José Luis Díaz Manzanera: «Puedo garantizar la autonomía de los fiscales»

–El último informe de Interior constata un nuevo incremento de la criminalidad en la Región, de hasta un 8,5%, el tercer mayor repunte del país. ¿A qué achaca este nuevo incremento?

–Bueno, creo que en la Región el aumento de población se ha visto reflejado, entiendo yo, exponencialmente en un aumento de delincuencia. En Murcia ahora mismo, por su situación geográfica, la zona del Levante, se está produciendo un efecto de que parte de la delincuencia, muy posiblemente, se está derivando a esta zona. Hay zonas en España relacionadas con el mundo de la trata de seres humanos, tráfico de droga... La zona del suroeste de Andalucía tenía una alta incidencia delictiva de este tipo. De hecho, eso se ve reflejado en el aumento de plazas de fiscales, porque hay provincias en España, y concretamente por no ir más lejos, en Cádiz, que pese a que tiene 200.000 habitantes menos que la Región, tiene 25 fiscales. Me parece bien que haya una diferencia, pero yo creo que eso no se ve correspondido. Ante esa presión que, muy posiblemente, se está produciendo tanto a nivel judicial, como de Fiscalía y a nivel policial en esos puntos, algunas de estas mafias están acudiendo a la zona del Levante. Eso en cuanto al posible aumento de tráfico de drogas y delitos sobre todo de trata de personas. El resto de delitos, habría que ir uno a uno.

–¿Y qué me dice de los delitos sexuales? Las cifras son impactantes. 82 agresiones sexuales con penetración hasta septiembre. ¿Qué cree que está ocurriendo con estos delitos? ¿Existe una mayor violencia sexual?

–Yo creo que es una tendencia que está generalizada. En el ámbito de los menores existe un adelanto en la edad de convertirse en autores. Hay menores cada vez más menores. Esto es una consecuencia, evidentemente, del uso de las nuevas tecnologías y, dentro de eso, del consumo más temprano de pornografía. Es un aspecto que afecta a toda la ciudadanía, los padres y los colegios... Estamos siendo demasiado permisivos y no se ejerce un control parental que sería necesario. Requiere un estudio profundo, y no solamente desde el punto de la justicia, si no desde todos los ámbitos. Una reflexión para saber realmente qué se puede hacer con este aumento. Yo creo que no puede existir tanta libertad para acceder, sobre todo de los menores, que no tienen la madurez suficiente, para acceder a ese tipo de información. Internet es un portal fantástico para muchas cosas, pero muy malo para otras. Habría que establecer mecanismos de restricción de ese acceso en el caso de los menores, y obligatoriedad a los padres y guardadores para que eso lo controlen.

–¿Tiene la Fiscalía medios para afrontar ese aumento de la delincuencia más ligada a organizaciones criminales?

–La primera medida, evidente, que yo aplicaría sería el aumento de medios personales, pero no solamente en cuanto a fiscales y jueces, si no de unidades policiales. Ese problema de escasez de personal lo tenemos en todos los gremios que nos movemos dentro de la justicia. Si yo tuviese en Murcia el número de fiscales que tiene, por ejemplo, Cádiz, obviamente destinaría más fiscales a la persecución de este tipo de infracciones, sobre todo a la trata de seres humanos, que es uno de los más graves que actualmente existen. Está relacionado también con el tema del tráfico de drogas y en esos ámbitos sí que se están moviendo auténticas organizaciones criminales. Realmente se solucionaría dotando de más medios personales, pero no solo a la Fiscalía, si no también a las unidades policiales. ¿Qué más podría ayudar? Pues lo que ya estamos reclamando desde hace muchos años: que se apruebe la ley de enjuiciamiento criminal dando la instrucción a la Fiscalía. Estoy convencido de que eso también ayudaría.

–Es un cambio que usted siempre ha reivindicado pero no termina de llegar.

–No, pues es un tema como todo en este país, en el que es la política la que está dirigiendo todo. No hay manera de que se llegue a un acuerdo en cuanto al contenido de la ley y, sobre todo, en cuanto al cometido de los fiscales. Sigue existiendo una especie de aparente desconfianza por el hecho de que el fiscal general del Estado sea elegido por el Gobierno. Esa reforma de la ley debería ir aparejada, y de hecho así creo que estaba previsto, de la reforma del estatuto de órgano y del Ministerio Fiscal, cuya ley tendría que regular de qué forma se elige al fiscal general del Estado y garantizar una autonomía que de hecho y de facto ya puedo asegurar que existe dentro de los fiscales de carrera en este país y en particular en la Región.

