Los jueces y fiscales denuncian que los plazos para instruir crean «impunidad»

El archivo de importantes diligencias penales a causa de la superación de los nuevos plazos máximos de investigación, que se fijaron en 2015 con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es «una situación más que anunciada, para nada imprevisible», que se debe achacar en buena medida «a la ligereza» con la que vino a actuar el legislador en aquel momento. Así lo afirman todas las asociaciones de jueces y de fiscales con representación en la Región -Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales-, que ayer, en una iniciativa con muy pocos precedentes, suscribieron unánimemente e hicieron público un comunicado en el que critican con inusual dureza la decisión, adoptada en su día por el Gobierno que lideraba el PP de Mariano Rajoy, de fijar severas limitaciones a los tiempos máximos de instrucción de las causas penales. Una medida que se plasmó en el ya tristemente famoso artículos 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija en seis meses el periodo tope para sacar adelante una investigación judicial, y que permite prorrogar ese plazo hasta los 18 meses en el caso de procedimientos especialmente complejos.

Esos límites estrictos han provocado en los últimos tiempos que importantes causas sobre corrupción que se instruían en juzgados de la Región, como los denominados 'caso La Sal' (sobre la desaladora de Escombreras), 'caso Acal' (sobre presunta falsificación de informes jurídicos en el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz), 'caso Pasarelas' (sobre la adjudicación de la reforma del entorno de la rambla de Nogalte en Puerto Lumbreras) y 'caso King Kong' (sobre las obras del Auditorio de Cehegín), se hayan visto seriamente malogrados o directamente archivados por la superación de tales plazos legales de investigación.

Una situación que ha causado gran escándalo en la sociedad murciana y también en el seno de la Administración de Justicia y que ha provocado incluso la intervención de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con la puesta en marcha de una campaña de inspecciones en los juzgados afectados.

Por más que, en último término, esa superación de los plazos máximos sea achacable a un despiste o un olvido de los jueces o fiscales que impulsan cada una de esas causas, las mencionadas asociaciones no están dispuestas a cargar el mayor peso de la responsabilidad sobre estos profesionales. De ahí que ayer denunciaran que estamos ante una «situación más que anunciada» y que la achaquen «a la ligereza» con que actuó el Ejecutivo al establecer tales topes, «sin un estudio serio del tiempo que se ha de emplear necesariamente en la instrucción de las causas penales».

A ello se suma que tampoco la reforma legal vino acompañada «de un aumento muy relevante en las plantillas de jueces y fiscales», lo que, según estas asociaciones, «no se alcanzó a entender entonces, ni desde luego es entendible a día de hoy».

Y en esa línea denuncian «la triste costumbre», tantas veces imperante, «de legislar sin poner los medios para lo que se legisla», como demuestra el hecho de que la tasa de fiscales y de magistrados sea en España muy inferior a la de muchos países de nuestro entorno, y que Murcia además esté a la cola de las regiones españolas.

Cuando el Ejecutivo de Rajoy, cercado en aquellos días por multitud de procedimientos de presunta corrupción en la Administración Pública, decidió reformar en 2015 la legislación para reducir drásticamente los plazos legales de instrucción, sin haber dotado de más medios técnicos y humanos a la Administración de Justicia, «ya se le advirtió seriamente de que eso podría generar graves espacios de impunidad, inadmisibles en el Estado de Derecho».

Algo que, a la vista de lo que ha ocurrido en los últimos meses en la Región, bien podría sostenerse que se ha acabado confirmando.

Las seis asociaciones judiciales y fiscales recuerdan en su comunicado que «un verdadero Estado de Derecho precisa de una Justicia con mayúsculas, ágil, sí, pero sobre todo justa, y para ello debe de contar con los medios necesarios para tal fin».

Y, a modo de conclusión, acaban instando al poder legislativo a que, «de inmediato, derogue, o cuando menos reforme, la actual redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mientras no se dote de sistemas técnicos y de plantillas adecuadas de jueces y fiscales».