Las jornaleras de La Palma denunciaron abusos de al menos otro capataz

En el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) lo tienen claro: las agresiones sexuales en la Región a jornaleras por parte de capataces agrícolas «no son, ni mucho menos, un hecho aislado». El último caso de este tipo destapado en España, y que tiene como escenario el Campo de Cartagena, les carga de razones. Fue la organización sindical la que dio la voz de alarma en agosto, tras recibir un primer grito de auxilio por parte de una trabajadora inmigrante. Lo más curioso es que esta denuncia primigenia no tenía como primer objetivo al ciudadano marroquí que se encuentra detenido y al que se le atribuyen una veintena de hechos delictivos de este tipo.

Así, según apuntan fuentes de CC OO, las investigaciones siguen su curso en relación a este primer sujeto, sin cargos por el momento y respecto al cual está siendo difícil recabar las pruebas necesarias para una posible detención. «En este caso, es una cuestión de mi palabra contra la tuya», inciden. Fueron los métodos más violentos y descuidados del encausado y la total falta de pudor en sus actuaciones los que sí han permitido este reciente arresto, llevado a cabo en la diputación cartagenera de La Palma el pasado sábado.

Este último individuo ya contaba con un procedimiento abierto en un juzgado de San Javier por delitos contra los derechos de los trabajadores. Ahora será el juzgado número 5 de la ciudad portuaria el que previsiblemente asuma las actuaciones por los citados delitos de índole sexual. «Las víctimas han aportado los mensajes de texto explícitos y los vídeos pornográficos que recibían por parte del investigado», explica Teresa Fuentes, secretaria general de la Federación de Servicios de la organización y la persona que, junto a Alejandra García, responsable de Igualdad de la Federación de Industria, y a una traductora, recogió los testimonios de las presuntas víctimas. «Nos han narrado cómo las toqueteaba al subir en la furgoneta y cómo intentaba forzarlas delante de sus compañeras en los propios bancales, para trasladarlas posteriormente a lugares apartados donde consumar estas agresiones», relata Fuentes.

La denuncia inicial de esta «valiente» trabajadora les llevó a ponerse en contacto con otras cuatro mujeres, cuyos testimonios desembocaron en la denuncia ante la Guardia Civil. «Las propias víctimas nos decían que no nos escandalizáramos, que es habitual que se realicen este tipo de proposiciones por parte de 'furgoneteros' que trabajan para las empresas de trabajo temporal, si se quiere conservar el empleo», añade.

Un trabajo precario e irregular que podía reportar a las trabajadoras apenas 13 euros al día, tras el descuento de siete euros en concepto de transporte. Mujeres de origen magrebí, procedentes de la campaña de la fresa de Huelva, mayoritariamente sin papeles y que desconocen el idioma, lo que les supone un plus de vulnerabilidad que las lleva a callar. «Una de las denunciantes fue echada este lunes de su domicilio como represalia y estamos intentando realojarla», concluye Fuentes.