–¿Siente que esa autonomía está en entredicho?

–La Fiscalía tiene independencia absoluta para decidir. Lo que sí sucede es que seguimos teniendo un mecanismo no ya de control, sino de visado, pero fundamentalmente por razones técnico-jurídicas. En eso es lo que realmente hay un control basado en el principio de unidad de actuación, que yo creo que es muy bueno dentro de la carrera fiscal. Fuera de eso no existe ningún tipo de cortapisa en la actuación de los fiscales. Estoy convencido de los beneficios de esa reforma global. Además, recientemente insistí también en la necesidad de asegurar la absoluta independencia del Ministerio Fiscal, no solamente a nivel funcional, sino también a nivel presupuestario. Es crucial que tengamos nuestro presupuesto controlado por la Fiscalía General del Estado, en su caso por el Ministerio que corresponda, para que podamos tener independencia total y absoluta al igual que tiene el propio Consejo General del Poder Judicial. Esos aspectos sí que garantizarían una mayor independencia y, sobre todo, un absoluto respeto al principio de separación de poderes.

–Este año, durante la apertura del año judicial, incidió en la difícil realidad que atraviesa la justicia, agravada por las sucesivas huelgas, y exigió al Ministerio un «plan de refuerzo serio» para tratar de despachar los asuntos que están pendientes. ¿Cómo se encuentra la situación?

–Con los medios que tenemos, saldremos adelante, pero el tiempo de respuesta va a seguir siendo muy largo. Yo creo que en ese aspecto sí que hay que mejorar. El Ministerio, por circunstancias que desconozco, que serán fundamentalmente de tipo presupuestario, no ha concedido planes de refuerzo, tanto para funcionarios como para fiscales y para jueces, para poder sacar adelante esto. Hace años sí que recuerdo que en algunas ocasiones se han llegado a aprobar planes de refuerzo ante situaciones de retraso importante. Se ha designado a determinados profesionales que utilizando horas que están fuera del horario de audiencia se dedicasen a sacar trabajo. Incluso recuerdo que se han llegado a hacer juicios por la tarde, los sábados... para tratar de sacar ese tema. Eso ahora no se ha producido y por tanto estamos ante una situación que seguimos con la rémora. Los datos del Tribunal Superior de Justicia son también bastante esclarecedores del retraso que hay en todos los ámbitos jurisdiccionales. No es de recibo que tengamos que esperar tanto para obtener una respuesta a cuestiones básicas de los ciudadanos. Eso genera una clara desconfianza en las instituciones, y, en este caso, en la justicia. Una justicia que no es rápida pierde mucho de su eficacia.

–Aunque la justicia murciana aparece año tras año como una de las más lentas y colapsadas del país, las reivindicaciones brillan por su ausencia ¿Cree que existe una voluntad política adecuada a la hora de reivindicar mejoras para la administración?

–Es que esto depende de la voluntad política. Es una cosa que está clara. Son los políticos, al final, los que toman las decisiones. Nosotros somos siempre ejecutores de la ley. Existe un retraso auténticamente endémico. ¿De quién depende eso? Eso depende del ámbito de la justicia, de los que toman las decisiones. ¿Y quién las toma? Evidentemente los políticos. Se tienen que hacer eco de estas reivindicaciones. La reforma importante de la Justicia se tiene que llevar a cabo por el ámbito político y legislativo. Mientras que eso no se consiga, y eso hasta ahora nadie se ha atrevido a coger el toro por los cuernos, no va a dejar de ser la justicia lo que sigue siendo, y lo digo por enésima vez: la gran asignatura pendiente de este país. No solamente se puede ver el rendimiento de un servicio público a través de la obtención de rendimiento económico, como por ejemplo Hacienda, si no que la buena imagen se observa a través de una justicia que se vea rápida. Esto afecta a todo, incluso afecta a la propia economía, como ya ha habido estudios sobre ese particular. Una justicia lenta hace que el crecimiento económico se vea claramente afectado. Existen medios para resolverlo. Tenemos muchísimo dinero que ha llegado de Europa, parte del cual, y en eso hay que reconocer que el Ministerio sí se ha esforzado, hará que Murcia pase a tener a nivel regional unas instalaciones judiciales bastante buenas. En la Fiscalía, además, también tengo que reconocer el esfuerzo del Ministerio, fruto de mis reivindicaciones en Madrid. En los dos últimos aumentos de plantilla, que han sido en un intervalo de once meses, hemos obtenido siete plazas. Y supuestamente hemos sido de los mejores de España en cuanto a aumento, pero eso se tiene que seguir viendo reflejado en los futuros años. Para mí sigo insistiendo, 80 fiscales es lo que hace falta ya en plantilla, para equipararnos un poco a la medida nacional. Voy a seguir insistiendo.

