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Una ovación, mitad alivio mitad euforia, se pudo escuchar este martes a las puertas del Congreso de los Diputados, donde casi un centenar de murcianos -y algunos albaceteños que llevaron sus tambores- apoyaban con pancartas y canciones lo que sucedía dentro del Hemiciclo. La iniciativa legislativa popular (ILP), que durante meses fue una mera ilusión de los vecinos recogiendo firmas y organizando 'abrazos' a la laguna, se ha convertido ya en una proposición de ley. De los 323 diputados presentes -de un total de 350-, han votado a favor 274 y 53 en contra, más 6 abstenciones.
Todos los grupos políticos, excepto Vox, han dado su apoyo a este reto inédito en España y en Europa, el de reconocer la personalidad jurídica a un ecosistema. De seguir la tramitación con la agilidad que ha registrado hasta ahora, la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, Teresa Vicente, promotora de la ILP, cree que después del verano podría estar listo el texto definitivo que reciba el espaldarazo final en el Congreso.
El grupo que permanecía en el frío de la calle contaba con una tablet conectada a unos altavoces que iban 'chivando' al exterior las palabras de cada portavoz político. Cuando se iban confirmando, uno a uno, todos los apoyos a la propuesta, redoblaban su entusiasmo. Guardaron las copas de cava, que llevaron en el autobús, para la salida de la profesora Vicente del Parlamento. «Han sido muchas horas de muchos meses de trabajo, así que estamos contentísimos», contaba Antonio Feda, del colectivo para la ILP.
A saludarles pasaron representantes de Ciudadanos, como Edmundo Val y Miguel Sánchez. Del PSOE les acompañaron el diputado regional Manuel Sevilla, el delegado del Gobierno, José Vélez, y el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, quien puso la ILP en la rampa de salida al proponerla al Pleno municipal, donde se aprobó por unanimidad. El optimismo de los grupos ciudadanos era la respuesta a una cadena de dificultades superadas, desde la recogida de 639.826 firmas en plena pandemia a la negativa de la Asamblea regional para tramitar la propuesta.
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La tarde parlamentaria no tenía una agenda cualquiera. El Hemiciclo se llenó a primera hora por la comparecencia del presidente ucraniano Volodímir Kelenski por videoconferencia. Los escaños, al completo, incluidos los del presidente Pedro Sánchez y todo su Gobierno. Pero fue despedirse Kelenski y vaciarse las bancadas. A la sesión de Pleno volvieron a las seis de la tarde aproximadamente un 30% de los parlamentarios. Arriba, como invitada, escuchaba la profesora Vicente, quien recientemente defendió la futura ley en la Comisión para la Transición Ecológica y el reto Demográfico.
Ya lo dijo el portavoz de Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna, era «una día histórico para la Región». El primero en defender la ILP fue el diputado socialista Juan Luis Soto Burillo, quien recordó que tenían sobre la mesa «un texto novedoso, que describe lamentablemente el estado del Mar Menor, las causas de su deterioro y propone soluciones». «Propone un cambio en la forma de pensar y actuar con respecto al Mar Menor. Plantea una convivencia pacífica entre el hombre y la naturaleza», afirmó en la tribuna. Lamentó que «la Ley de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor de 1987 fuera recurrida por el PP de Trillo y derogada por el Gobierno regional de Valcárcel, y nos preguntamos qué hubiera pasado si se hubiese llevado adelante». Se dirigió al PP para echarle en cara «la situación del Mar Menor, que es el ejemplo más visible del fracaso de su modelo de gestión».
El contrapunto a la casi unanimidad lo volvió a poner Vox, cuyo diputado Luis Gestoso repitió el discurso leído en la Comisión unos días antes. Calificó la idea de dotar de personalidad jurídica a la laguna como «un disparate jurídico», «un intento de crear un chiringuito antidemocrático y totalitario», «una limitación de derechos» y un paso para «sovietizar el Mar Menor». Descartó que los nitratos agrícolas hayan causado la eutrofización de la albufera y anunció que «la próxima legislatura la derogaremos desde el Gobierno de España».
Para el diputado de Ciudadanos Juan Ignacio Bas Valero, fue un logro con 'lazo' naranja «sentar a PP y PSOE para sacar adelante la Ley regional de Protección del Mar Menor». «Ni unos ni otros han estado a la altura», aseguró el diputado sobre «el lamentable espectáculo que han ofrecido sin dejar de pelearse». Defendió que la personalidad jurídica «nos da un instrumento de gobernanza y una herramienta más ágil ente la justicia». «Esto no es una trampa comunista», le dijo al diputado de Vox, de quien criticó su «inmovilismo».
LAS VALORACIONES
Juan Luis Soto Burillo. PSOE
«Con esta iniciativa se nos plantea la convivencia pacífica entre hombre y naturaleza», destacó. Defendió esta nueva vía legal como «un punto de inflexión para la laguna, que se refleja en la actitud de la ciudadanía y la acción del Gobierno de España frente a la inacción del Gobierno regional». Soto señaló los «casi 500 millones que el Gobierno de España invertirá hasta 2026 con medidas basadas en escuchar a la ciencia, respetar y aplicar la ley, la interacción entre las administraciones y la participación social». Acusó a Vox de ser «la verdadera amenaza para el Mar Menor y la Región». «Más allá de la murcianía, a socialistas y sociedad nos une el dolor de ver el Mar Menor convertido en una catástrofe».
