Arroyo exige a Migraciones que garantice el orden en el Naval de Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, denunció este martes que la protesta de medio centenar de inmigrantes acaecida sobre las diez de la noche del lunes en el campamento del Naval es «una razón más para acelerar su cierre». Así se lo repitió a la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, tras conocer este nuevo episodio en el que tuvo que intervenir el Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (GOESC) de la Policía Local para «calmar los ánimos y evitar que la situación se complicase aún más».

Horas antes, en la reunión que mantuvieron en el Palacio Consistorial, trasladó esta petición a Cancela y le ratificó el rechazo de «la gran parte de los cartageneros» a esta infraestructura, así como a la concentración de recursos en el municipio, que ya recibe en su costa a inmigrantes en situación irregular.

Tras la reunión, Pilar Cancela visitó las instalaciones del campamento del antiguo Hospital Naval, acompañada por la delegada del Gobierno en la Región, Mariola Guevara, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Torres, junto a personal de Accem. La alcaldesa declinó la invitación de visitar juntas el recinto por «coherencia», ya que está en contra del mismo y exige su desmantelamiento.

Precisamente fue esta visita la que originó la protesta en la noche del lunes. Cincuenta inmigrantes regresaron en autobús al recinto hospitalario tras pasar el día en una excursión fuera del municipio para celebrar la fiesta del cordero. A su llegada conocieron la visita de las autoridades y protestaron porque querían verlas y hablar con ellas. Las quejas están motivadas porque los usuarios prefieren residir en otros recursos en los que los controles horarios son más flexibles. Los responsables del centro ya les han explicado que «las derivaciones a recursos más pequeños y con mayor flexibilidad se realizan en función de la disponibilidad de plazas y de la vulnerabilidad de las personas».

Por su parte, fuentes policiales indicaron que no hubo ningún tipo de violencia, pero sí gritos que alertaron a los vecinos de las urbanizaciones aledañas. La presencia de agentes llegó a más de una docena en coches y furgonetas. Casi cuando se retiraron los inmigrantes, se unieron dos patrullas de la Guardia Civil. Para mayor seguridad, cortaron los accesos a la carretera de Tentegorra a la altura de la rotonda que va hacia esa zona y Canteras.

Para Arroyo, este segundo incidente es «una prueba más de los riesgos de mantener concentrados a más de setecientos inmigrantes en un mismo recinto». A pesar del trabajo de la ONG, insistió en que hay «riesgos para la convivencia, se generan molestias para los vecinos y una intranquilidad lógica entre los habitantes de la zona». Por ello, reclamó tener por escrito los acuerdos adquiridos por Cancela en la tarde del lunes, así como que el Ministerio busque alternativas al campamento y que mientras tanto ponga «todos los medios y medidas posibles para garantizar el orden y la convivencia en el interior del recinto».

La primera edil ha convocado a la Junta de Portavoces este miércoles para abordar la situación y «mantener la mayor unidad y consenso en las actuaciones que se hagan desde el Ayuntamiento».

El vicepresidente regional y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, remitió este martes una carta a la ministra de Migraciones, Elma Saiz, demandando el cierre «del CETI». Antelo insistió en que el municipio de Cartagena «no aguanta un año más esta realidad, aunque el Ejecutivo nacional intente negar el ambiente que se vive en el centro».

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