El atasco en la Justicia rebasa de nuevo la barrera de los 100.000 asuntos pendientes

Los profesionales de la Administración de Justicia en la Región trabajan a destajo para dar respuesta a todos los litigios que les llegan de la sociedad. Pero la carencia de medios hace que ese encomiable esfuerzo que realizan y la gran efectividad que ofrecen sean insuficientes para atender de manera adecuada la totalidad de demandas que plantean los ciudadanos. Ese es el resumen que se puede extraer de los datos de la Memoria Judicial correspondiente a 2018, que fue presentada en la mañana de ayer por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pasqual del Riquelme.

Los juzgados y tribunales murcianos recibieron el pasado ejercicio un total de 192.305 asuntos y resolvieron 185.846, lo que supone una media de 1.602 casos por órgano judicial. Son cifras ligeramente superiores a las que reflejaba la Memoria anterior. El grado de resolución es «extraordinariamente alto», en palabras del presidente del TSJ, que recuerda que cada uno de estos 185.846 casos solucionados en la Región «es una situación real, con nombres y apellidos, y está relacionada con cuestiones como la protección de los consumidores, la persecución de los ataques al patrimonio, la lucha contra la corrupción y la defensa del medio ambiente».

Por jurisdicciones, Penal se mantiene como la que registra una mayor actividad, con 106.186 procedimientos ingresados y 103.812 resueltos. No obstante, se produjo en 2018 un leve descenso respecto al ejercicio anterior. Donde más subió la litigiosidad fue en Civil, mientras que en lo Contencioso y lo Social hubo una subida de casos resueltos.

Lo que también se ha elevado es el número de procedimientos que continuaban en trámite en los juzgados y tribunales a fecha de 31 de diciembre de 2018. Es lo que se conoce como asuntos pendientes. El crecimiento fue del 6,7% en relación a 2017, superando por primera vez desde 2014 la barrera simbólica de los 100.000 casos por resolver. La mayor congestión se concentra en Civil, «donde la suma de los asuntos pendientes de resolución al inicio del año, más lo ingresado durante estos doce meses, está cerca de duplicar lo solucionado en este periodo», avisa la Memoria. Este documento apunta que hay un problema en esta última jurisdicción y en Penal con los tiempos de respuesta a los procesos, superiores a la media nacional en ambos casos.

Esto hace que la tasa de pendencia autonómica sea una de las más altas de toda España, lo que simple y llanamente se debe al déficit de medios humanos y materiales que tiene la Administración de Justicia murciana para hacer frente a un índice de litigiosidad que también rebasa la media estatal.

Por eso Miguel Pasqual del Riquelme reiteró ayer que no se va a cansar de alzar la voz para exigir al Ministerio de Justicia la ampliación tanto de la planta como de la plantilla judicial en la Región. Y es que Murcia cuenta actualmente con 159 jueces, lo que supone una ratio de 10,6 magistrados por cada 100.000 habitantes, frente a la media nacional del 11,6 y muy por debajo de otras comunidades autónomas uniprovinciales como esta, entre las que destacan Asturias (15,1) y Cantabria (13,6). «Este déficit se nota día tras día, asunto tras asunto. Cada juez murciano soporta al año un total de 157 asuntos más que la media nacional. Es frustrante realizar siempre la misma reivindicación», se queja el presidente del TSJ, que calcula que serían necesarios 27 juzgados más en las diferentes jurisdicciones para un correcto funcionamiento.

Miguel Pasqual del Riquelme realizó un llamamiento tanto a las instituciones como al conjunto de la sociedad murciana para que se haga de la mejora de la Administración de Justicia una bandera de la reivindicación regional, como ocurre con el agua y las infraestructuras. «Con una mejor Justicia ganaríamos todos, principalmente la economía real. El coste de una mala Administración de Justicia, según los expertos, puede llegar al 5% del PIB», añade el magistrado, que lamenta que los problemas de los juzgados y tribunales no hayan estado en el debate político en los dos procesos electorales consecutivos que se han celebrado este año en España.

Aunque no ha sido especialmente generoso con las reivindicaciones que le llegaron del TSJ, algo ha hecho el Ministerio de Justicia en la Región durante este periodo. La Memoria señala que se crearon en 2018 un juzgado de Familia en Cartagena, un juzgado de Civil en Murcia (dedicado exclusivamente a gestionar las demandas que llegaban por las cláusulas suelo) y otro juzgado de Familia en la capital, donde una unidad de lo Contencioso se convirtió en una de lo Social.

Para 2019, «solicitamos la creación de dos magistrados en las secciones penales de la Audiencia Provincial de Murcia, con el fin de dar más agilidad al enjuiciamiento de los casos que llegan», explica el presidente del TSJ. «Está aprobada la creación de solo uno de esos dos jueces que pedimos, que empezará a trabajar el 30 de septiembre de 2019», revela Pasqual del Riquelme. No obstante, la petición de un juzgado de lo Mercantil en Cartagena, para aliviar la congestión en los dos que existen actualmente, cayó en saco roto en Madrid. Lo mismo ocurrió con el nuevo juzgado de Primera Instancia que se pidió para la ciudad portuaria. La razón que dio el Ministerio para este rechazo es «la dificultad que hay para encontrar un edificio judicial en Cartagena donde instalarlo, así como el coste que supone alquilar nuevas sedes», afirma Pasqual del Riquelme.

Por otra parte, de los dos nuevos juzgados de Primera Instancia en Civil que se demandaron para el partido judicial de Murcia solo se creará uno, que entrará en servicio el 31 de mayo de 2020. Idéntica situación se produce en Molina de Segura, donde la unidad concedida no se creará hasta el 30 de septiembre de 2020. «Bueno es el compromiso, pero no estamos contentos con el retraso», critica el presidente.

Otro caballo de batalla de Miguel Pasqual del Riquelme durante estos últimos años al frente del Tribunal Superior de Justicia son las infraestructuras judiciales, principalmente en las zonas de influencia de Cartagena, Lorca y Molina de Segura.

El presidente del TSJ insiste en «la necesidad perentoria» de culminar de una vez la construcción del Palacio de Justicia de Lorca. «Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano», comenta. En el caso de Molina de Segura, donde existen dos sedes distintas que no están en buenas condiciones, «se ha hablado con el Ayuntamiento y, fruto de ese diálogo, ha sido el ofrecimiento de una parcela donde el Ministerio estudia la construcción de un nuevo Palacio de Justicia que aglutinaría todos los juzgados». A lo largo de este año, precisa Pasqual del Riquelme, se producirá en la ciudad conservera el traslado de la unidad de Violencia contra la Mujer a un espacio mejor acondicionado del que dispone en la actualidad.

Sobre la situación «insostenible» de Cartagena, subraya el responsable del TSJ que se están realizando gestiones junto la alcaldesa, Ana Belén Castejón, la Comunidad Autónoma y la Delegación del Gobierno con el objetivo de identificar unos terrenos que puedan servir para la construcción de la Ciudad de la Justicia. El fin es concentrar allí los juzgados, dispersos y en malas condiciones, que existen hoy día.