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Ha pasado casi un cuarto de siglo y hasta 28 trabajadores afectados no pudieron verlo, pero los acusados del 'caso Valeo' se vieron obligados ayer a dar explicaciones sobre la supuesta venta fraudulenta de la fábrica en Murcia. Pese a su cargo, José Luis G., exdirector de la empresa en España en el momento de la venta, se desvinculó por completo de la operación y apuntó a los altos cargos franceses -que, por uno u otro motivo, no se sientan en el banquillo- como los cerebros de la misma. «Yo no tenía poder para vender o cerrar una fábrica. Eso venía de arriba», recalcó. «Cualquier cosa que nosotros hiciésemos aquí en España había que avisar a Francia».
Pese a la insistencia del acusado en su falta de intervención en las negociaciones que condujeron al traspaso de la factoría, el representante del Ministerio Público le recordó que estuvo presente en una de las reuniones del Consejo de Administración de Valeo en la que se abordó el asunto. Un extremo que reconoció. José Luis G. insistió, en este punto, en la intención de la empresa de apoyar a la nueva propietaria de la fábrica para que esta pudiese desarrollar su proyecto. «Nos habló del negocio de las grúas y nos pareció que había posibilidad en Murcia», insistió. «Pensamos que podría despegar».
Este doctor en ingeniería industrial incidió, a lo largo de su intervención, en que el sector, en el momento de la venta y el posterior cierre de la fábrica de Valeo en Murcia, atravesaba una crisis que obligó a otras muchas factorías a echar la persiana en todo el país, algo que influyó directamente, según remarcó, en las previsiones de la firma francesa. Al ser preguntado por el fiscal sobre el precio de venta de la fábrica de Murcia -diez millones de pesetas-, el procesado recalcó que este era un precio simbólico. «Seat se vendió por una peseta», incidió rotundo.
José Luis G. aseguró, no obstante, que las instalaciones de la fábrica tenían un valor superior a la cantidad que habría tenido que pagarse a sus empleados en caso de despido. Explicó que, de acuerdo a un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat), la factoría de Valeo en Murcia estaba valorada en casi nueve millones de euros, mientras que la valoración de los derechos de los trabajadores estaba en torno a los 7,2 millones. «Valeo se desentendió porque había aportado un dinero que excedía en mucho el valor», concluyó.
Los magistrados de la Audiencia también escucharon ayer al dirigente de Metalurgia del Sureste: el supuesto testaferro Antonio S. C. Este empresario -como él mismo se definió- sostuvo que, en todo momento, su decisión de comprar la empresa estuvo guiada por la intención de continuar con el negocio. «Era un momento ideal para el negocio de las grúas». Recalcó que, sin embargo, no pudo llevar a cabo sus planes porque se lo impidieron las protestas de los trabajadores. «Yo no pude poner un pie en la fábrica», insistió. «Me agredieron y me amenazaron con armas».
El fiscal le recordó, no obstante, las declaraciones que hizo en prensa el que en ese momento era su mano derecha: el ya fallecido José Luis R. H. Este hombre, que llegó a ser magistrado del Supremo, fue expulsado de la carrera judicial en febrero de 1987 por facilitar la puesta en libertad y posterior huida de un capo de la camorra napolitana. En declaraciones a los medios de comunicación, Jaime R. aseguró que Antonio S. había llegado a un acuerdo con la empresa para conseguir echar a los trabajadores rebajando el coste de los despidos. El acusado negó que existiese ese pacto y aseguró que esas declaraciones se produjeron después de que él mismo destituyese a su antiguo socio de su cargo al frente de la empresa al conocer su pasado.
La Audiencia también decidió sobre otro de los procesados, Claude Josef G., que este martes no se presentó en la vista alegando serios problemas de salud. Un forense analizó el parte médico que su defensa presentó y determinó que este sufre un proceso degenerativo crónico que le impide desplazarse y que, además, tiende a empeorar. La Sala le deja, por lo tanto, fuera del proceso y abre la puerta a que Claude Josef G. sea juzgado en otra vista.
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