Juan Luis Pedreño Molina. PP
La diferencia de criterios en el reparto de competencias, que ha enfrentado a PP y PSOE sobre el Mar Menor, estuvo presente en la tribuna del diputado popular. Acusó al Gobierno socialista de «tener las competencias casi sin ejecutar». Sin embargo aseguró que «no vamos a utilizar el Mar Menor para desgastar a otros grupos». «Queremos un consenso, porque es un tema global». Pedreño defendió la necesidad de «buscar soluciones rápidas» y, «ante un trámite sin precedentes en España, hacer una adaptación al marco legislativo». Ya en la Comisión previa, él anunció su apoyo, igual que lo confirmó el presidente regional López Miras después de que el grupo de la ILP reuniera las casi 640.000 firmas.
Luis Gestoso. Vox
«Si el hombre tiene los mismos derechos que los animales, no les sorprenderá que acaben siendo alcaldes ciervos, asnos o algún jabalí», reflexionó el diputado de Vox, tras descalificar la ILP. Es «un intento de sovietizar el Mar Menor». Para Gestoso, «activistas, ecologistas y la izquierda quieren acolmatar las golas para que no haya intercambio de agua con el Mediterráneo y colapsar el Mar Menor para después montar chiringuitos antidemocráticos y totalitarios». Propuso abrir las golas al nivel de los años 50, instalar un saneamiento separativo, abrir una zanja perimetral como filtro para los nitratos y la salmuera, hacer un 'plan de salmuera cero' que permita funcionar las desalobradoras y desviarla al Mediterráneo.
Javier Sánchez Serna. Unidas Podemos
La defensa más combativa de la ILP fue de Javier Sánchez Serna, que llamó a Gestoso «mayordomo de los terratenientes del Campo de Cartagena que se han cargado el Mar Menor». Comparó a Teresa Vicente con Rachel Carson, escritora y bióloga marina que denunció el uso del DDT y marcó el nacimiento del ecologismo en los sesenta. «Hoy usted defendería a los del DDT», dijo a Gestoso. Y aclaró «por qué hace falta ahora la personalidad jurídica si hay leyes que protegen el Mar Menor: porque después de 30 años de Gobierno del PP, la Región es una experiencia fallida». Alertó del impacto en «cientos de hosteleros, que se van a la ruina por las grandes compañías del agronegocio, que roban agua y expulsan al pequeño agricultor».
Juan Ignacio López-Bas. Ciudadanos
No faltaron los reconocimientos a los ciudadanos que, en plena pandemia, recogieron casi 640.000 firmas que han abierto las puertas a la ILP en el Congreso. «Han hecho lo que no han sabido hacer los gobiernos durante tantos años», dijo Bas Valero. «Ni unos ni otros han estado a la altura», afirmó en referencia a los dos principales partidos y lamentó que «la Ley del Mar Menor no pudo evitar lo que vino y lo que aún puede venir». Alertó sobre la evolución que puede aún agravar el ecosistema. «Sabemos que el Mar Menor se muere y que sus características son distintas», por lo que apoyó una nueva vía para vigilarlo y protegerlo. «Nos dará un instrumento de gobernanza y un canal más ágil ante la justicia».
Inés Sabanés. Grupo Plural
La diputada de Más País acogió «la propuesta que surge de una respuesta ciudadana loable, impulsada por la gravedad de los daños que ha permitido la impunidad». «Es un ecocidio», afirmó. «Y tiene a muchos responsables, principalmente el Gobierno regional», dijo Sabanés en su turno de intervención. La diputada defendió «dar un paso más para que no vuelva la impunidad». Apoyó «la creación de la oficina técnica y todas las herramientas y figuras de protección y seguimiento que plantea la ILP para proteger el ecosistema». Sobre la nueva fórmula de gestión, Sabanés aseguró que «es un planteamiento avanzado para garantizar la protección y la vigilancia».
La representante de Más País y Equo, Inés Sabanés, señaló sin rodeos las causas del deterioro ambiental de la laguna. «La minería a cielo abierto, la especulación urbanística, que incluso instó a abrir el canal para el paso de embarcaciones, la transformación agraria hacia un regadío intensivo y su aporte de agua con gran cantidad de nitratos que causan la anoxia», enumeró Sabanés. Apoyó la novedosa fórmula legal para «reconocerle a la naturaleza sus derechos con un planteamiento avanzado para gestionar su protección y vigilancia». «Requiere de un paso más para que nunca más la impunidad vuelva a provocar una situación similar», afirmó.
Para el diputado de Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna, «al Gobierno regional solo se le ocurre tapar con arena el fango negro para que no lo vea la Comisión Europea, y así está el Mar Menor, camino de otro ecocidio, con los parámetros peores que el año pasado». Recordó «las 38 empresas y tres altos cargos imputados en el caso Topillo» y «las 8.460 hectáreas de regadío ilegal, de las solo se han resuelto un 2%».
El diputado del PP, Juan Luis Pedreño Molina, «este es un reto legislativo sin precedentes, dotar de personalidad jurídica a algo que no es una persona». Aseguró que «siempre respaldaremos la voluntad popular» y recordó que «habrá que hacer una adaptación a nuestros marco legislativo».
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