«Señor Valcárcel, diga si es cierto...»

Curtido durante dos décadas en las trincheras de la primera línea de la política, en batallas y escaramuzas de todo tipo con las fuerzas de la oposición, hecho a afrontar con empaque, serenidad y hasta un punto de soberbia las cuchilladas de sus adversarios, el expresidente del Gobierno murciano y exvicepresidente del Parlamento Europeo, el popular Ramón Luis Valcárcel Siso, se enfrenta este viernes a una situación inédita en su larga trayectoria pública, como es la de comparecer como investigado en unas diligencias penales sobre una presunta trama de corrupción. Y es que, pese a que han sido muchas y muy diversas las investigaciones judiciales impulsadas en las dos últimas décadas sobre aparentes casos de desviación de poder en el seno de la Administración regional, hasta ahora ninguna de ellas había logrado superar el 'tablacho' de los consejeros de su gobierno.

La situación ha cambiado drásticamente con el llamado 'caso La Sal II', que se centra exclusivamente en tratar de determinar las supuestas responsabilidades penales en las que Valcárcel podría haber incurrido con las decisiones tomadas, a lo largo de prácticamente una década -entre 2005 y 2015-, desde el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Murcia del que era presidente, relativas a todo el proceso de construcción, financiación y explotación de la desaladora de Escombreras.

No será un trance agradable, muy probablemente, por mucho que sea el tiempo -su comparecencia estaba fijada para el 16 de marzo y se suspendió por la entrada en vigor del estado de alarma- del que haya dispuesto para preparar este interrogatorio con sus abogados. El peso del mismo recaerá sobre la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, Ana Isabel Navarro Prieto, y la fiscal María Isabel Neira, que fue quien redactó la denuncia que dio origen a este procedimiento penal y que aprecia indicios de presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones en la actuación del expresidente.

Aunque también estará presente el abogado de la acusación popular, Diego de Ramón, no resulta demasiado aventurado imaginar que Valcárcel se acogerá a su derecho a no responder a las preguntas de quien, desde hace largos años, ejerce como su más implacable perseguidor desde el ámbito de la Justicia.

Teniendo en cuenta el contenido de la denuncia presentada en su día por la Fiscalía Superior de la Región, en la que se recogen los principales indicios existentes en este momento contra el antiguo alto cargo del PP, se puede asegurar que este será interpelado acerca de las motivaciones que llevaron al Consejo de Gobierno a crear el Ente Público del Agua (EPA) y si se trató de una iniciativa personal suya. También le preguntarán si el EPA fue concebido como una vía alternativa de la Comunidad para conseguir caudales de agua, a través de la desalación de agua marina, para destinarlos a los nuevos desarrollos urbanísticos y evitar así el preceptivo y vinculante informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre disponibilidad de recursos hídricos.

Especialmente relevantes serán las cuestiones que se planteen acerca de si desde el Consejo de Gobierno, que él presidía, se diseñó un plan preconcebido para acabar adquiriendo -al margen de la legalidad sobre contratos públicos y de cualquier control de los órganos especializados de la Administración regional- la planta desaladora que impulsaba en Escombreras un puñado de empresarios privados y el grupo ACS. Igualmente será interesante conocer por qué se adoptaron precisamente muchos de esos acuerdos -relativos a la cesión de bienes públicos a las mercantiles que impulsaban la desaladora, otorgamiento de garantías financieras, asunciones íntegras de compromisos preestablecidos y adquisiciones de participaciones en el proyecto- sin que conste informe alguno de la Intervención General y de los Servicios Jurídicos y sin haber pedido un dictamen al Consejo Jurídico de la Región.

Otra de las ineludibles preguntas versará sobre su grado personal de conocimiento de la evolución del proyecto, teniendo en cuenta que en las diligencias existen documentos que demuestran que hubo varias reuniones del Consejo de Administración de la EPA en el palacio de San Esteban, en los que consta la advertencia de que «estará presidida por el Exmo. Sr. Don Ramón Luis Valcárcel Siso». Circunstancia que lleva a aventurar a la fiscal Neira que «conocía todos los pasos que se dieron, su causa y su fin, sin que sea sostenible alegar ignorancia alguna».

La Comunidad acabó asumiendo compromisos de pago de 600 millones de euros por la explotación de la planta desaladora durante 25 años, con fórmulas tan abusivas en apariencia como la denominada 'take or pay', que obligaba a pagar aunque no se produjera una sola gota de agua. Valcárcel dispondrá este viernes de una inmejorable ocasión para explicarlo.