Un hito pionero en la Unión Europea

Cincuenta años después de que el profesor estadounidense Christopher Stone postulara la idea de que los ríos, los árboles y los ecosistemas en general son también depositarios de derechos, el Congreso de los Diputados hizo ayer historia al respaldar, con la única oposición de Vox, la tramitación parlamentaria para convertir en ley la iniciativa legislativa popular que propugna el reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor. Queda por delante un largo camino, no exento de aristas jurídicas y políticas, aunque ya es todo un hito el paso legislativo propiciado por la ciudadanía murciana, con el apoyo solidario del resto del país, para dotar a nuestra valiosa laguna salada del máximo blindaje legal posible. El Mar Menor ya disfrutaba de importantes figuras jurídicas que deberían garantizar su protección, pero los hechos, tozudamente, han revelado que resultaban insuficientes e inoperantes al carecer de la fuerza legal precisa para garantizar su aplicación.

Lo que se plantea ahora entronca con el movimiento global de los derechos de la Naturaleza, una iniciativa impulsada a nivel internacional por abogados, profesores, jueces, científicos, líderes gubernamentales y ciudadanos comunes, que ven en las iniciativas legislativas que reconocen a los ecosistemas como sujetos con derechos inherentes, y apelan a los tribunales a protegerlos, como la solución óptima para la crisis medioambiental del planeta. En el pasado han existido casos de éxito y también sonoros fracasos, a distintos niveles de gobierno, en Bolivia, Colombia, Ecuador, India, Nueva Zelanda y Estados Unidos, como recogen los profesores Craig M. Kauffman (Universidad de Oregon) y Pamela L. Martin (Universidad de Carolina) en la obra 'La política de los derechos de la Naturaleza', que acaba de editar el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Frente a la idea de que estas iniciativas responden exclusivamente a una cosmovisión propia de comunidades indígenas locales de países en desarrollo, el trabajo de Kauffman y Martin refleja cómo se están adaptando a ordenamientos jurídicos de países como Estados Unidos, donde hay al menos 87 experiencias en instituciones locales. Algunas ambiciosas iniciativas no han prosperado, como la relativa al lago Erie, pero otras se están implantando con éxito, como es el caso de la ciudad de Santa Mónica (California), donde el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza forma parte de la columna vertebral del plan municipal de desarrollo sostenible. Si la ILP del Mar Menor sigue su curso se convertirá en una iniciativa pionera en la UE. Es tarea de los grupos parlamentarios desarrollar a partir de ahora un fino trabajo legislativo que otorgue garantías jurídicas a la norma, para que sea eficaz en la protección del Mar Menor, en armonía con las actividades económicas de la comarca del Campo de Cartagena.

• Temas
• Congreso de los diputados
• Mar Menor