Fedea afirma que la condonación de la deuda favorece a Cataluña y perjudica a la Región de Murcia

El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el economista Ángel de la Fuente, valoró este miércoles «muy negativamente» la propuesta del Gobierno central para asumir hasta 80.000 millones de la deuda de las comunidades, advirtiendo de que este planteamiento «favorece» a Cataluña y perjudica a las regiones infrafinanciadas como la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía.

Ángel de la Fuente avisó de que la condonación de la deuda puede provocar un «previsible impacto negativo sobre los incentivos de las comunidades para mantener una mínima disciplina fiscal» y puso en cuestión el reparto territorial de las ayudas. Asimismo, puso en duda que «separar la cuestión de la deuda de la negociación sobre la reforma del sistema de financiación sea una buena estrategia negociadora».

«La condonación incondicionada de deuda que el Ministerio propone es una pésima idea porque agravará los serios problemas de incentivos que ya sufre el sistema de financiación autonómica de régimen común», agregó Ángel de la Fuente en unas notas valorando esta propuesta.

En este contexto, Fedea cree que cualquier quita de la deuda no sujeta a condiciones estrictas de ajuste «tenderá a confirmar la percepción que ya tienen las comunidades de que pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan porque al final el Estado las rescatará de una forma u otra sin coste alguno para ellas». «Constituye una invitación a la indisciplina fiscal», alertó.

A renglón seguido, Ángel de la Fuente señaló que esta propuesta y su justificación para compensar los adversos de un shock financiero «la convierte en un seguro gratuito contra el riesgo cíclico a la baja que eliminará cualquier tentación que pudieran tener las comunidades de ahorrar algo para los malos tiempos e incrementará también el gasto del Estado».

Por otra parte, la distribución territorial de la condonación de la deuda «es muy cuestionable con criterios tanto de equidad como de eficiencia». «Podría tener sentido si se utilizase para corregir inequidades pasadas, compensando la infrafinanciación acumulada a lo largo del tiempo por determinados territorios. Desde esta perspectiva, el criterio lógico a la hora de repartir estas ayudas sería la infrafinanciación que se ha acumulado al menos durante la vigencia del actual modelo de financiación», añadió Ángel de la Fuente.

Bajo su punto de vista, la forma más razonable sería repartir las ayudas en proporción a la población ajustada porque «cualquier intento de afinar el cálculo utilizando la acumulación observada de deuda en cada territorio como indicador de reparto plantearía serios riesgos de introducir penalizaciones a la buena gestión».

Eso sí, Ángel de la Fuente admitió que el reparto propuesto por el Ministerio de Hacienda tiene en cuenta esos dos criterios, «pero de una forma peculiar en el caso de la infrafinanciación, puesto que la prima por este concepto no refleja necesariamente la magnitud del problema, esto es la infrafinanciación acumulada que sufre cada comunidad».

Por otra parte, en el reparto se introducen también otras correcciones que «favorecen a las regiones más endeudadas, primando así la irresponsabilidad fiscal, y a las que han usado su capacidad normativa para subir el IRPF, violando la neutralidad exigible al Gobierno central ante el ejercicio por parte de las comunidades autónomas de su autonomía de ingreso».

Por ello, Ángel de la Fuente elaboró un reparto alternativo a la propuesta de Hacienda que, bajo su punto de vista, sería «más razonable por consideraciones tanto de equidad como de eficiencia».

«Una de ellas distribuye todos los recursos disponibles en proporción a la población ajustada. La otra, que en mi opinión sería la preferible si nos empeñamos en condonar deuda autonómica, compensa en primer lugar la infrafinanciación acumulada entre 2010 y 2022 y distribuye después los recursos restantes en proporción a la población ajustada», explicó.

Según sus comparaciones, la propuesta del Gobierno «favorece especialmente» a Cataluña, que recibe un 87% más y «perjudica claramente» a la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, que reciben entre un 15 y un 40% menos que bajo la segunda propuesta alternativa.

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