El SMS responsabiliza a Salud Pública de los «errores» en la vacunación

El informe señala al portavoz de la Consejería y subdirector de Salud Pública, Jaime Pérez, como principal responsable de la planificación y gestión de la campaña. «El proceso de vacunación al personal del SMS se ha diseñado siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Salud Pública. Los interlocutores del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) han sido Jaime Pérez Martín y su equipo». El borrador del protocolo a seguir en el SMS fue elaborado «por ambas partes» y validado el 31 de diciembre. «Este protocolo es el que se ha seguido durante toda la campaña, salvo algunas desviaciones», admite la responsable de Prevención.

La primera de estas incidencias fue la falta de una priorización clara del personal de primera línea en los centros sanitarios con respecto al resto de profesionales, como en un principio estaba previsto. «El desarrollo de la campaña ha dado lugar a que en la práctica se hayan producido vacunaciones de personal no prioritario con anterioridad al personal de primera línea en algunas ocasiones. Aunque la diferencia ha sido de días, esto ha producido cierto malestar y conviene explicar las razones», se subraya en el informe. Uno de los motivos de que esto se haya producido es la «voluntariedad» de la vacunación. Es decir, los profesionales se fueron inscribiendo en el portal web habilitado «sin un plazo tasado», lo que hizo que se agendara «en función de las solicitudes y la disponibilidad de vacunas y recursos humanos». No obstante, el informe admite que esta no fue la única causa. «El inicio de la campaña de vacunación al personal del SMS estaba previsto para el 11 de enero, pero el día 5, en una reunión convocada de urgencia por Salud Pública, se solicitó que se adelantara el comienzo al día 8. Posteriormente, el día 7, se solicitó que los días 9 y 10 (sábado y domingo) también se vacunara, a la máxima capacidad posible, que era inicialmente de 1.250 personas por día». La responsable del servicio de Prevención cree que estas indicaciones «vinieron dadas por la evidencia de que estábamos entrando en la tercera ola de contagios y el hecho de que, al ser el ritmo de vacunación de las residencias de mayores más lento, había excedente de vacunas en los almacenes que era conveniente utilizar».

El resultado fue que aunque «se priorizó a los trabajadores de primera línea», en «algunas gerencias se incluyó también a otros trabajadores para llegar al máximo de capacidad de las agendas, ya que teníamos la indicación de vacunar lo más posible y el mensaje de que no había problemas en el suministro de vacunas». Por ello, «pudo haber trabajadores de primera línea que solicitaran la vacuna con posterioridad y que fueran vacunados por detrás de trabajadores con menor riesgo».

«Por otro lado, el mensaje de que había que vacunar todo lo posible había llegado también a las Gerencias, y en muchos casos se solicitó a los equipos vacunadores que se vacunara por encima de lo citado en la agenda». Varios días «se llegó a administrar casi el doble de dosis de las inicialmente previstas». Por ejemplo, el día 12 se administraron 2.200 inyecciones, y el 14, 2.508. «Sobre estas citaciones por encima de la agenda no se pudo establecer un control estricto», admite el informe, «aunque se entiende que se trató de priorizar a los trabajadores de primera línea».

El informe no entra a valorar si entre quienes pudieron vacunarse antes de los trabajadores de primera línea se encuentran los equipos directivos. Esta es una información que Salud sigue sin aclarar pese a las preguntas de los medios.

El servicio de Prevención también detecta incidencias en la vacunación de trabajadores de empresas externas. En el informe, se admite que «dado que era importante vacunar al mayor ritmo posible, en algunos casos se produjo la vacunación de trabajadores de empresas externas antes de disponer» de los criterios sobre «quién se debía vacunar y quién no». Prevención pidió a las Gerencias de área un listado de trabajadores de empresas externas, pero en lugar de nueve listas (una por gerencia), llegaron «del orden de 200». En algunos casos, fueron las propias empresas las que enviaron los listados.

El informe interno defiende que la vacunación del personal de órganos centrales del SMS estaba amparado en el protocolo de este organismo, ya que establecía que «conforme la cantidad de vacunas resulte suficiente, se realizará citación al resto de personal del SMS». Si bien «en los primeros momentos de preparación de la campaña se nos indicó que solo se podría vacunar al personal de primera línea, posteriormente, al saberse que la cantidad de vacuna que llegaría a la Región de Murcia sería mayor, se dijo que podría vacunarse todo el personal». Específicamente se preguntó por los trabajadores de Habitamia «en una de las reuniones que se mantuvo con Salud Pública, y se contestó que se incluían en la campaña».

El informe destaca que en servicios centrales trabaja «personal que realiza tareas administrativas y de gestión, que son esenciales para el desempeño de la actividad en los centros sanitarios», pero también hay «personal asistencial», como los profesionales de la Coordinadora Regional para la Cronicidad Avanzada y la Atención Sociosanitaria (Corecass), que ha llevado todo el peso del apoyo a las residencias de mayores. Asimismo, hay «personal que acude a centros sanitarios, que tienen por tanto un riesgo similar a los trabajadores de centros hospitalarios». La vacunación en Habitamia se inició el 14 de enero. El servicio de Prevención defiende que para ese día ya se habían puesto 11.840 dosis en el resto de áreas, «por lo que se podía entender que el personal de primera línea que había solicitado la vacuna en un primer momento estaba vacunado».

El informe defiende que debía inmunizarse a todo el personal siempre que hubiese dosis disponibles, de acuerdo a la regulación sobre la protección de los trabajadores ante riesgos biológicos.

El SMS insiste en que fue la Consejería de Salud, «como máxima autoridad en materia sanitaria de la Región en el estado de alarma», quien debía dar «las indicaciones precisas para concretar y/o interpretar los protocolos» del Ministerio. La coordinadora del servicio de Prevención apostilla que «en ningún momento se cuestionaron las indicaciones dadas, pues se consideran legítimas y, desde mi punto de vista, acertadas».