El PP acepta eliminar la obligación de retribuir a sindicatos y patronal por su asesoramiento

El debate en sí duró apenas un par de minutos, pero PP y Vox se dan por satisfechos: la formación de José Ángel Antelo se podrá anotar el tanto de la reforma de la Ley de Participación Institucional y los populares ya tienen la negociación del Presupuesto regional de este año ceñida a términos estrictamente de ámbito autonómico, los que pueden controlar. Para ello, la tramitación de la propuesta de reforma de la Ley de Participación Institucional que este martes llegó a la Asamblea Regional fue retirada del Pleno antes incluso de someterse al mismo. Lo pidieron los populares y lo aceptó Vox, basándose para ello en el informe jurídico de la Asamblea que apuntaba incluso a su posible inconstitucionalidad tal cual estaba contemplado el texto.

Tras días de tacticismo político por parte de ambas formaciones y de una escalada que llevó a intervenir incluso al presidente de la patronal Croem, Miguel López Abad, con críticas a Vox, los dos partidos se sentarán a encontrar un acuerdo para reformar esa ley y dejar encauzada también la negociación de los Presupuestos. Esa modificación planteada por Vox contempla eliminar la obligatoriedad de las ayudas que reciben los sindicatos y patronal por su participación en los órganos consultivos de la Comunidad y aparecía ya contemplada en el punto 25 del acuerdo de Gobierno alcanzado por ambas formaciones en septiembre de 2023. «El PP siempre cumple lo pactado», remarcó el portavoz popular Joaquín Segado, que intervino en la Cámara antes de que se iniciara el debate para solicitar a sus antiguos socios de Gobierno que se retirara ese punto ante los reparos jurídicos. Iba más allá Segado para referirse a esta tramitación «en el marco de un deseable acuerdo presupuestario que espero pueda producirse en un futuro cercano». «Manifiesto nuestra voluntad de cumplirlo», remarcó en referencia a ese punto 25 de un pacto que Vox rompió con su salida del Ejecutivo autonómico en julio de 2024, animándoles ahora a transitar «por el camino de la búsqueda del acuerdo».

Vox aceptó esta petición, aunque su portavoz, José Ángel Antelo, siguió anteponiendo la aprobación de esta reforma a cualquier otro acuerdo: «Antes de la tramitación de los Presupuestos volveremos a llevar esa ley, o bien solos, o de la mano del PP», según Antelo, que insistió en que «lo que tenemos claro es que hay que modificar esa ley para eliminar la obligatoriedad de pagar a sindicatos y patronal». Mientras tanto, según dictamina el informe elaborado por los servicios jurídicos de la Asamblea Regional sobre la proposición de Vox eliminar las ayudas que reciben patronal y sindicatos en estos órganos de participación «podría afectar a la libertad que les reconoce el artículo 7 de la Constitución Española en el ejercicio de su actividad». Dice ese informe que la reforma «supone una carga y limitación para las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales más representativas en el ámbito de la participación institucional». Pone de manifiesto ese documento que «al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.7ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por las comunidades autónomas», la Comunidad «carecería, además, de competencia para legislar en los términos de la previsión».

Por otro lado, lo que recoge el punto 25 del acuerdo de 2023 entre PP y Vox es modificar la Ley de Participación Institucional «para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos». A eso se agarra el PP para sacar adelante una reforma que pasaría por un cambio de mecanismo, desbloqueando de esta forma la aprobación de las Cuentas de este año. «Si la negociación se ciñe a lo que interesa a la Región, habrá presupuestos», dicen desde el PP, conscientes también de que todo lo que se escape de la esfera autonómica ya no depende de ellos.

Todo esto cuando Vox empezó pidiendo a las comunidades del PP que se opusieran a la política migratoria de Pedro Sánchez y después que rechazaran el Pacto Verde Europeo. Esta última exigencia la realizó Santiago Abascal en Murcia el 9 de febrero y menos de díez días después, este mismo martes, Núñez Feijóo anunció en Librilla una nueva ley de fiscalidad agraria al tiempo que cargó contra el «sectarismo climático» del Gobierno de Pedro Sánchez y la tolerancia de la UE a la entrada de productos de terceros países que hacen competencia a los españoles, al tiempo que someten a los productores comunitarios a mayores cargas.

Para el PSOE, la iniciativa de Vox fue «una chapuza». «López Miras está blanqueando las políticas fascistas de la ultraderecha», según su diputada Virginia Lopo, que acusa a la formación de Antelo de querer «cargarse» a sindicatos y patronal. Desde Podemos, María Marín lamentó que «las libertades sindicales y los derechos de los trabajadores se han convertido en moneda de pago para mantener a Miras en su asiento».

Ni la patronal Croem ni los sindicatos UGT y CC OO se pronunciaron tras este nuevo paso que ha dado la negociación entre PP y Vox en una reforma que les afecta de forma directa. Significativa es la memoria aportada por Vox a su proposición: «Para la elaboración de esta proposición de ley no se han mantenido reuniones ni contactos con organizaciones públicas ni privadas».

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