Mendoza será juzgado por las obras ilegales en el campus de la UCAM

José Luis Mendoza, presidente de la Fundación San Antonio y de la Universidad Católica UCAM, se encamina a ser juzgado por un presunto delito urbanístico como supuesto máximo responsable de la construcción ilegal de una serie de edificios en el campus de Los Jerónimos, en Guadalupe. Así lo ha decidido la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, que acaba de dictar un auto de procedimiento abreviado (PA), por el que viene a poner fin a la investigación judicial y en el que concluye, a modo de resumen, que existen indicios suficientes de la aparente comisión de un delito contra la ordenación del territorio.

Los hechos que están siendo escrutados por esta magistrada desde el año 2016 se refieren a la construcción de un aulario de casi 2.500 metros cuadrados, un laboratorio, un almacén, un porche, una cafetería y una caseta para un grupo electrógeno, con una superficie total de cerca de 3.500 metros cuadrados. Las obras se acometieron sin que se solicitara siquiera la preceptiva licencia urbanística y fue unos años después de levantados, y de que hubieran sido puestos en funcionamiento, cuando los responsables de la universidad privada reclamaron a la Administración que les legaliza los inmuebles por razones excepcionales de interés público.

En su resolución, la magistrada Azuar pone de relieve que estos edificios fueron construidos sobre un suelo calificado como 'No Urbanizable-NR Huerta. Rincones y cabecera del Segura y otros espacios de alto interés'. Y deja constancia seguidamente de que la normativa urbanística establece que «la significación cultural, paisajística y ambiental de esas huertas justifica su tratamiento como huertas altamente protegidas, sujetas a las máximas restricciones y cautelas frente a todo tipo de transformaciones urbanísticas».

Igualmente recuerda que las únicas obras que se ejecutaron con licencia fueron las acometidas en 2011 en la denominada parcela 256, que se otorgaron gracias a una solicitud de interés general, y que aún así se incumplieron las condiciones para las que esa autorización fue concedida. De hecho, la Administración solo permitía pavimentar el 10% de la superficie afectada, obligando a destinar el 90% restante a cultivos o plantaciones ornamentales, y aún así se pavimentó el 100%. Igualmente se acometieron otras obras no autorizadas, como una cafetería y la instalación de un grupo electrógeno.

El resto de las construcciones del campus de Guadalupe, en el entorno del Monasterio de Los Jerónimos, se habrían llevado a cabo sin licencia urbanística alguna, lo que motivó la apertura de un expediente administrativo sancionador y, más tarde, la incoación de un procedimiento penal que ha concluido ahora con el dictado de este auto de PA.

Por parte de la defensa de José Luis Mendoza se ha venido manteniendo, desde un principio, que esas construcciones son susceptibles de legalización, por razones de interés general, y que por ello no existía delito. En esa línea, los abogados aportaron un certificado, suscrito por quien era jefe del Servicio Jurídico de la Dirección General de Ordenación del Territorio, José Luis Pérez Almansa, en el que se sostenía que había razones para que las obras «fuesen jurídica y procedimentalmente autorizables, quedando legalizadas».

Pese a ello, la juez recuerda que esas conclusiones fueron rectificadas más tarde por Pérez Almansa en el juzgado, donde señaló que en su certificado se había limitado a recoger «solo una hipótesis».

Al margen de ello, la instructora considera que existen muchos otros elementos en las diligencias que justifican el dictado de un auto de PA y que Mendoza se encamine hacia un juicio por delito urbanístico. Y se refiere expresamente a abundante documentación recogida en el procedimiento, como el informe realizado por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Murcia, que concluyeron que las obras realizadas sin licencia no eran legalizables, por lo que se emitió una resolución obligando a restablecer la legalidad urbanística; esto es, a demoler los edificios cuestionados.

También deja constancia la juez de que fue necesario designar hasta cuatro peritos del Colegio de Arquitectos de la Región, ya que fueron renunciando uno tras otro con diversos argumentos, hasta que el último indicó que los inmuebles no estaban eximidos de cumplir las determinaciones legales y que debían haber obtenido una licencia previa a su construcción.

Tampoco ha favorecido a la UCAM ni a su presidente el hecho de que la Administración regional haya desestimado, por silencio administrativo, la petición que desde la universidad privada se le hizo para legalizar las obras por interés social. Transcurridos los cuatro meses máximos para responder, la Comunidad no lo hizo, por lo que se estima rechazada la solicitud.

Por si todos esos argumentos no fueran suficientes, la juez Azuar cita una sentencia del Tribunal Supremo en la que se señala que el delito urbanístico «viene determinado no solo por no estar autorizada la obra, sino por no ser tampoco autorizable en ese preciso momento, y no en cualquier hipotético tiempo futuro». E insiste en que el delito se refiere «a la ilegalidad material de la edificación cuando se realiza, por no ajustarse a la ordenación».

El dictado del auto de PA es el paso previo a la apertura de juicio, que se producirá si el Ministerio Fiscal o la acusación particular, impulsada por dos antiguas ediles de Ahora Murcia, formulan escrito de acusación. Algo que se da por supuesto.