«Inquietud» en Llano del Beal por el retraso de dos proyectos para evitar arrastres mineros

La Plataforma de Afectados por los Metales Pesados de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, liderada por padres de alumnos de varios centros educativos, mostró ayer su «preocupación e inquietud por los retrasos» acumulados por dos proyectos para evitar arrastres de residuos mineros en Llano del Beal. Uno es la construcción de un interceptor de pluviales, para evitar inundaciones y la llegada de 'aguas rojas' con metales pesados procedentes de las antiguas explotaciones mineras. Y otro es la descontaminación de la balsa o depósito de residuos San Agustín, situada frente al colegio público San Ginés de la Jara.

«Los representantes del gobierno municipal nos los llenaron todo de flores en agosto, diciendo que todo iba a solucionarse con dos inversiones por valor de 500.000 euros. Pero van pasando los meses, cada vez que llueve fuerte se forman escorrentías y los problemas no tiene solución. Y lo peor es que no tenemos contestación ninguna. Se han olvidado de nosotros», aseguró el portavoz de la plataforma, Juan Ortuño, sobre la alcaldesa, Ana Belén Castejón y la vicealcaldesa, Noelia Arroyo.

Sobre el interceptor, fuentes del gobierno municipal indicaron que el 8 y el 9 de marzo Hidrogea tomó muestras de agua y que «el catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Ángel Faz, experto en suelos contaminados, tiene que realizar un informe» para que el Ayuntamiento solicite a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la autorización de obra.

La CHS rechazó en 2020 el desvío de las escorrentías a la rambla de Ponce y, de ella, al Mar Menor; y pidió al Ayuntamiento más datos. Sobre la balsa San Agustín, fuentes municipales indicaron que Adif y la CHS aún no han respondido a sus consultas sobre el plan de descontaminación de la parte de la parcela que es pública. En cuanto a la zona titularidad de Portmán Golf, la Consejería de Medio Ambiente aún no ha contestado a sus alegaciones. La empresa insiste en que no está obligada a realizar un sellado y una restauración ambiental. Un informe detectó en la parcela seis metales pesados (cadmio, cromo, cobre, zinc, arsénico y plomo), con el consiguiente riesgo potencial para el medio ambiente y la población. Entre tanto, un juzgado instruye diligencias penales por los riesgos para las personas y el medio ambiente.