Pedro Sánchez cambia de un plumazo la ley que abarata el agua desalada

El Gobierno de la nación aprovechó el real decreto de sequía que aprobó hace dos semanas para eliminar de un plumazo el 'precio social' del agua desalada de 30 céntimos el metro cúbico, que quedó fijado en una ley anterior de marzo de 2018 refrendada en el Congreso de los Diputados. Los regantes del Trasvase se han encontrado con esta sorpresa al leer la letra pequeña del decreto, al comprobar que la tarifa de 30 céntimos que mandataba al Ministerio, fue sustituida por otro párrafo «que genera mucha inseguridad de cara al futuro», según comunicó este miércoles el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, a las comunidades de regantes de la Región de Murcia, Alicante y Almería.

Justo cuando se cumplen 43 años de funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura, sus comuneros pasaron del optimismo a la inquietud al comprobar que el Consejo de Ministros dio luz verde a un decreto que tiene una de cal y otra de arena. Por un lado, el Ministerio para la Transición Ecológica prevé subvencionar este año el agua desalada para el regadío del Levante con un precio base (hay que sumar IVA y otros gastos) de entre 34 y 41 céntimos el metro cúbico, según se trae de la desaladora de Torrevieja o de Valdelentisco; mientras que por otro lado aprovechó dicho decreto para eliminar la obligación legal que pesaba sobre el Gobierno central para que ese precio no supere los 30 céntimos.

Este 'precio social' fue un logro de los regantes del Trasvase para poder comprar agua desalada a un coste asequible, después de años de reivindicaciones, aunque el Gobierno de la nación no ha aplicado hasta ahora este mandato del Congreso de los Diputados. Los 30 céntimos fueron aprobados a través de una ley de medidas urgentes para paliar la sequía en marzo de 2018, con el voto favorable del PSOE. De hecho, los socialistas fueron quienes propusieron esta tarifa a cambio de dar su apoyo a dicha ley, cuando gobernaba Mariano Rajoy.

El nuevo decreto está pendiente de ser validado por el Congreso de los Diputados. En su disposición final quinta modifica la ley de 2018 y suprime el siguiente párrafo: «El Gobierno habilitará los mecanismos de subvención necesarios a fin de que el precio del agua desalada para riego no exceda los 0,3 euros por metro cúbico».

En su lugar, aprobó el siguiente párrafo: «El Gobierno, con carácter urgente, aprobará un plan de choque de optimización de recursos hídricos en la cuenca mediterránea que fomentará la utilización de recursos no convencionales, posibilitando el uso del agua procedente de desaladoras o de otras conducciones de la Administración General del Estado ya construidas mediante la ejecución de las obras y actuaciones que posibiliten que el precio del agua para riego no exceda de la capacidad económica de los usuarios». El dirigente del Scrats consideró que el «Ministerio ha metido un gol por toda la escuadra». «Hemos estado batallando por ese precio de 30 céntimos, pero ahora el Gobierno central lo ha quitado. Antes teníamos un valor de referencia para subvencionar el precio, pero, con este cambio, el mercado de la desalación se ha quedado abierto», lamentó. Lucas Jiménez recalcó que fue el PSOE quien propuso esa tarifa en el año 2018 y que aquella ley fue respaldada por todos los grupos parlamentarios en el Congreso.

El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, denunció que el Gobierno central «haya vuelto a castigar a la Región y sus regantes eliminando el 'precio social' del agua desalada de 30 céntimos el metro cúbico, que estaba recogido por ley anterior desde marzo de 2018 y que ahora fulminan sin aviso». Recordó que, «en el momento más duro de las últimas décadas y con los precios de la energía en máximos históricos, cargan contra los regantes del Levante y, en vez de apoyarles con medidas efectivas, les suben el precio del agua desalada», manifestó.

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