El TSJ rechaza la querella contra Franco y Villegas por el abandono de ancianos en Caser

La Sala de lo Civil del TSJ acordó este miércoles inadmitir la querella interpuesta por familiares de residentes y de fallecidos en el geriátrico Caser, en la pedanía murciana de Santo Ángel, contra el consejero de Salud, Manuel Villegas; la consejera de Política Social, Isabel Franco; el director general de Salud Pública y Adicciones, José Carlos Vicente, y la gerente del IMAS, Raquel Cancela, entre otros cargos. Los querellantes solicitan que se investiguen los presuntos delitos de prevaricación administrativa, omisión del deber de socorro, homicidio imprudente, lesiones y trato degradante.

La Sala, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, se declara competente para resolver sobre la admisibilidad de la querella presentada en atención a la condición de aforados que tienen dos de los querellados, por ser consejeros del Gobierno regional, al tiempo que inadmite a trámite la misma.

La resolución recuerda la exigencia de que cuando se imputan acciones criminales a distintas personas y no todas tienen la condición de aforado, el procedimiento se inicie contra el querellado que no ostenta dicha condición, sin perjuicio de que si el instructor al que corresponda conocer de los hechos estima, «una vez agotada la investigación», que «existen indicios de criminalidad suficientes contra la persona aforada», proceda a remitir a la Sala de aforamiento una exposición motivada. Entienden los magistrados que «existe ya al menos un procedimiento judicial incoado por los mismos hechos e iniciado por los mismos querellantes contra otras personas distintas de aquellas contra las que se dirige esta segunda querella».

Recuerda el auto que, en este caso, la acción penal se ha dirigido en las sucesivas querellas contra nueve personas, de las que solo dos son aforados, y que «la querella evidencia una manifiesta indeterminación de los concretos hechos atribuidos a los querellados aforados, más allá de su posición de responsables últimos de dos consejerías con competencias en materia de salud y política asistencial».

Las familias mostraron este miércoles «decepción», pero «no sorpresa». Por su parte, María José Martínez Pereñíguez, una de las abogadas de las familias, recordó este miércoles que la querella no se archiva en el TSJ «porque no existan indicios de delito, sino porque procesalmente corresponde el conocimiento del asunto al Juzgado de Instrucción número 6», donde ya se ha cursado otra denuncia contra los responsables del centro.

Según la letrada, «si se encuentran indicios de delitos cometidos por funcionarios públicos a lo largo de esa instrucción, se dará traslado al TSJ».