Los vecinos de Torreciega denuncian una alta tasa de cáncer en el barrio y urgen a sacar los residuos

«De 634 habitantes, al menos 18 vecinos padecen patologías cancerígenas, lo que supone 2,38%, cuando la tasa en la Región de Murcia es del 0,44%», afirma la Asociación. Y cita como fuente autonómica las cifras publicadas en 2015 por la Consejería de Sanidad, según la cual en la Región hubo 6.452 casos, en una población de 1.467.288 personas».

«La prevalencia del cáncer es objeto de una investigación» del científico cartagenero José Matías Peñas Castejón, en la Universidad de Limoges (Francia), donde desarrolla un proyecto de la Fundación Séneca de la Región de Murcia, explican fuentes de la asociación. Y en este colectivo, representado por el abogado José Manuel Muñoz Ortín, insisten en que «las medidas cautelares son imprescindibles para que cese ya la producción del daño al medio ambiente y a la población».

La asociación, que ejerce la acusación particular, califica la situación de «inadmisible», pues «las sustancias tóxicas y cancerígenas están al descubierto a 50 metros del núcleo de población».

Mientras, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma llevó a cabo el 30 de noviembre una nueva inspección. Captó imágenes con un dron y, según fuentes de la Consejería, descartó un riesgo de derrumbe de las balsas. Los técnicos también tomaron muestras de los residuos y los enviaron a un laboratorio para detallar su composición.

El director general de Medio Ambiente, Francisco Marín, espera tener pronto los resultados para encargar el proyecto de intervención y pedir presupuestos a las empresas interesadas en hacerlo. Admitió que el proceso puede durar varios meses y aseguró a LA VERDAD que «si Cartagena Parque insiste en no asumir los trabajos, los hará la Comunidad y le pasará la factura», en el expediente de ejecución subsidiaria iniciado en noviembre.

Cartagena Parque, propiedad del empresario Tomás Olivo, rechaza esta obligación y que la Comunidad la haya denunciado ante la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia. Defiende que la extracción sería ineficaz, porque las lluvias volverían a llenar los depósitos. Y recuerda que presentó a finales de junio a la Consejería una propuesta de descontaminación, pendiente de evaluación.