Las balsas de Zinsa sobrepasan en cinco millones los niveles legales de arsénico

El fiscal encargado del caso afirmó que «el perecimiento de las aves en dichos terrenos es solo la punta del iceberg de una auténtica bomba de relojería contra el medio ambiente» y que «se pueden estar produciendo conductas delictivas» castigadas por el Código Penal». Para ello, se basó en los datos recabados por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Benemérita sobre «metales como cobre, zinc, arsénico, cromo, cadmio o níquel».

Los resultados de los análisis de las muestras pedidas a un laboratorio por el Instituto Armado, y plasmadas en un informe al que ha accedido LA VERDAD, permiten comprobar que la concentración máxima de arsénico supera en 5.120.000 veces el nivel de riesgo máximo fijado en la normativa. La de cadmio es rebasada en 531.000 veces; la de zinc, en 85.800; la de cobre, en 10.583; la de selenio, en 430; la de cromo, en 330; la de níquel, en 121; y la el del plomo, en cerca de 4.

El informe ha sido incluido por el juez en una pieza separada sobre posibles medidas cautelares, como el vaciado y sellado de las balsas por parte la actual empresa propietaria de las balsas, Cartagena Parque SA, o en su defecto por la Consejería de Medio Ambiente. En ese documento, la Benemérita alerta sobre la magnitud del riesgo para las personas que trabajan y que viven en el entorno. «Cuando los vientos son de componente oeste / suroeste, las partículas tóxicas son desplazadas hasta el polígono industrial Cabezo Beaza, a escasos 50 metros de las balsas y donde se encuentra una guardería de niños con discapacidades, el Hotel Posadas de España y una nave industrial que alimentos para distribución logísticas (SPAR)».

El Seprona añade: «Los metales pesados que conforman estas sales metálicas son cancerígenos y neurotóxicos para los seres humanos ante exposiciones crónicas, tanto por contacto directo como por inhalación de polvo, en especial para los menores, por lo que suponen un riesgo inadmisible para su salud, pudiendo dar lugar a un daño irreversible».

A la luz de estas conclusiones, el fiscal reclamó «el inmediato sellado» de las balsas y el juez ha pedido al Seprona tomas de muestras de aguas complementarias en la rambla de El Hondón, las canalizaciones municipales de agua y el puerto. También ha solicitado un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y que la Consejería de Medio Ambiente le remita el listado de «personas responsables del cese de actividad del vertedero de residuos peligrosos» autorizado en 2008 a Zinsa.

El magistrado adoptó esta decisión a mediados de noviembre a raíz de un escrito de la Fiscalía que incluye graves advertencias sobre la situación del vertedero. «Examinado el contundente y preciso informe elaborado por el Seprona de Cartagena, los hechos que pone de manifiesto alcanzan una dimensión muy superior al inicial riesgo para determinadas aves», destacó el fiscal.

Señaló así que la causa que instruye el juzgado por una presunta falta contra el medio ambiente, previa denuncia de la Asociación de Vecinos de Torreciega, supera en mucho una investigación sobre la muerte de aves acuáticas protegidas en los depósitos industriales abandonados desde hace trece años. El fiscal expuso que el peligro «existe también, y de forma especialmente grave, para la salud de las personas». Citó que la cantidad de metales de las balsas «multiplica hasta por varios millones el límite máximo permitido» para blindar «la salud de las personas» y «la ubicación de los terrenos», «en zonas muy próximas a núcleos de población».