Las fincas sancionadas del Mar Menor tendrán que devolver las ayudas que reciben de la UE

Además de regar sin autorización, han recibido ayudas directas de la Unión Europea (UE). Es lo que ha ocurrido con casi una veintena de explotaciones agrarias del Campo de Cartagena que han sido sancionadas ahora por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por carecer de derechos de agua. El interrogante es cuántos años han estado regando ilegalmente en el entorno del Mar Menor y a la vez recibiendo subvenciones públicas. Estas irregularidades se han detectado en el primer paquete de sanciones de la CHS, al que seguirán más las próximas semanas.

La Consejería de Agricultura ha detectado ahora esta situación, cuando le han llegado los expedientes sancionadores de la CHS, que fueron iniciados en 2018. El Gobierno regional tiene que atender este nuevo frente e iniciar un proceso para que las explotaciones incumplidoras de la normativa sobre aguas reintegren las ayudas directas que han recibido de la PAC (Política Agrícola Común) en 2018 y quizás de años anteriores. Además de las penalizaciones que prevé la legislación europea, la ley de Medidas Urgentes del Mar Menor es más estricta y exige devolver no solo las ayudas de la PAC, sino todas las subvenciones y fondos públicos que hayan recibido los infractores.

En el primer paquete de 62 sanciones por riego ilegal en el Campo de Cartagena remitido por la Comisaría de Aguas a la Consejería de Agricultura, y que corresponden a 55 empresas agrícolas, se ha comprobado que al menos 17 recibieron ayudas de la PAC (casi un tercio), con el añadido de que aumentarán y de que algunas están vinculadas a organizaciones de productores. Por término medio, las cuantías de esas ayudas oscilan entre los 20.000 y 30.000 euros anuales, informaron fuentes de la Comunidad Autónoma.

Las ayudas se han cursado cuando la CHS ya tenía abiertos los expedientes sancionadores, pero no informó de ello a la Consejería cuando requirió expresamente dicha información en febrero. La CHS argumentó ayer que los expediente iniciados en 2018 «se están resolviendo ahora», por lo que no pudo responder antes a la Comunidad. «Al no estar resueltos aún, el procedimiento administrativo establece la presunción de inocencia también en la actividad sancionadora. Hasta que no se resuelve no puede haber consecuencias», indicó un portavoz.

En un oficio de febrero, la Consejería pidió a la CHS los datos de los titulares de explotaciones agrarias solicitantes de ayudas de la UE «a los que se ha detectado incumplimiento de la normativa de aguas y relativa a la protección de aguas subterráneas durante 2018». Lo hizo aplicando del control de Condicionalidad, que es un mecanismo de la UE que vincula los pagos de las ayudas de la PAC al cumplimiento de ciertas obligaciones medioambientales, de buenas condiciones agrícolas y salud pública, entre otras. Este protocolo es exigente en el «cumplimiento de los procesos de autorización del uso de agua para riego».

Para «evitar la tramitación de posibles pagos indebidos» de la PAC, la Consejería volvió a requerir los mismos datos a la CHS semanas después.

La Comisaría de Aguas respondió en marzo a la Comunidad que en su base de datos «no consta ningún expediente sancionador sobre vertidos o actividades contaminantes» en 2018, y se ciñó a una lista de control que le mandó la Consejería donde figuraba una serie de empresas. Sin embargo, no contestó sobre el requerimiento principal de información sobre todas las explotaciones agrícolas y al cumplimiento de la normativa de aguas, pese que algunos expedientes sancionadores ya se habían iniciado en 2018.

La CHS, por otra parte, presentó ayer doce nuevos vehículos para mejorar las labores de vigilancia. Cuatro son híbridos y eléctricos.

La Consejería criticó al Ministerio por sacar ahora el anuncio para contratar el proyecto de la ampliación de la desalobradora de El Mojón. «Nos sorprende que después de más de tres años desde el inicio de los trámites, y a dos días de las elecciones», el Ministerio haya sacado este concurso, dijo. «A finales de 2016 el Gobierno de Rajoy contrató la redacción de ese proyecto».