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El presidente del TSJ inicia este lunes las visitas a cuatro juzgados que malograron causas de corrupción debido a errores en el cumplimiento de los plazos de instrucción establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015.
Los juzgados de Instrucción que recorrerá durante toda la semana que viene Miguel Pasqual del Riquelme, que estará acompañado por otros miembros de la Sala de Gobierno del TSJ, serán el número cinco en Murcia, donde se seguían las diligencias por el caso de la desaladora de Escombreras (denominado 'La Sal'); el número tres de Lorca, donde se instruyó el caso 'Pasarelas' que afectaba al expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez; y los número dos y tres de Caravaca de la Cruz, donde naufragaron las investigaciones del caso 'Acal' y del teatro auditorio de Cehegín, respectivamente.
El objetivo del presidente del TSJ es recabar información sobre las circunstancias que llevaron a que no se realizara una correcta gestión de los plazos de instrucción, que la reforma de la ley aprobada por el Gobierno de Rajoy establece en seis meses, prorrogables a otros dieciocho siempre que se realicen los trámites pertinentes en tiempo y forma. Las explicaciones que reciba se pondrán en conocimiento de la Sala de Gobierno, que se reunirá a mediados de julio para analizar las distintas situaciones y tomar decisiones sobre qué medios se pueden poner para evitar que estas «disfunciones» se repitan en el futuro.
En ese sentido, Pasqual del Riquelme recordó que en el mundo de la Justicia existe una discusión sobre si estos plazos de instrucción son «perentorios u orientativos». «Al principio se interpretó que este periodo de tiempo era estimativo, y solo a principios de este año el Tribunal Supremo empezó a considerar, y no de forma definitiva, que eran obligatorios, lo que ha tenido consecuencias no previstas», justificó el presidente del TSJ.
Pese a que comprende la frustración que pueda sentir la ciudadanía por el hecho de que se vayan al traste causas de corrupción por motivos administrativos, descarta Pasqual del Riquelme que esto se produzca «por influencias externas o intereses espurios de ningún tipo». Añade que las dificultades con el cumplimiento de los plazos de instrucción también se dan «en otros muchos asuntos que no salen a la luz porque no forman parte del ámbito del interés público».
Por otro lado, según revela la Memoria Judicial de 2018, en los juzgados de Instrucción y Primera Instancia ingresaron 80.715 asuntos, de los que solo 1.212 se declararon como causas complejas.
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