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No habrá que esperar más tiempo para conocer el futuro que le aguarda al Trasvase Tajo-Segura, ya que el secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Hugo Morán, dejó entrever este jueves que aumentarán los caudales ecológicos en el Tajo y que, por lo tanto, habrá que adaptar las leyes que regulan el acueducto a la nueva situación, en concreto la ley del Memorándum. En una entrevista a CMM (Castilla-La Mancha Media), el número dos del Ministerio calificó esta ley de política, y subrayó que nació «coja» porque, a su juicio, no se contó con la participación de Castilla-La Mancha.
El secretario de Estado de Medio Ambiente recordó que el documento en el que se recogen los esquemas de temas importantes de todas las demarcaciones hidrográficas, también del Tajo, y en el que aparece recogida la propuesta de dotación de caudales ecológicos, saldrá a información pública entre los días 15 y 20 de julio, informa Efe.
Morán destacó que el cambio climático y la disminución de las aportación obligan a repensar el funcionamiento del acueducto, que a su juicio no ha cumplido con las expectativas de caudales con las que se puso en funcionamiento hace 40 años. Reivindicó que el Gobierno central ya está cumpliendo con las sentencias del Tribunal Supremo que anulan varios aspectos del Plan Hidrológico del Tajo por no especificar los caudales ecológicos, aunque sí habla de caudales mínimos. Sostuvo que «formalmente» la sentencia se cumplía antes incluso de que la dictara el Tribunal Supremo, pues recordó que con anterioridad a este fallo ya había un requerimiento de la Comisión Europea en relación con la ausencia de caudales ecológicos en el Tajo y en el Ebro.
Por lo tanto, explicó que una de las primeras tareas que impulsó el actual Ejecutivo fue la puesta en marcha de los planes hidrológicos, con el compromiso de dotar a todas las cuencas de caudales ambientales que exige la directiva marco de la UE, lo que suponía que ya se atendía esa exigencia de dotar a los ríos de caudales ecológicos.
Subrayó que a mediados de julio saldrán a información pública los esquemas de temas importantes de todas las principales demarcaciones, también del Tajo, un documento en el que aparece recogida la propuesta de dotación de caudales ecológicos.
En cuanto al Memorándum que regula la explotación del acueducto Tajo-Segura, consideró que ese documento fue de «pacificación política interna de un partido político exclusivamente». Sobre la continuidad del mismo, y las reglas de explotación que regulan los trasvases, subrayó que si se va a un nuevo plan de cuenca, «toda la estructura reglamentaria debe adaptarse a la nueva estructura de ley que resultará del proceso». Criticó que ese documento nació con «un déficit de partida importante» y apuntó que, por ejemplo, algunas instituciones que están dentro de la demarcación del Tajo y que deberían haber participado en su elaboración no fueron tenidas en cuenta «por ser de un color político distinto», algo que a su modo de ver es «incomprensible».
En cuanto a la situación de los municipios ribereños, que en algunos casos se tienen que abastecer de agua potable mediante camiones cisterna, dijo que «ha habido un déficit de desarrollo importante» del plan de compensación y calculó que aún no se han invertido 24 millones del plan de inversiones previstas.
Recordó que se han cumplido 40 años del Trasvase Tajo-Segura y añadió que el actual Gobierno lleva «unas 40 semanas» al frente, un tiempo en el que es «difícil trasladar una alternativa razonable» a este mecanismo de derivación de agua. Consideró que a corto plazo se está más cerca de repetir el cierre del acueducto por falta de excedentes, como ocurrió durante once meses entre 2017 y 2018. Hizo de nuevo una puesta por la desalación en el Levante.
En una primera valoración, el presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, manifestó anoche a 'La Verdad' que el Ministerio ya ha dejado clara la línea para que se incrementen los caudales ecológicos en el Tajo. «La propuesta es soltar más agua en ese río, antes que resolver los problemas. Nos conducen a la desalación y a un agua carísima que no podemos pagar. Vamos a ver qué dicen las comunidades de regantes».
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