Así funcionaba la trama corrupta de la cárcel de Sangonera

«En la prisión de Sangonera hay una mafia funcionando verdaderamente abusadora e insoportable». Con esta frase arranca la carta que un interno del centro penitenciario Murcia I, conocido simplemente como la prisión de Sangonera la Verde, remitió el 17 de noviembre de 2020 a la juez de Vigilancia Penitenciaria. La misiva tendría que haber sido dirigida igualmente, atendiendo a los deseos de este recluso, «al jefe de Policía, al jefe de la Guardia Civil y al periódico LA VERDAD», aunque -por razones que seguramente nunca serán aclaradas- no hay constancia de que les fuera remitida por quienes debían hacerlo.

En este documento, que está integrado en las diligencias de la llamada 'Operación Brubaker' contra una trama de corrupción asentada en el establecimiento penitenciario, se hacía constar que algunos peligrosos clanes delictivos se habían adueñado de amplias parcelas de poder con la supuesta aquiescencia y colaboración de funcionarios, «que trabajan para ellos, y pasan drogas y otros productos prohibidos y luego se reparten el dinero entre ellos».

Especificaba que la red delictiva está «instalada en los economatos de los módulos más importantes, y tienen gente en los patios para dar palizas y cobrar las deudas». Y añadía que esos empleados públicos «les traen putas a los 'vis a vis' y les pasan paquetes sin guardar la cuarentena, mientras a otros nos los entregan a los cinco o seis días. También les traen comida de la calle».

«Lo más grave de todo es que ahora cobran por los permisos y por los terceros grados», se quejaba el anónimo recluso, que animaba a la Justicia a bucear en el cenagal que estaba describiendo «porque hay cámaras por todos lados y todo está grabado».

No se limitaba además a describir conductas genéricas, pues aportaba referencias concretas sobre dos funcionarios presuntamente implicados en la red corrupta: el jefe de servicio Juan Manuel S., conocido como 'Don Manu', y otro identificado por el apelativo 'Vecino de Cartagena'.

Finalizaba su escrito con un lamento: «Estamos muy 'artos', señora jueza». Y con una advertencia: «Aquí ni los otros jefes, ni los espías de J.D., ni el subdirector de seguridad, ni nadie hace nada. Ni la directora tampoco».

La juez de Vigilancia Penitenciaria, consciente de la gravedad de los hechos que se denunciaban en ese escrito, y que estaban por completo fuera de sus atribuciones, lo remitió a la Fiscalía Superior de la Región y esta, a su vez, encomendó las pesquisas a los especialistas del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil.

La lectura de la misiva debió de recordar a alguno de estos agentes la historia -basada en hechos reales- contada en 'Brubaker'. En este filme, el nuevo alcaide de una prisión estadounidense, encarnado por Robert Redford y cuyo apellido daba nombre a la película, se hacía pasar por un interno y acababa topándose con una sórdida trama de violencia y corrupción. La investigación sobre la prisión de Murcia acaba de ser bautizada.

Las pesquisas policiales no tardaron en verse reforzadas por la llegada de un nuevo escrito, este sí, suscrito por un interno con su nombre y apellidos. Además de denunciar ante Vigilancia Penitenciaria que se le estaba privando de medicación para su enfermedad crónica, aportaba nuevos y reveladores datos sobre la supuesta pudredumbre que se extendía, como una necrosis, por el 'talego'.

«Quiero poner en su conocimiento que hay un funcionario que es 'corruzto', porque él mismo trae las placas de chocolate, polen, coca en base y heroína. Yo tengo pruebas de que ese funcionario trae hasta móviles», indicó. Y desvelaba que el propio empleado se le había acercado en el patio y, tras advertirle de que «yo sé que tú fumas hachís», se había ofrecido presuntamente a ser quien le facilitara la droga.

«Me trajo 50 gramos de hachís por 270 euros. Mi hermano le pagó en el bar que hay abajo de la prisión», concretó. E hizo saber a la juez que su familiar había grabado al 'carcelero' mientras le hacía el pago.

