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La Confederación Hidrográfica del Segura estima que el recorte del Trasvase tendrá un impacto elevado en la cuenca del Segura. Bajo la premisa de que se mantenga la revisión al alza de los caudales ecológicos en el Alto Tajo -pasarían de 6 a 8,5 m3/seg- se produciría una «pérdida neta de un volumen de agua que pondría en una situación de insostenibilidad unas 12.000 hectáreas», indicó este jueves el presidente del organismo de cuenca, Mario Urrea. El impacto se traduciría, además, en la merma de un valor de producción de 122 millones de euros anuales y también en una pérdida de 5.000 puestos de trabajo directos, añadió. «Eso, sin contar con los efectos inducidos que tiene el sector primario», apostilló.
En este escenario, la pérdida neta de excedentes sería de 105 hectómetros anuales, apuntó antes de que comenzara la reunión de la Junta de Gobierno, donde los ánimos de los regantes estaban calientes, tras conocer que el Gobierno de la nación también ha suprimido de un plumazo el 'precio social' del agua desalada.
En la Junta, a la que acuden representantes de cuatro comunidades autónomas, se dio cuenta de la redacción definitiva del plan de cuenca, que «actualiza los impactos socioeconómicos» que tendrá en la Región de Murcia, Alicante y Almería el recorte planteado por el Ministerio. Urrea recalcó después que se trata de proyecciones. Las pérdidas previstas estaban recogidas en el primer borrador del plan del Segura, que ahora han quedado más definidas en la última fase de la tramitación.
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Urrea apuntó que estas pérdidas estimadas ya tienen en cuenta las alegaciones al Plan de Cuenca del Tajo. Sobre esta base, todo apunta a que el Ministerio mantiene sus planes para reducir las transferencias al Levante.
El recorte estimado de 105 hectómetros es un volumen mayor al estimado hasta ahora. Supone reducir a la mitad los trasvases anuales para el regadío. El presidente de la CHS pronosticó que una vez se conozcan los proyectos de modernización de los regadíos de la cabecera del Tajo, así como el consumo de agua desalada previsto, la pérdida neta sería de 50 hectómetros. Sin embargo, precisó que se dejarían de transferir esos 105 hectómetros del Tajo al Segura.
Sobre la eliminación del 'precio social' del agua desalada por parte del Gobierno central, dijo que hay que «clarificar» el debate. Comentó que los 30 céntimos se fijaron en 2018 y que, si se actualizan con el IPC, hoy serían de 32 o 33 céntimos. Señaló que el Gobierno ha puesto encima de la mesa 34 céntimos. «Hablamos de 1 céntimo de diferencia. No creo que ese sea el debate ahora mismo de la cuenca del Segura», apostilló.
No obstante, Urrea admitió que esta subvención es «transitoria», para unos meses, a diferencia del 'precio social' fijado por ley, que tenía una vigencia temporal mayor. Dijo que el Ministerio trabaja para consolidar estos precios. Al ser preguntando sobre las razones que han llevado al Gobierno de la nación a cambiar la ley, Urrea contestó: «Se lo tendrá que preguntar al que redactó la ley».
«Me parece inadmisible que el Gobierno central se despache con ese desahogo hablando de un recorte del Trasvase y de dejar sin trabajo y sin oportunidades a miles de familias de la Región», afirmó el presidente, Fernando López Miras, que hizo un llamamiento a todos los políticos y la sociedad para no permitir que se lleve a cabo lo que Urrea anunció ayer. «No podemos admitir esa tropelía», zanjó. El diputado regional del PP Jesús Cano añadió que en el 43 aniversario del Trasvase, Pedro Sánchez envía «dos regalos envenenados a los regantes». La CHS ha incorporado al plan de cuenca el decreto sobre el precio de la desalación y actuaciones en el entorno del Mar Menor. El documento pasará por el Consejo de Agua de la Cuenca.
Sobre las lluvias, Urrea las recibió como un gran alivio, ya que la cuenca iba a entrar hoy en estado de alerta, con las consiguientes restricciones, que se han evitado. De momento, la prealerta seguirá hasta el verano.
El presidente de los regantes del Trasvase mostró ayer su pesimismo a raíz de las pérdidas estimadas por el futuro recorte de las transferencias del Tajo, de unos 105 hectómetros anuales «en el mejor de los casos». A su juicio, las pérdidas en empleo y producción serán mayores que las de las proyecciones que hace la CHS, pues cree que afectará a más de 24.000 has.
«Esto significa que Murcia pinta poquísimo, nada, nulo, en el contexto nacional. Enhorabuena al señor García Page, ha hecho una excelente gestión política», apostilló con ironía.
«Rodillo» y «mala fe»
Jiménez explicó que en otras cuencas hidrográficas se han rebajado las pretensiones de caudales ecológicos por medio de alegaciones presentadas, «pero, sin embargo, parece que esto no se va a producir en lo que afecta a la Región de Murcia, Alicante y Almería».
Sobre la eliminación del 'precio social' del agua desalada, se preguntó qué urgencia y necesidad tenía el Gobierno de Pedro Sánchez para cambiar la ley y suprimir el precio máximo de 30 céntimos. Consideró de «mala fe» que el decreto ley no permita ninguna modificación en la tramitación parlamentaria, salvo que algún partido pida que se curse como proyecto de ley, con lo cual sí se podrían presentar enmiendas. «Ante nuestras reiteradas peticiones de que el precio del agua desalada no sea mayor de 30 céntimos, lo que ha hecho el Gobierno ha sido cargarse esa reivindicación. Es una muestra más de cómo funciona el rodillo de este Gobierno, alterando derechos».
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