–¿Le preocupa la sensación de impunidad que puede producir en los ciudadanos observar los casos que llegan a juicio muchísimos años después y con importantes rebajas? El retraso del 'caso Ninette' lo tildó de «sonrojante».

–Me preocupa muchísimo porque además es un hecho absolutamente inaceptable. Me ha puesto el ejemplo más clásico, que es un asunto que está desde 2005, el 'Ninette'. Esto ya se ha transmitido, el TSJ es consciente de la situación y me consta que está haciendo los esfuerzos pertinentes. Es una imagen realmente pésima de la justicia y eso se ve reflejado posteriormente en una nueva imagen pésima, como puede ser que, fruto de las atenuantes que hay que ir aplicando, se producen rebajas. En muchas ocasiones nos vemos abocados a esa situación.

–El CGPJ ha cumplido ya cinco años de bloqueo en una crisis que algunos catalogan como la peor de la democracia. ¿Le preocupa este bloqueo?

–Bueno se está abogando porque el Consejo General del Poder Judicial sea elegido por los propios jueces. Esa puede ser una opción. A ver, el Consejo Fiscal es elegido por los fiscales. Cada cuatro años elegimos en urnas, en votaciones. Entonces se elige a lo que van a ser los consejeros del Fiscal General del Estado. Ahí está el ejemplo y eso está funcionando bien. Lo que es absolutamente inaceptable es la situación que se está viviendo por parte del Consejo y ahí se está realmente politizando. Según quien diga una cosa, carga contra la otra parte o no. Eso queda resuelto si se busca otro sistema de elección. Y al igual pasa con el tema del Constitucional. De los doce magistrados, solo dos los elige el Consejo General del Poder Judicial, los eligen los jueces. Los otros diez son elegidos por el Congreso, el Senado y el Gobierno. Ahí realmente tenemos el mismo tema.

–¿Qué opinión le merece la ley de amnistía?

–Yo ahí no me puedo pronunciar al principio, pero hay gran parte del sector, gran parte de los miembros de la Justicia y de la Fiscal, que decimos que el encaje constitucional está muy forzado. En la Constitución Española, en el artículo 62, se establece que el Rey va a ejercer el derecho de gracia, que será el que esté fijado por la ley y esta ley en ningún caso podrá aceptar indultos generales. No cita la amnistía para nada. ¿Eso cómo se interpreta? Depende del ojo con el que se mire. Yo como jurista, lo primero que me viene bote pronto es que si está prohibiendo indultos generales, es que está prohibiendo que se ejerza ese derecho de gracia, como en este caso la amnistía, de forma general. Aquí ha sido de forma general a un ámbito concreto de delito, en un momento puntual de una crisis político-social que ha habido en un territorio de España. Uno puede pensar, bueno, indultos generales, claro, una amnistía que también es más general, que además es más fuerte todavía que el indulto, porque en el indulto no perdonas el delito, perdonas la pena, pero es que en la amnistía estás perdonando el delito. Si mañana pasa en otro territorio con otra persona, esos cometen delito, porque el delito sigue existiendo. Eso es difícil de explicar también a la ciudadanía. Chirría un poco. Esa situación va a generar un problema que evidentemente va a ser constitucional porque eso se va a recurrir al Tribunal Constitucional. Si esa ley se aprueba, será ese tribunal el que resuelva. Entonces surgirá el segundo aspecto que antes comentaba. ¿Quién elige a los miembros del Constitucional? Va a condicionarse el Tribunal Constitucional por criterios políticos ahí. Insisto, a mí se me hace cuesta arriba ahora mismo como jurista ver el encaje que puede tener en la Constitución, pero claro, eso también es cierto que requiere profundizar. Y esa profundización no es mi competencia, ni tengo tiempo para eso. Realmente es un tema que desde luego está generando discrepancias. La gente le está costando mucho entender eso. Para los profesionales, que se haga todo el trabajo y se dicte una sentencia y luego se la carguen, no es de nuestro agrado porque te estás cargando el trabajo de los tribunales.