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La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se comprometió este lunes con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, a que el campamento ubicado en el antiguo Hospital Naval será una infraestructura «temporal». Cancela aseguró que las instalaciones comenzarán a desmantelarse a finales del primer semestre de 2025 cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tenga equipados los catorce centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI), que prevé abrir en España con fondos europeos. «Ninguno de ellos en la Región de Murcia», puntualizó la responsable de este departamento ministerial dirigido por Elma Saiz.
La primera edil solicitó tener una garantía por escrito de los compromisos adquiridos por el Gobierno central con el local. Arroyo espera que le hagan llegar la ratificación de que el campamento es provisional y no se convertirá en un CETI. También que Migraciones no pretende comprar el antiguo recinto militar y que a partir de ahora habrá un canal de comunicación «constante» entre ambas administraciones y la Comunidad Autónoma, para hacer un seguimiento de los inmigrantes que abandonan las instalaciones. La falta de transparencia y de lealtad institucional acusada al Gobierno de España por la primera edil, así como los obstáculos encontrados para llegar a esta primera reunión han hecho que muestre cierta reticencia y exija tener todas las garantías.
Cancela incidió en que el centro de atención, emergencia y derivación (CAED) «nunca fue considerado una instalación permanente ni estable». Su naturaleza es mantener un «flujo constante» de personas, cuya movilidad en los últimos seis meses «no ha sido tan rápida» por la situación de emergencia que vive España, y por la que el Gobierno canario, cuyos dispositivos de atención a inmigrantes están en un 95% de ocupación, solicitó al Central más recursos para atender la llegada incesante de cayucos desde África por una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo. «España ha triplicado la llegada de inmigrantes en los primeros meses del año, en comparación con el pasado», reconoció la responsable de Migraciones.
Pese al contexto nacional, se comprometió a que el campamento del Naval «no excederá el tope máximo» de ocupación, fijado en 772 plazas, de las que ahora hay 762 ocupadas por usuarios varones de entre 18 y 34 años. Y defendió que es un centro «seguro».
En cuanto a la cesión de uso del Ministerio de Defensa al de Migraciones confirmó que ha sido prorrogado por un año más, hasta junio de 2025. Indicó que «no hay ninguna previsión de adquirir el edificio por 25 millones de euros para convertirlo en una instalación definitiva». Según la explicación de Cancela, la tasación del inmueble que aparece en el expediente de Patrimonio del Estado se genera de forma «automática» en este tipo de trámites, pero no responde a la intencionalidad de compra. Migraciones renunciará por escrito a la propuesta de compra de la mutación demanial y remitirá al Ayuntamiento dicha documentación.
En cuanto a las obras sin licencia en el hospital paralizadas por la Concejalía de Urbanismo hace unas semanas, Cancela explicó que «no son para ampliar el centro, ni para dotarlo de más plazas», si no que se trata de algo «provisional». Defendió que la finalidad es trasladar las carpas que ya están en las dependencias del Naval a los edificios para atender a los usuarios en unas condiciones de «habitabilidad y dignidad» más óptimas. Queda pendiente que solicite la licencia para poder continuar con las obras.
Cancela remarcó que esta es una hoja de ruta «coherente, con un compromiso político». Este fue explicado en una reunión de poco más de una hora celebrada en la tarde de este lunes en el Palacio Consistorial. Asistieron también la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, y el concejal de Urbanismo, Diego Ortega.
La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, trasladó a la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, la posición del Pleno municipal, que respalda el rechazo de «la mayor parte de los cartageneros» al centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI). Así como la intención de recuperar este antiguo hospital militar, en desuso desde 2012, para fines sociosanitarios.
La primera edil reconoció que «no tiene que ser fácil gestionar los dispositivos de emergencia», pero remarcó que «no tiene ningún sentido concentrar los recursos en un solo lugar y convertirnos en el único municipio de España que recibe a inmigrantes que llegan a sus costas y a los que el Gobierno también nos manda por avión desde Canarias».
Arroyo exigió recibir todos los compromisos por escrito y agradeció el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento, junto con la colaboración ciudadana, para evitar «hechos de mayor gravedad», como la concentración de inmigrantes por la expulsión de un usuario, en la que intervino la Policía Local. También Cancela agradeció la solidaridad de los cartageneros.
La buena predisposición de ambas partes, pese a que la «fructífera» reunión de trabajo de este lunes no se pudo celebrar antes por «cuestiones de agenda» y para no influenciar en los periodos electorales, según puntualizó Cancela, no impidió que dejaran claras sus posturas. Arroyo declinó la invitación de Cancela para visitar juntas el campamento del Naval tras la reunión. «Por coherencia no voy a visitar una instalación de la que estoy en contra. Defiendo que el campamento se levante y que haya garantías por escrito de esa provisionalidad. Quiero creer en la palabra de la secretaria de Estado de Migraciones, pero como desde noviembre nos hemos enterado de poco o nada y ha habido incumplimientos, prefiero no ir. Confío en que todos los acuerdos alcanzados se puedan materializar», justificó Arroyo.
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