La Fiscalía investiga por qué caducó el plazo para instruir el caso de los cobros de 700.000 euros por ACAL

Con esta ya serían cinco las diligencias judiciales abiertas en la Región que se han visto malogradas, en todo o en parte, debido a la superación de los plazos que marca el polémico artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: el llamado 'caso La Sal', por una presunta malversación multimillonaria en la construcción y adquisición de la desaladora de Escombreras, que impulsa el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia; el 'caso Pasarelas', que motivó la exculpación del expresidente Pedro Antonio Sánchez en el asunto sobre unas obras adjudicadas de forma supuestamente ilegal en Puerto Lumbreras, que llevó el Juzgado número 3 de Lorca; el 'caso King Kong' sobre las obras del Teatro Auditorio de Cehegín, archivado por el Juzgado número 2 de Caravaca de la Cruz tras haber expirado igualmente el tiempo máximo para investigar sin haber practicado diligencias ni tomado declaración a los sospechosos, y el 'caso ACAL', del Juzgado número 3 de Caravaca, en el que ya se investigó una aparente actuación delictiva de dos letradas de ese mismo despacho legal, que fueron acusadas de haber realizado informes jurídicos «a la carta» para dar apariencia de legalidad a expedientes del Ayuntamiento caravaqueño.

Este mismo domingo, nada más conocer esa información, el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, comenzó ya a hacer gestiones para indagar sobre las razones que habrían llevado a que se cumpliera el plazo máximo legal en este asunto sin que, salvo un requerimiento al Consistorio caravaqueño para que remitiera los contratos y la relación de facturas abonadas a ACAL desde el año 2000, se hubiera prácticado ninguna otra prueba en apariencia. Con la circunstancia agravante de que en este asunto ni siquiera se llegó a declarar «causa compleja», según todos los datos recabados por este periódico, lo que habría permitido prorrogar la investigación otros dieciocho meses.

Los hechos que debían haber sido investigados en el mencionado juzgado se remontan a 1999, cuando Jesús García Navarro, como director del despacho Jesús García y Asociados, Abogados y Consultores de la Administración Local (ACAL), firmó un contrato de asesoramiento jurídico y dirección letrada con el Consistorio de Caravaca de la Cruz. Aunque el acuerdo tenía una duración de cuatro meses, a razón de 352.000 pesetas mensuales (unos 2.100 euros), ello no habría impedido que a lo largo de catorce años ACAL continuara desempeñando esa función, supuestamente ya sin respaldo contractual alguno, y facturando y cobrando más de 700.000 euros por sus trabajos.

La investigación partía de una denuncia de la Fiscalía Superior, que remitió al juzgado la documentación aportada por un abogado caravaqueño.

Desde el TSJ explicaron a LA VERDAD que ese juzgado de Caravaca ya fue objeto de una inspección hace tan solo unos meses con motivo de otra causa cuya investigación había caducado, por lo que se considera que en estos momentos no tendría sentido una nueva auditoría. Además, señalan que se está a la espera de que desde el Ministerio se puedan adoptar medidas de auxilio a los tribunales, como la que se propuso desde el TSJ de establecer algún tipo de alerta que avise al instructor de cuándo un procedimiento está a punto de expirar.