La Intervención General ve «graves déficits» en la renovación de los contratos públicos municipales de Murcia

Ello no obsta para que siempre puedan encontrarse cuestiones o incumplimientos legales especialmente llamativos o que describen una tendencia operativa. En esta ocasión, la Intervención ha detectado «un importante aumento en número e importe respecto a los reparos emitidos» contra expedientes de contratación, hasta alcanzar una cuantía de casi 20 millones de euros. ¿Qué significa esto? Que el Pleno de la Corporación ha tenido que levantar –o tiene pendiente hacerlo– hasta 24 escritos en los que el órgano fiscalizador se oponía al pago de unos servicios prestados por un tercero y efectivamente recibidos por la Administración pública. Este rechazo se basa en que el expediente de contratación que lo sustenta se ha tramitado con algún incumplimiento normativo o, directamente, no se ha hecho.

De hecho, el informe pone especial énfasis en esta última cuestión al señalar que 11 de esos reparos –por importe de casi 17,5 millones de euros– se refieren a gastos relativos a la aprobación de la continuidad en la prestación de servicios cuya vigencia finaliza sin la cobertura de un nuevo contrato «pese a tramitarse los expedientes para la aprobación del gasto por parte de los Servicios Promotores». Por tanto, el órgano de control señala directamente en relación a estas anomalías y demoras de una nueva licitación al Servicio de Contratación, dirigido por el vicealcalde Mario Gómez desde mitad de 2019, primero en coalición con el PP y después con el PSOE, desde la primavera del año pasado.

En esta situación se habrían encontrado prestaciones relacionadas con los servicios de gestión de tributos, mantenimiento y gestión de los centros culturales municipales, alumbrado, reprografía, informática o servicios sociales, muchas de ellas en trámite de solución contractual o ya solventadas. Y claro, dichos servicios debían ser prestados por su carácter esencial pese a no existir una relación contractual reglada, pero también deben ser abonados al prestador para no incurrir en un enriquecimiento injusto de la Administración. Cuestión distinta es lo que este proceder pueda parecer, eventualmente, al Tribunal de Cuentas.

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Para evitar la reiteración de estas situaciones, que generan «importantes déficits en la gestión de la contratación, con problemáticas de gravedad y trascendencia esencial para la gestión pública», la Intervención municipal establece varias recomendaciones. La más clara es la adecuada programación y planificación de la actividad contractual, según lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público, acometiendo, además, el «correspondiente seguimiento para corroborar su cumplimiento, analizando «las causas que motivan las desviaciones y las medidas a adoptar para evitarlas en el futuro». Pide, además, que en los supuestos en los que al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado uno nuevo, se acuda a la figura de la prórroga forzosa recogida en dicha ley, debiendo, en caso contrario, justificar las razones que han impedido su aplicación. El informe también subraya incumplimientos en cuanto a la adecuada ejecución de los contratos de obras, con retrasos medios de casi dos meses, asi como su insuficiente seguimiento y la ausencia de imposición de penalidades a los contratistas.