Los recursos por el recorte del Trasvase avivan la 'guerra del agua' en la precampaña

El Consell valenciano, que anunció el miércoles su recurso, está recibiendo críticas de los regantes, descontentos con el planteamiento de Ximo Puig de aceptar una merma del Trasvase. La Diputación Provincial de Alicante que preside Carlos Mazón y el Sindicato de Regantes del Trasvase también recurrirán. A esta confrontación judicial se sumará, en defensa de sus intereses, la Comunidad de Madrid, que piensa alegar porque se considera perjudicada con el Plan del Tajo.

Para el Gobierno regional, esta situación es el resultado de la política de Pedro Sánchez «de enfrentar a unas comunidades autónomas con otras», como señaló ayer el consejero de Presidencia y portavoz, Marcos Ortuño. Detalló en rueda de prensa que el Gobierno regional ha dado su visto bueno a la interposición del recurso «contra el injustificado recorte al Trasvase Tajo-Segura impuesto por el Gobierno central, que podría superar los 100 hectómetros anuales, casi la mitad de su aportación actual a la cuenca del Segura». Apuntó que solicitarán al Tribunal Supremo medidas cautelares para que se detenga la subida de caudales en el Tajo, en tanto que se resuelve la impugnación.

Ortuño esbozó los argumentos en los que se basará el recurso contencioso-administrativo, que se presentará los próximos días. Indicó que defiende los intereses de la Región de Murcia frente a los efectos del Real Decreto del 24 de enero, que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de diversas demarcaciones hidrográficas, entre ellas, las del Tajo y el Segura, que resultan «incongruentes e incompatibles». El recurso subraya asimismo el «nulo rigor técnico y la falta de respaldo científico que justifique el incremento del caudal mínimo circulante en el río Tajo para garantizar su buen estado ecológico».

En este sentido, incide en que esta medida se basa en informes «insuficientes y escasos de motivación», la cual se ha tomado de forma «unilateral por parte del Ministerio, modificando el acuerdo previo alcanzado por las comunidades autónomas en el Consejo Nacional del Agua».

El Gobierno regional considera que está liderando las medidas judiciales adoptadas también por la Junta de Andalucía y la Comunidad Valenciana en contra de una decisión «arbitraria e injustificada» del Gobierno central que «supone un grave perjuicio para todo el Levante español y para el mantenimiento de los cultivos más eficientes y rentables de España. La agricultura es uno de los pilares económicos de la Región, y su declive tendría consecuencias devastadoras para la economía local, el empleo y el tejido social», dijo Ortuño.

El recurso destaca además el «serio daño medioambiental» que supondrá la reducción en las aportaciones del Trasvase, que «intensificará el proceso de desertificación, con repercusiones irreversibles en la biodiversidad y en la sostenibilidad medioambiental de la Región de Murcia».

Marcos Ortuño señaló que el recurso ha sido coordinado con los regantes del Trasvase y expertos de la Diputación de Alicante, y criticó la posición de la Generalitat Valenciana a raíz de la decepción que ha causado en los regantes. Dijo que la propuesta de Ximo Puig «es un «paripé; es un 'recursito' para quedar bien, para cumplir y para no molestar a su líder nacional Pedro Sánchez», señaló el consejero. «Si por algo se caracterizan los barones socialistas, es por anteponer los intereses de su partido a los intereses de los ciudadanos. Nosotros no estamos de acuerdo con ese recurso que ya asume un recorte del Trasvase», afirmó.

Al ser preguntado si mantienen contactos con la Comunidad de Madrid, que defenderá sus intereses en el Tajo, dado que Aranjuez, la zona crítica de subida de caudales, está en su territorio, Marcos Ortuño contestó que están «abiertos» al «diálogo y al entendimiento» con todas las autonomías, incluida Madrid «si fuera necesario».