La Comunidad concluye que los usos económicos son compatibles con la protección del Mar Menor

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor abrió un periodo de consultas previas para que instituciones, colectivos ecologistas y ciudadanos realizaran observaciones; un trámite que ha finalizado con la elaboración del documento de alcance del principal instrumento de ordenación y gestión de la cuenca vertiente, que abarca una superficie total de 1.232 kilómetros cuadrados, que representa más de la mitad de la superficie de la provincia de Guipúzcoa.

La Dirección General de Medio Ambiente ha tenido en cuenta las aportaciones y valoraciones realizadas, que enriquecen el modelo planteado, entre ellas las de los ayuntamientos ribereños, la Confederación Hidrográfica de Segura, la Oficina Técnica del Mar Menor, colectivos sociales, expertos en patrimonio, universidades públicas y empresarios, entre otros.

El documento de alcance ha sido realizado a petición del órgano sustantivo, en este caso por la Dirección General de Ordenación del Territorio, porque así lo exige el artículo 15 de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. El objetivo es dar a conocer el marco legal que se debe tener en cuenta y los informes recopilados de todos los colectivos e instituciones afectados en la redacción del Plan de Ordenación Territorial.

La Dirección General de Medio Ambiente ha establecido en definitiva una guía, una hoja de ruta que remitirá a la Dirección General de Ordenación del Territorio -adscrita al vicepresidente de la Comunidad Autónoma, José Ángel Antelo-, para que adapte el Plan de Ordenación Territorial y elabore el Estudio Ambiental Estratégico. Dicho estudio deberá ser aprobado por los técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería, en manos de Juan María Vázquez, los cuales tendrán la última palabra.

Entre los informes y aportaciones realizadas en el periodo de consulta figuran los de la Confederación Hidrográfica del Segura, que considera que deben tenerse en cuenta las posibles afecciones a las ramblas y adoptar medidas para minimizar el riesgo de inundaciones. Asimismo, la Oficina Técnica del Mar Menor hace hincapié en la necesidad de diseñar un modelo de ordenación territorial que posibilite el desarrollo equilibrado de las diferentes actividades existentes en la zona.

Los expertos en patrimonio natural de la Comunidad Autónoma, por su parte, solicitan que se tenga en cuenta que se está trabajando en renaturalizar algunos lugares seleccionados. Recomiendan que se apliquen soluciones basadas en la naturaleza y se impulse el desarrollo de actividades económicas armonizadas con la protección de la naturaleza.

El Ayuntamiento de Cartagena apunta, entre otras cuestiones, que se tenga en cuenta la movilidad sostenible y las zonas afectadas por residuos mineros. El consistorio de San Javier, por su parte, pide que se minimicen los efectos sobre el paisaje de la implantación de energías renovables; mientras que los de Torre Pacheco y La Unión insisten en que se perfeccione el estudio hidráulico de las cuencas, la inundabilidad, y la restitución de cauces, principalmente.

La Universidad de Murcia ha realizado aportaciones sobre renaturalización y uso de soluciones basadas en la naturaleza. Asimismo propone que se tomen en consideración los efectos del cambio climático. La Universidad Politécnica de Cartagena señala que deben adoptarse medidas para reducir el arrastre de sedimentos y la pérdida de suelo.

Algunos colectivos sociales, como Pacto por el Mar Menor y Asociación Amarme, demandan, entre otros aspectos, que se actualice la información territorial que ha quedado obsoleta y que se tengan en cuenta los paisajes históricos para su correcta renaturalización. La patronal regional Croem solicita que se tengan en cuenta la integración de propuestas realizadas en otras directrices y planes de ordenación territorial existentes, señala el Gobierno autonómico.

El documento de alcance se ha elaborado partiendo del avance del Plan de Ordenación Territorial del Mar Menor -cuyo borrador se dio a conocer parcialmente en agosto- que define las propuestas iniciales para mejorar el sistema, orientadas a garantizar la sostenibilidad económica, social y ambiental, a largo plazo, de todos los usos que se dan en la cuenca vertiente. El principal instrumento de ordenación y gestión de las actividades que se desarrollan principalmente en el Campo de Cartagena y zonas adyacentes, también persigue armonizar y compatibilizar estos usos -con un marco normativo unificado- para evitar conflictos entre ellos; así como mejorar la calidad urbana y paisajística del Mar Menor. También propone las infraestructuras necesarias para la mejora del sistema socioecológico; a la vez que arbitrar actuaciones de defensa contra las inundaciones.