Remiten a la Fiscalía General la denuncia de la Comunidad contra la ministra Ribera por el Mar Menor

La Fiscalía Superior de la Región, que encabeza José Luis Díaz Manzanera, ha decidido remitir a la Fiscalía General del Estado la denuncia recientemente presentada por el Gobierno murciano contra la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que acusa de dejación en el control de los vertidos que llegan al Mar Menor a través de la rambla del Albujón. La decisión parece estar motivada por el hecho de que la denunciada sea una integrante del Ejecutivo de la Nación y como tal se encuentre aforada ante el Tribunal Supremo, que es el único órgano jurisdiccional que hipotéticamente podría imputarla y enjuiciarla.

La decisión de remitir esta denuncia al Alto Tribunal está contenida en un informe que ha hecho público esta mañana el Ministerio Público, en el que se ofrece una relación de todas las investigaciones y procedimientos judiciales que actualmente se encuentran abiertos por atentados ambientales contra el Mar Menor. Se trata, en concreto, de una decena de diligencias, entre las que hay cinco de reciente apertura en la propia Fiscalía por denuncias vinculadas a los últimos episodios de degradación ambiental, vertidos contaminantes y mortandades de peces y crustáceos.

Así, la institución que dirige Díaz Manzanera en la Región ha abierto diligencias informativas que no se dirigen contra ninguna persona física o jurídica concreta, ni contra institución alguna, por la denuncia formulada por la Consejería de Medio Ambiente por la aparición de peces muertos en las playas; otra por la denuncia de Ecologistas en Acción contra el Gobierno regional por su intención de abrir la gola de Marchamalo; una más a instancias de Anse contra la Comunidad Autónoma por obstrucción al control de regadíos en la zona de influencia de la albufera y por posibles intereses personales del consejero Antonio Luengo en empresas agrícolas; una cuarta por la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) contra el Ayuntamiento de Cartagena por no controlar los vertidos de aguas residuales al Mar Menor desde la urbanización Bahía Bella, y por último la denuncia ya reseñada contra la ministra Ribera que se ha remitido a Madrid.

Por lo que respecta a las diligencias que ya se están instruyendo en los juzgados de la Región, algunas desde hace cinco años, destacan el llamado 'caso Topillo' por el uso ilegal de decenas de desaladoras por explotaciones agrícolas y el posterior vertido del rechazo a la laguna; otra causa relacionada con vertidos en la zona del Mar de Cristal; una más por las obras ejecutadas por la Comunidad para extender una tubería a través de la Marina del Carmolí, y una última iniciada por denuncia de la Fiscalía por el dragado sin autorización de los canales de Veneziola, a la altura de las Encañizadas.

Por último, el propio Ministerio Público ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno regional por su rechazo a exigir responsabilidades pecuniarias a una serie de grandes empresas agrícolas identificadas por los vertidos contaminantes al Mar Menor y que, conforme al principio ambiental 'quien contamina paga', estarían obligadas a abonar los gastos derivados de las acciones encaminadas a paliar la degradación ambiental.

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