La hora de la verdad para los exsocios de Trampolín Hills

Antonio Martínez González, conocido popularmente por el sobrenombre de El Melonero, afronta, a partir del día 11, el juicio más importante que ha tenido que encarar desde que el macroproyecto que había dibujado en un secarral de Campos del Río, con hasta 2.700 casas y campo de golf, se viniera abajo allá por 2009. La Fiscalía reclama para este constructor otros ocho años de cárcel -que se sumarían a los cinco que ya se le impusieron por otra estafa inmobiliaria- y una indemnización multimillonaria por un presunto delito de estafa en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Una pena idéntica pesa sobre Rafael Aguilera, quien fue socio de El Melonero en la construcción de grandes 'resorts' y que, ya en la última vista a la que ambos se enfrentaron optó por descargar toda la responsabilidad sobre él. «Antonio era el que hacía y deshacía», subrayó contundente.

El relato que el Ministerio Público pone encima de la mesa para sentar a estos dos promotores en el banquillo se inicia hace dos décadas, en 2003, cuando se constituyó Solera El Trampolín SL. Al frente de esa promotora, aún desconocida, se colocó Aguilera. Esta firma impulsó en Campos del Río un convenio urbanístico dirigido a levantar una macrourbanización de 2.750 viviendas, un campo de golf y pistas de tenis, piscinas, ocho zonas comerciales, tres hoteles y otros tantos restaurantes, un centro médico y un colegio bilingüe.

En el año 2005, la promotora Solera El Trampolín cedió los terrenos y el proyecto a la mercantil Trampolín Hills Golf Resort, ya a nombre de Antonio Martínez, que fue con la que se firmaron dos convenios con el Ayuntamiento de Campos del Río para la recalificación de los terrenos, que se pretendía convertir de rústicos a urbanizables.

A partir de marzo de 2005, «sin contar con capital suficiente ni financiación que soportase las obras, siendo los terrenos rústicos y conociendo que la reclasificación era imposible de obtener a corto plazo y sin poseer licencia de obras», remarca la Fiscalía, Trampolín Hills inició una gran campaña promocional a través de oficinas e internet. Más de 600 clientes de toda España y de un buen número de países de Europa se encapricharon sobre plano de alguno de esos inmuebles, adelantando cantidades superiores a los 50.000 euros.

En los contratos se hacía constar que se había firmado un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Campos del Río y se afirmaba que las casas se entregarían en un máximo de 36 meses a partir del primer pago. La Fiscalía remarca, no obstante, que los acusados sabían que «era imposible cumplir tal plazo», dado que en ese momento no contaban, ni tan siquiera, con la orden de reclasificación de terrenos.

El Ministerio Público hace hincapié en que El Melonero y su socio, para aparentar viabilidad, construyeron una oficina de ventas, un bar y cuatro viviendas piloto. Además, «para ganar la confianza de los clientes», se les entregaba un aval empresarial, a nombre de Trampolín Hills o Solera El Trampolín, y más tarde a cargo de una sociedad, denominada Swiss Financial Corporation, radicada en Panamá y sin autorización para operar en España.

La Fiscalía recuerda que las viviendas proyectadas, más allá de esas cuatro casas piloto, nunca llegaron a construirse. Los terrenos no se reclasificaron y los compradores, pese a sus muchas reclamaciones, no recuperaron el dinero. La cantidad presuntamente estafada asciende a 54 millones de euros, un montante, insiste el Ministerio Público, que fue destinado por los acusados «a fines que no guardaban relación directa con la construcción de las viviendas». El destino final de ese dineral no se ha aclarado.

A la vez que seguían firmando contratos para la venta de casas en la urbanización Trampolín Hills Golf Resort, Antonio Martínez y Rafael Aguilera comenzaron a impulsar en 2006 la construcción de otro 'resort', bastante más pequeño, en el paraje La Bajosa de Albudeite. La idea que se vendía allí era levantar 318 viviendas individuales en torno a un campo de golf. El proyecto, sin embargo, siguió el mismo camino que el de Campos del Río, atrapando también a más de medio centenar de perjudicados, con un volumen total de dinero entregado, y presuntamente estafado, de casi dos millones.

A finales de 2021 El Melonero y su exsocio ya fueron condenados por la Audiencia Provincial de Murcia a penas de prisión -un lustro en el caso del primero y cuatro años para el segundo- por haber estafado a una decena de familias británicas con la venta de viviendas en la pedanía murciana de Gea y Truyols. Ambos recurrieron la decisión ante el Supremo con el fin de evitar su regreso a prisión y la decisión está aún encima de la mesa. Mientras tanto, aguardan en libertad su macrojuicio ante la Audiencia Nacional.

Para bucear en este asunto, la Audiencia Nacional ha reservado cuatro semanas de sesiones, a partir del 11 de septiembre, en sus sedes de Génova y San Fernando de Henares, en Madrid.

La fiscal del 'caso Trampolín' pide la declaración como testigos de dos antiguos alcaldes socialistas, Ricardo Valverde y Francisco Parada, que se encontraban respectivamente al frente de los ayuntamientos de Campos del Río y Albudeite en la época en que se tramitaron los expedientes de las urbanizaciones. Igualmente deberán testificar en este juicio dos exconcejales de Urbanismo de Campos del Río, Esteban Jiménez y Miguel Ángel Navarro.

El Melonero lleva años defendiendo a capa y espada su inocencia y sosteniendo que en ningún momento trató de engañar a esos cientos de clientes. Asegura que lo único que le impidió llevar a buen término sus proyectos fue que le acabaron negando las licencias. Hace ya años desveló que se guarda un as en la manga para cuando llegue el momento de sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional. Avanzó que pondrá sobre la mesa el nombre de un antiguo alto cargo del PP que le habría pedido 660.000 euros a cambio de garantizar la recalificación de los terrenos. El espectáculo está asegurado.