Valcárcel defiende que pagar 22 millones al año por la desaladora es una cuantía «insignificante»

«En peores plazas hemos toreado». Con esta frase y una media sonrisa con la que quizás pretendía aparentar confianza y hasta suficiencia, el expresidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel se despidió este viernes a mediodía de la veintena de periodistas, reporteros gráficos y cámaras de televisión que, a lo largo de más de tres horas, habían aguardado a que terminara de prestar declaración como investigado en el 'caso La Sal II'. Unas diligencias sobre una supuesta trama de corrupción en torno a la construcción y explotación de la desaladora de Escombreras, en las que la Fiscalía aprecia indicios de la comisión de presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones por parte de quien durante más de dos décadas fue el santo y seña del PP en la Región.

Lo cierto es que, sin tratar de entrar a contradecir la categoría de las plazas en las que pueda haber llegado a lidiar el exjefe del Ejecutivo regional, nada apoya la idea de que su paso por el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia le fuera tan relajado y sencillo como completar el paseíllo en un coso cualquiera. Y es que la fiscal María Isabel Neira no es precisamente alguien a quien se le pueda estar dando capotazos graciosa e impunemente. Rigurosa, concienzuda y trabajadora casi hasta la obsesión, y con una bien ganada fama de «perro de presa» en las muchas investigaciones sobre tráfico de drogas, organizaciones criminales y blanqueo de capitales que ha venido impulsando desde hace largos años, completó este viernes un interrogatorio sobre Ramón Luis Valcárcel exhaustivo y muy técnico, en el que le dejó pocas salidas salvo la de alegar ignorancia en los detalles de la tramitación del proyecto, según señalaron a LA VERDAD fuentes contrastadas muy próximas a esta investigación.

El antiguo alto dirigente popular, cuyo último cargo público fue el de vicepresidente del Parlamento Europeo, ya ofreció una pista sobre cuál iba a ser su línea de defensa cuando, al llegar a las puertas de la Ciudad de la Justicia, respondió a una pregunta de los periodistas con la afirmación de que «yo era el máximo responsable de la Comunidad; de la Comunidad sí, pero ya está, porque si no sería el responsable de tantas cuantas cosas puedan ocurrir, al margen de lo que es la coordinación del Consejo de Gobierno».

En torno a ese argumento transcurrió buena parte de su declaración, en la que -siempre según las fuentes reseñadas- vino a sostener en resumen que su labor consistió en marcar los objetivos políticos prioritarios y que los detalles de la tramitación se los dejaba a sus subordinados. «Yo no autoricé la tramitación de la desaladora, yo simplemente dije: 'Hágase una desaladora'. Y no yo, el Consejo de Gobierno, porque esto era un proyecto del Gobierno, porque era necesario hacerlo. Y de hecho verá que hoy está rindiendo al cien por cien de su capacidad», indicó igualmente a los periodistas antes de comparecer ante la magistrada Ana Isabel Navarro Prieto.

También fue significativo que insistiera, todavía en la calle, en que «yo no tengo nada que ver con la tramitación de la desaladora. Yo no soy experto en Derecho Mercantil, no soy economista, no soy ingeniero...». Y es que, después con meses de margen para preparar su declaración, sabía perfectamente qué responder a cada cuestión que se le pudiera plantear, y los argumentos lo mismo le servían ante la prensa que ante la juez y la fiscal.

De hecho, no tardó mucho tiempo, ya acomodado en la sala de vistas, en repetir una frase prácticamente idéntica. Pues afirmó que tenía que haber sido la Comisión de Secretarios que asesora al Consejo de Gobierno la que hubiera advertido de posibles ilegalidades o irregularidades en la tramitación del proyecto. Y añadió: «Yo no soy arquitecto de sociedades o empresas, ni profesor o especialista en Derecho Mercantil. Yo de eso no sé nada».

