El 'caso Brubaker' investiga la venta de pastillas de la farmacia de la cárcel de Sangonera a los internos

Los especialistas de la Benemérita, que han tenido intervenidos teléfonos de empleados del centro penitenciario, iniciaron esa vía de investigación cuando en junio del año pasado detectaron una conversación entre un jefe de servicio, el ya detenido y encarcelado Juan Manuel S., y un compañero suyo, a quien hizo entrega de lo que abiertamente llamaban «pastillas».

Los guardias civiles tienen datos que apuntan claramente en la línea de ese presunto tráfico ilegal y, además, están convencidos de que los guardianes de la cárcel presuntamente implicados en la trama fueron alertados de que se preparaba una inspección de la farmacia del centro por parte de la Intervención de Hacienda.

La alerta habría sido transmitida rápidamente entre varios de los supuestos implicados en la red delictiva, con el fin de que tomaran las medidas pertinentes para tratar de ocultar los datos que pudieran confirmar esas actividades ilícitas.

El hecho de que haya estado pinchado durante meses el teléfono del que, por el momento, aparece como principal encausado en esta investigación, Juan Manuel S., ha aportado datos de enorme relevancia a los investigadores sobre la forma de operar de esta organización. Y ha permitido centrar las pesquisas hasta en una decena de funcionarios de prisiones, tal como desveló ayer este periódico.

A modo de ejemplo, en una de las conversaciones telefónicas de este jefe de servicio con un compañero, interceptada por los agentes de la EDOA, se escucha al primero preguntar al otro «si tiene eso preparado para hacerlo mañana». Y el interpelado le responde que «lo tengo guardado en una bolsa de plástico de color negro para que no se vea».

Los investigadores pudieron constatar, en apariencia a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro penitenciario, cómo el traspaso de la citada bolsa, que debía de contener «algún efecto prohibido», se efectuaba en las dependencias del economato.

Este tipo de comportamientos ha venido reforzando a los investigadores en la sospecha de que un grupo de empleados públicos estaban facilitando, a cambio de dinero, todo tipo de bienes y servicios a los reclusos. Según las cartas remitidas por éstos al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y según sus propias manifestaciones, prestadas en calidad de testigos, se estarían facilitando drogas (hachís, cocaína, heroína...), comida y bebida, teléfonos móviles e incluso prostitutas en los encuentros 'vis a vis'.

Unos supuestos hechos de extraordinaria gravedad que han causado una profunda conmoción en ámbitos penitenciarios de todo el país.