«Luego me llamó aparte y me dijo: 'Aquí tienes eso. Salte al patio y no digas nada'», manifestó.

Mientras las gestiones del EDOA avanzaban dificultosa y lentamente, el aparente hartazgo que se había instalado entre una parte de los internos por esas actividades corruptas de algunos de sus guardianes seguía traduciéndose en nuevas misivas. En diciembre pasado, otro recluso, que había sido sorprendido utilizando un teléfono móvil y sancionado por ello, se dirigía a la directora del centro penitenciario para tratar de recabar sus disculpas. «Me pudieron el ansia y las ganas de hablar con mi hijo después de un año sin saber nada de él», se excusó. Y para congraciarse se ofrecía a aportar información de gran relevancia sobre una red delictiva integrada por trabajadores del centro.

Su relato era impresionante, por no decir estremecedor. «Tengo muchísimas fotos y vídeos que así lo demuestran», señalaba. Y aportaba incluso una tabla de tarifas por los servicios ilegales que algunos funcionarios presuntamente les ofrecían.

-Bebida: 100 euros por botella.

-Móvil con internet y cámara ('smartfon'): 500 euros la unidad (solo el pase) y aparte el móvil.

-Prostitutas: 500 euros.

-Anabolizantes: 100 euros por botella de 10 ml con una aguja.

-Hachís: 150 euros por 100 gramos.

-Comida: 200 euros por bolsa.

-También traen heroína y cocaína, pero desconozco el precio de momento.

A continuación, bajo el epígrafe 'Funcionarios implicados' e identificados por sus respectivos nombre de pila, señalaba lo siguiente:

-Don José Manuel (jefe de servicio): Es el número 1 para todo.

-Don J.: (Economato central): Solo trae bolsas, carne picada, bacon, queso y esas cosas para hacer spaguetis a la carbonara y similar.

-Don J.: Todo, trae de todo.

-Don F. (hermano de G.): Todo.

-Don G.: Todo.

-Don G. (otro): De todo también.

-Don J.: De todo.

-Don O.: Drogas y teléfonos.

-Don M.: Todo, comida, anabolizantes, etc.

-Don J.: Todo.

Un regalo de los Reyes Magos

Una fiesta en el Economato

Como los agentes del EDOA se habían portado bien, los Reyes Magos dejaron en la Comandancia de Murcia un sobre anónimo que contenía un pendrive de 4 GB. El 7 de enero, al retornar de sus días festivos, accedieron al contenido y se dieron de bruces con siete fotos de una celebración en el Economato de la que habían disfrutado cinco presos. La fiesta clandestina contaba con un surtido de ibéricos, quesos, pasta, hamburguesas, pinchos morunos, solomillos y entrecotes, una tarta con dos velas que dejaban bien a las claras lo que allí se estaba celebrando (un 35 cumpleaños) y hasta una botella de champán francés Moët Chandon.

Los guardias civiles, anonadados, ya no tenían dudas de que habían acertado con el nombre de 'Brubaker'. Porque, como reflejaban en uno de sus atestados, «las mentadas fotografías, sin ser concluyentes, sí vendrían a ratificar (...) que se podían introducir productos en la prisión de manera ilegal y al margen de todos los protocolos que regulan la vida en un establecimiento de ese tipo».

«Es relevante -continuaban- que haya funcionarios que no cumplen con las obligaciones que impone su cargo, lo que se puede deducir del grupo de internos que estaba celebrando el cumpleaños». Algo a lo cual se unía la constancia de que «las imágenes se han tomado con un dispositivo, posiblemente un móvil de última generación, que necesariamente ha debido ser introducido en la prisión de manera ilegal».

Y acababan desvelando que en el falso techo del Economato se habían encontrado varios móviles del tipo 'smartphone', que por su tamaño no podían haber sido metidos en la cárcel por los presos o sus familiares -es decir, «en ninguna cavidad corporal»-, lo cual dejaba exclusivamente como sospechosos a empleados del centro.

