El juez decidirá si los cinco policías de Cala Cortina vuelven a prisión

Los cinco policías nacionales acusados en el 'caso Cala Cortina' aceptaron en la mañana de este viernes, en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, que tiene su sede en Cartagena, que se les imponga una pena de cuatro años de cárcel por delitos de detención ilegal y de homicidio por imprudencia en la muerte del vecino Diego Pérez en marzo de 2014. Cada uno de los agentes afrontaba al principio peticiones de penas de 20 años, en el caso de la Fiscalía, y de 24 años en el caso de la acusación particular.

En una vista presidida por el magistrado Jacinto Aresté, los agentes José Carlos Mateos Luján, José Antonio Costas Guerrero, José Luis Solano Albaladejo, Rubén Manuel Forné Navarro y Raúl Aguado Rodríguez dieron su aprobación al acuerdo alcanzado por sus abogados, los letrados de las acusaciones particulares y la Fiscalía para un juicio que iba a abarcar casi todo octubre y principios de noviembre. Quedó fuera del acuerdo, puesto que se trata de una cuestión ejecutoria, la posibilidad de que el tribunal aplique la ley que permite suspender la entrada en prisión de los condenados si cada uno de los delitos no supera los dos años. Como en este caso, el castigo por cada uno de los dos reproches penales es de dos años, los funcionarios podrían beneficiarse de esa regulación y por lo tanto no volverían a ser recluidos.

La Fiscalía y el abogado de la familia de Diego Pérez, vecino de Las Seiscientas, reclamaron que, debido a la gravedad de delito y a que sus autores tienen un deber especial de servicio a los ciudadanos, los policías sean de nuevo puestos entre rejas para cumplir los dos años y diez meses que les restan. Añadieron que la confesión de los hechos y la reparación económica parcial del daño les ha servido para el acuerdo de conformidad, y que no hay un esfuerzo adicional para evitar la cárcel.

Los agentes estuvieron de forma provisional en ella un año y dos meses. Fue entre octubre de 2014, cuando fueron arrestados en una operación de Asuntos Internos de la Policía, y diciembre de 2015, cuando fueron puestos en libertad provisional a la espera del juicio. Entre medias, en octubre de 2015, falleció en prisión un sexto agente que también estaba imputado.

Los abogados defensores piden que se aplique la suspensión de la entrada en la cárcel, lo que de ser aceptado por el magistrado conllevaría la obligación de los condenados de no delinquir hasta cumplir la pena. De lo contrario, volverían automáticamente a la cárcel. Respecto a la pena de inhabilitación para el ejercicio del empleo público durante el tiempo de la condena, el Ministerio Público y la acusación particular pretenden que el tribunal determine la inhabilitación absoluta para los policías. Esto llevaría aparejado, según fuentes judiciales, la apertura a nivel administrativo de un expediente disciplinario por parte del Ministerio del Interior y la expulsión automática del Cuerpo Nacional de Policía.

Según esas mismas fuentes, durante la duración de la pena, los policías no podrían ejercer ningún tipo de empleo o cargo público y tampoco podrían presentarse a las oposiciones en un periodo aproximado de diez años, porque hasta entonces constarían sus antecedentes judiciales. Fuentes de la Fiscalía recordaron que el Código Penal no permite suspender la inhabilitación.

A pesar del acuerdo, quedó pendiente de resolver para una vistilla que se celebrará el próximo martes, y a la que en principio irán los agentes, la cuestión de las indemnizaciones a la familia del fallecido. En concreto, las partes están de acuerdo en que se resarza a la hija menor de Diego con 200.000 euros y a cada uno de los cinco hermanos del fallecido con 50.000 (la Fiscalía elevó su petición inicial de 30.000 euros), lo que hace en total de 450.000 euros. Los acusados ya ingresaron 60.000 euros, pero el abogado del estado discute estas cantidades porque según manifestó la administración pública no admite números redondos, sino que exige un cálculo detallado de las cantidades.

El letrado estatal Nicolás Valero explicó tras la vista que en todo caso el Estado garantizaría el pago de las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil subsididaria siempre que se declare la insolvencia de los acusados. En todo caso posteriormente la administración haría todo lo posible para recuperar el dinero, incluso mediante un procedimiento de embargo a los condenados.

El abogado de la acusación particular, Francisco Belda, señaló que con la confesión de los hechos y con la reparación económica parcial se consiguió el objetivo de evitar las incertidumbres del juicio y ciertos ‘riesgos’ del jurado. También que los agentes hayan admitido ser responsables de la muerte de Diego por acción y omisión. En todo caso lamentó que no se haya podido determinar los que actuaron por acción y los que lo hicieron por omisión, aunque considera que una sentencia tras un largo juicio tampoco habría sido garantía el conocer con detalle la verdad de lo ocurrido en la fatídica noche 11 de marzo de 2014.

El abogado de uno de los agentes, Raúl Pardo-Geijo, hizo hincapié en que a su juicio se dan los elementos para que el tribunal suspenda la entrada en prisión de los agentes y la inhabilitación. También afirmó que a los policías «no se les puede llamar asesinos ni homicidas, sino en todo caso decir que hubo un homicidio por imprudencia». Según el letrado quedó demostrado que era imposible que los agentes mataran a Diego en algo más de dos minutos y que en siete les diera tiempo a coger su cuerpo, lanzarlo al mar en la playa de Cala Cortina y huir de la escena. Señaló que queda acreditado que Diego se perdió en un momento dado por casusas desconocidas y que «no ha habido lesiones ni le partieron el cuello». El caso quedará visto para sentencia, en principio el próximo martes, tras la vista sobre la indemnizaciones.

Las fuentes consultadas en la Fiscalía indicaron que hubo una detención ilegal, y que tanto en el escrito de la fiscal como los hechos reconocidos por los acusados, indican que, como consecuencia de una acción o bien por la omisión de los deberes de custodia, se ocasionó la muerte de Diego. En el Ministerio Público añadieron que el escrito inicial de la fiscal tan solo ha sido modificado en lo relativo al cambio de calificación, de homicidio doloso a homicidio imprudente, al no practicarse las pruebas en el juicio.