Tampoco se demoró demasiado para empezar a desviar las posibles responsabilidades hacia otros derroteros. Así, sobre quien fue su consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, recordó que era quien presidía el Ente Público del Agua (EPA) y lo apuntó como posible impulsor del proyecto de la desaladora. También negó las declaraciones de algunos investigados en el 'caso La Sal', quienes en su día manifestaron que Cerdá les reunió y les hizo saber que la iniciativa sobre esta planta desalobradora era un empeño personal de Valcárcel y, por ello, que todas las partes con responsabilidades en esa materia debían actuar al unísono para garantizar su éxito.

También mencionó en varias ocasiones a sus sucesores en el cargo, Pedro Antonio Sánchez, Alberto Garre y Fernando López Miras, para justificar que el asunto de la desaladora no estaría tan mal hecho «cuando todos lo han asumido, no han protestado y siguen pagando», vino a decir, según las fuentes reseñadas. En este sentido, en lo referente al coste de 600 millones que se fijó por la explotación de la planta durante 25 años, y que hace que la Comunidad esté abonando actualmente 70.000 euros diarios -esto es, 22 millones anuales por ese concepto-, afirmó que se trata de una cantidad «insignificante» para un presupuesto como el de la Comunidad Autónoma.

Tampoco dejó de señalar a la Intervención de la Administración regional -vino a decir que no tenía buen concepto de ese órgano de control de la legalidad-, y quiso salvar por su buen hacer a los Servicios Jurídicos. Esta última consideración no impidió, sin embargo, que rechazara responder a las preguntas del letrado de la Comunidad, que está personada como acusación particular en calidad de posible perjudicada, como tampoco -era algo evidente- aceptó preguntas del letrado de la acusación popular, Diego de Ramón.

Por último, respecto a la modificación de la Ley del EPA, que permitía la adquisición de una planta desaladora, aseguró que se trató de una propuesta del Grupo Popular en la Asamblea Regional y no del Consejo de Gobierno.

Ante los reiterados intentos del expresidente murciano de convencer a los presentes de que en ningún momento estuvo al tanto de los detalles de la operación, la fiscal Neira le preguntó expresamente por la convocatoria del 9 de julio de 2008, en la que los responsables del EPA fijaron una reunión con la advertencia expresa de que estaría presidida por el «Exmo. Sr. Don Ramón Luis Valcárcel Siso». Pues bien, en este caso se limitó a asegurar que no acudió a la cita, en apariencia sin ofrecer más detalles. Y cuando se le mostraron otras convocatorias, en las que se referían a que acudiría «el presidente», indicó que quizás se referían «a otro presidente, como el del EPA o el de otro organismo».

En un momento dado, según las fuentes contrastadas consultadas por este periódico, llegó a presentarse como una víctima más de toda esa situación, y aseguró que las alarmas no saltaron para él hasta el año 2013, cuando mantuvo una reunión con el entonces consejero de Hacienda, Juan Bernal, y este le hizo saber de la existencia de una cláusula leonina o abusiva, asumida por la Administración regional, que se denominaba 'take or pay' y que obligaba a pagar los 600 millones en 25 años aunque la planta no produjera agua desalada.

Fue entonces, indicó, cuando viajaron a Madrid para verse con Florentino Pérez y tratar de negociar la compra de la desalinizadora, que había costado en torno a 111 millones de euros. Florentino Pérez habría estado dispuesto a aceptar en torno a 140 o 150 millones, aunque finalmente la operación no se cerró.

Después de tres horas largas de interrogatorio, el expresidente regional abandonó las dependencias de la Ciudad de la Justicia con aspecto cansado y con una sonrisa que solo él sabe cuánto tenía de forzada y cuánto de sincera. Pidió una botella de agua como el matador que reclama el botijo, afirmó que había respondido a todo de manera exhaustiva y que confiaba en haber demostrado su inocencia, y antes de subir a un Audi dejó la taurina frase en el aire. «En peores plazas he toreado». Y seguro que hasta es verdad.