No les llevó mucho tiempo a los 'edoa' identificar a los cinco presos participantes en el fiestorro y menos aún tardaron en desplazarse a la cárcel para tomarles declaración. Al menos tres de ellos confirmaron las sospechas de corrupción y hasta las ampliaron.

«Sé que hay funcionarios que introducen en la prisión, bajo pago, teléfonos, droga, comida y bebida. También he escuchado que hay internos que han pagado por prostitutas, pero eso no lo he visto», les confesó E.P.. Añadió que un guardián le pidió 5.000 euros, en apariencia para comida y bebida, y señaló que además le hicieron saber que pagando podría tener acceso a móviles y drogas. «Yo me negué y entonces los funcionarios comenzaron a hacerme la vida imposible. Yo, desde que entré, he estado en el módulo de respeto -el más flexible- y me mandaron al módulo 3, que es el de conflicto, donde se está bastante peor».

También confirmó que había pagado varias veces por participar en fiestas ilegales, al precio de 200 euros por cabeza, y que había comprado un móvil iPhone con cámara y conexión a internet por mil euros. «Se me rompió y me trajeron otro, un Huawei, por 600 euros».

Aunque ya eran hasta una decena los nombres de funcionarios surgidos en esta larga investigación, en estas primeras semanas de 2022 los guardias civiles concentraron su atención en uno de ellos: «El número 1 para todo», como lo había definido uno de los reclusos. Juan Manuel S., jefe de servicio en Sangonera.

A la extensa y unidireccional relación epistolar trabada entre presuntos delincuentes entre rejas y guardias civiles, por otra parte inédita, se había sumado la misiva presentada por familiares de un recluso, que desvelaban una novedosa técnica presuntamente delictiva en esta trama. Consistía, en apariencia, en que el citado Juan Manuel S. habría estado aprovechándose de su situación de privilegio para estafar a los presos o sus parientes, a quienes reclamaba elevadísimas cantidades de dinero para invertir en suculentos negocios inmobiliarios.

Hasta 500.000 euros habría reclamado así a un matrimonio supuestamente vinculado a un clan delictivo, que tenía a un sobrino en prisión. El funcionario se había hecho el encontradizo con ellos en una cafetería y, tras animarles a entregarles ese medio kilo de billetes, les había asegurado que el chico «va a ser tratado de maravilla», «le vamos a meter en un buen chabolo», «lo vamos a poner de preso de confianza», «le puedo meter todo lo que queráis: proteínas de gimnasio, teléfonos, lo que queráis...».

Finalmente, después de varios días con la misma cantinela y las mismas presuntas amenazas veladas de que la vida se le iba a complicar al sobrino encarcelado, accedieron a prestarle 40.000 euros para que los destinara a una inversión inmobiliaria.

Los problemas se agravaron cuando, después de un tiempo sin haber vuelto a tener noticias del 'boqueras', este matrimonio comenzó a pedirle cuentas y a reclamar el reintegro del dinero. Una situación que llevó en apariencia a Juan Manuel S. a enredarse en todo tipo de excusas y a entregarles incluso unos contratos y escrituras suscritos con una firma promotora china, que de tan falsos no habrían engañado ni a esos mismos chinos figurados.

Las escuchas telefónicas desarrolladas sobre algunos de los presuntos implicados en esta trama abrieron una inesperada línea de investigación: un supuesto intento, por parte de un grupo de intermediarios ajenos a la prisión, de frustrar por medios ilegales la subasta de una cantera del empresario Evedasto Lifante. Ello precipitó la puesta en marcha de un operativo en el que fueron arrestados media docena de sospechosos, entre ellos, de rebote, el citado jefe de servicio.

Fuentes próximas al caso consultadas por LA VERDAD se limitan a señalar que este asunto «sigue abierto», sin dar más explicaciones. Algo que, por otro lado, sobra. Basta conocer un poco cómo funcionan estos grupos de investigación de la Benemérita para sostener, sin margen para la equivocación, que no van a hacer caso omiso de tan suculento material como se les ha proporcionado y han ido acumulando durante dos años.

'Brubaker', como redivivo e implacable alcaide, amenaza con hacer saltar por los aires los cimientos de esta prisión.

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