Los investigadores de 'Brubaker' acusan a la directora de Sangonera de «obstaculización»

Esa supuesta actitud entorpecedora de las investigaciones se remonta a noviembre de 2020, cuando un recluso, que se identificaba plenamente, remitió un escrito a la juez de Vigilancia Penitenciaria denunciando que un funcionario corrupto le había cobrado 270 euros por 50 gramos de hachís, así como que también le había facilitado cocaína en base.

La misiva llegó a la Fiscalía Superior y desde ahí se remitió al EDOA, que puso en marcha la llamada 'Operación Brubaker'. Una de las primeras gestiones de los investigadores consistió en entrevistarse con la directora de esa prisión, a la que solicitaron diversa información sobre varios funcionarios sospechosos de corrupción. Esto ocurrió el 22 de diciembre, pero el 7 de enero, al constatar los guardias civiles que aún no se les había enviado nada de lo reclamado, reiteraron su petición de manera formal, a través de un correo oficial de la Guardia Civil.

A la vez, solicitaron autorización de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para poder tomar declaración en Sangonera la Verdad al preso autor de la denuncia, pero la respuesta que recibieron les dejó atónitos: el interno había sido trasladado a la prisión de Villena (Alicante) el mismo día que habían tenido la entrevista con la directora.

Cuando reiteraron la petición respecto del centro penitenciario de Villena, desde la dirección de esa cárcel se les remitió un escrito señalando que el recluso rechazaba verlos, de nuevo para estupor de los 'edoa'. Estos reflejaron tal contratiempo en su atestado, advirtiendo que «resulta extraño que un preso que denunció unos hechos identificándose plenamente, ahora no quiera entrevistarse con los agentes que están investigando su denuncia».

Y reiteraban que no menos sorprendente era que se hubiera trasladado a este interno precisamente el mismo día en que la directora de Sangonera fue puesta al corriente de la apertura de una investigación, como también les llamaba la atención «que esta circunstancia no nos fuese comunicada por la directora, que sin duda conocería dicha circunstancia, a los agentes que se entrevistaron con ella y que han seguido en contacto con ella».

Por tal razón reclamaron de la prisión de Murcia una explicación formal sobre los motivos de ese precipitado traslado.

Ya bastante curados de espanto en todo lo concerniente a este asunto, los guardias civiles se entrevistaron por fin con ese recluso el 18 de enero y este, lejos de rechazarlos, estuvo de lo más locuaz. Empezó señalando que desconocía las razones de su traslado a Villena, pues él no lo había pedido, y confirmó que estaba en la Enfermería cuando me dijeron que recogiera mis pertenencias, que me trasladaban. Eso pasó nada más hablar con la directora, con ocasión de mi carta al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. La directora también me recibió declaración sobre esa carta, estando los dos solos cuando hablamos de ese asunto».

Seguidamente aportó datos muy concretos sobre un funcionario, un jefe de servicio del que facilitó su descripción física y su apodo, que supuestamente se le acercó en el patio y le ofreció proporcionarle hachís entre rejas. El recluso le dio entonces el número de teléfono de su hermano y fue este quien, en apariencia, pagó al carcelero 270 euros para que metiera una placa de 50 gramos de cannabis en prisión. «Me la dio y me dijo: 'Salte al patio y no digas nada'», indicó el preso, quien aseguró que disponía de pruebas de todo ello porque su hermano había grabado la entrega del dinero.

Añadió que había pactado con ese funcionario la entrega de diez gramos de heroína y diez de coca base por el precio de 2.500 euros, y afirmó que sabía de otros guardianes que actuaban de la misma forma, introduciendo en la cárcel todo tipo de bienes prohibidos, como teléfonos móviles.

Cuando los agentes le preguntaron si había sufrido amenazas a raíz de su denuncia, relató que un funcionario se le había acercado y le había comentado: «Ya sé lo que has hecho; me lo ha dicho la directora. Ya hablaremos si vuelves por aquí», lo que había entendido como una advertencia.

Igualmente sostuvo que la directora le había comentado lo de su carta a otros funcionarios y que ella misma había tratado de convencerlo para que no denunciara esa presunta trama de corrupción. «Me preguntó varias veces si estaba seguro de querer remitirla a la juez de Vigilancia Penitenciaria y me dijo que se lo contara a ella y que no la enviara».

Otro hecho que puso sobre aviso a los investigadores consistió en que, después de recibir un pendrive con las imágenes de una fiesta de cinco presos en el economato, acudieron al centro penitenciario para entrevistarse con tres de ellos y se encontraron con que también los habían trasladado a cárceles de otras provincias, como Madrid y Málaga.

Esta circunstancia soliviantó de nuevo a los 'edoa', que se quejaron de «resulta cuando menos obstaculizadora del normal desarrollo de la investigación».

LA VERDAD se puso ayer en contacto con la dirección del Centro Penitenciario Murcia I, al objeto de recabar la versión de Carmen Carrillo, pero esta no respondió a la llamada.

Por su parte, desde Instituciones Penitenciarias explicaron que las diligencias sobre el 'caso Brubaker' están secretas, por lo que hasta que conozcan los hechos concretos que se investigan no será posible adoptar alguna medida.