacer, pero cuando se acabe el cupo en la zona, la toma de agua se precintará».
La consejera de Agricultura del Gobierno regional, Sara Rubira, acompañada por el director general del Agua, José Sandoval, acudió a la Comisión de la Sequía, donde reclamó «más planificación» hidrológica ante una situación «que siempre pagan los agricultores y los regantes». Rubira consideró que los pozos de sequía del Sinclinal de Calasparra «han sido mínimas», por lo que pidió «menos improvisación» a la hora de regular el agua destinada al regadío. Volvió a demandar un pacto nacional del agua para «traer agua de donde sobra a donde falta».
La titular de Agricultura avanzó antes de la reunión su apoyo a regañadientes a las nuevas restricciones: «Si tuviera la cuenca las aportaciones que debe de tener, por ejemplo del Trasvase Tajo-Segura, a lo mejor no tendríamos hoy que votar a favor». El Ejecutivo regional fue uno de los que votó en contra de aplicar restricciones hace casi un año, junto a los gobiernos de Andalucía y Comunidad Valenciana, y los regantes de las vegas del Segura y del Trasvase.
Los agricultores del Segura desecharon prácticamente la idea de pedir prestado un volumen mínimo de agua a los regantes del Trasvase del Tajo, ya que estos, representados por el Sindicato Central de Regantes (Scrats), no se mostraron muy a favor de la propuesta. Esto se debe, según comentó Urrea, a que «se les trasladó la dificultad» de transferir estos recursos, aunque la Confederación «podría entrar a regular esos derechos», porque la incertidumbre pesa sobre la cabecera del Tajo de cara al próximo año y no se sabe en qué situación podrían llegar las reservas de los embalses de Entrepeñas y Buendía a 2025. De momento, las previsiones son buenas y auguran un trasvase automático lo que queda de 2024.
Diego Frutos, presidente de la Junta de Hacendados, había propuesto en la reunión que se mantuvieran las restricciones anteriores, al menos hasta diciembre. «Va a haber mucha dificultad para regar y plantar. Tendremos que ver cómo repercuten los nuevos recortes en el caudal de las acequias. Habrá que ver en orden interno lo que podemos hacer nosotros», señaló a este periódico, «la verdad es que con esta situación no se va a poder garantizar el riego». Frutos demandó a la Confederación que «a la mayor brevedad posible» se pongan en marcha esos 34 pozos de sequía ubicados entre Alcantarilla, Murcia, Beniel y Santomera.
La Confederación Hidrográfica del Segura ha detectado en los últimos mes hasta tres incumplimientos en tres tomas de agua pertenecientes a comunidades de regantes que dependen de los recursos propios de la cuenca. Esto ha conllevado, por el momento, la apertura de dos expedientes sancionadores por sobrepasar el límite permitido en las dotaciones semanales y mensuales que tienen dichas tomas. Para el tercer caso, Mario Urrea, presidente del organismo de cuenca, afirmó que se están llevando a cabo «actuaciones previas» para comenzar con la sanción «en una semana». Cuando se detecta el incumplimiento, se comunica a los titulares de la toma que se ha detectado el exceso de consumo y se da un plazo para presentar alegaciones. En caso de no admitirlas, la Comisaría de Aguas procede a cuantificar la cantidad de agua extraída de más y se les aplica una sanción de 0,8 euros por metro cúbico.
La Comisión de la Sequía se reunirá a partir de ahora cada mes, mientras la situación hidrológica en la cuenca continúe crítica. Los acuerdos que se alcancen, como el de este miércoles, se podrán revisar cada tres meses. Por el momento, el tramo principal de la cuenca y sus márgenes derecha e izquierda seguirán bajo la declaración de situación excepcional por sequía extraordinaria. Las precipitaciones registradas en la cuenca "han sido insuficientes para poder compatibilizar los usos socioeconómicos y ecológicos del río sin necesidad de ampliar las restricciones al regadío". Las lluvias han sido de 231,6 litros por metro cuadrado en lo que llevamos de año hidrológico, por debajo de la media de los 390 l/m2 de la serie histórica de la cuenca para el mismo periodo.
El próximo desembalse tendrá como objetivo el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos para las masas de agua superficiales hasta el Azud de San Antonio (Guardamar) y la atención de las demandas ambientales vinculadas a estas aguas.
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