El TSJ pide una alerta informática para evitar «futuras disfunciones»

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ), presidida Miguel Pasqual de Riquelme, ha propuesto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que valore dirigirse al Ministerio de Justicia para que se habiliten en el sistema de gestión procesal Minerva avisos o alarmas automatizados para un adecuado control de los plazos máximos de instrucción (tanto inicial como prorrogados).

Así lo ha hecho saber tras constatar que, tal y como ya advirtió en 2015 el CGPJ en su informe al anteproyecto de reforma, a pesar de la valoración positiva del objetivo perseguido por la Ley Orgánica 41/2015, de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de reducir la duración de la fase de instrucción de las causas penales mediante la fijación de plazos máximos, la concreta forma en que se ha regulado esta materia en el artículo 324 «produce efectos negativos en la eficacia de la persecución penal».

Así se recoge en el acuerdo adoptado en la última sesión de la Sala de Gobierno, en relación al expediente gubernativo incoado después de que el órgano de gobierno tuviera conocimiento de diversas incidencias en el control y cumplimiento de los plazos máximos de instrucción. En dicho texto, se adopta una serie de medidas con el fin de aminorar futuras disfunciones que pudieran producirse en este ámbito, aunque considera que, con carácter general, «no es posible individualizar una sola causa determinante de las disfunciones detectadas». En concreto, el órgano de gobierno de los jueces acuerda reiterar la necesidad de creación de 28 nuevas unidades judiciales para equiparar a la Región con la media nacional.

Asimismo, ha pedido al secretario de gobierno que valore la remisión a la Secretaría General del Ministerio de una propuesta de revisión de los manuales de tramitación del expediente judicial electrónico; así como analizar con la Fiscalía Superior cauces adicionales de remisión de las peticiones que la misma formule. De igual forma, propone someter a la consideración del secretario de gobierno del TSJ la conveniencia de trasladar a los letrados buenas prácticas y lecciones para el control de las peticiones que se reciban.

Por último, la Sala ha acordado dirigirse a los jueces decanos de los once partidos judiciales para que trasladen las propuestas de actuación que estimen oportunas; así como mantener actividades de formación y unificación de criterios. Y es que, tras valorar los datos recopilados en las visitas de información realizadas a distintos órganos, así como los proporcionados por el secretario de gobierno (del informe sobre aplicaciones informáticas, y de la información facilitada por los letrados), aprecia la existencia de un «problema sistémico» para el adecuado cumplimiento de los plazos máximos de instrucción. En este problema inciden diversos condicionantes derivados tanto del reparto de competencias en la instrucción penal, como del modelo de plazos implantado y de los tiempos de fijación de doctrina.