El PP frena la ley del Mar Menor de Vox, pero se abre a modificar la que hay vigente

En su caminar sobre el alambre, los populares registraron una moción para volver a debatir y votar en una próxima sesión una modificación normativa a su gusto, tras obtener el rechazo inicial al plantearlo de viva voz y sin mediar votación. Dicha estrategia no evitó el disgusto del vicepresidente regional y líder de Vox José Ángel Antelo, quien, enfadado, anunció que pedirá reunirse este viernes con Fernando López Miras y revisar el pacto de gobierno. A la sesión vespertina, con preguntas al presidente del Consejo de Gobierno, no asistió. Tampoco el otro consejero de Vox, José Manuel Pancorbo.

Según el portavoz de ese partido, Rubén Martínez Alpañez, su texto pretendía acabar con las carencias de una ley que en cuatro años no ha mejorado la situación medioambiental de la laguna. Ofreció su texto como una garantía de que el respeto al medio ambiente es compatible con el desarrollo económico y social de los municipios ribereños. Pero no convenció ni a los partidos de la oposición ni a sus socios del PP.

Los socialistas no escatimaron en críticas a esa propuesta. José Vélez rechazó cualquier apoyo porque recordó que el texto del partido que lidera en la Región Antelo «parte de una premisa falsa. Que la contaminación es responsabilidad de los ayuntamientos y no de los nitratos agrícolas, es un disparate». También se mostró preocupado por el hecho de que la intervención de los científicos en la búsqueda de soluciones al problema medioambiental quedara reducido a la mínima expresión.

Los diputados de Podemos no intervinieron en la votación. María Marín dijo que no participaría en «esta vergüenza infame e impropia de un parlamento democrático», en referencia a la inclusión en el último momento de la propuesta de Vox en el orden del día de la sesión. Buena parte de su intervención la dedicó a criticar a la Fundación Ingenio y a su «marca blanca», Sos Rural, que movilizó a los agricultores en la puerta de la Asamblea.

La sesión comenzó con el debate y la votación de las iniciativas de PP y de PSOE para incluir en la misma ley una moratoria urbanística en torno a la laguna mientras no esté acabado el plan de ordenación territorial de la cuenca vertiente al Mar Menor. Dicho aplazamiento estuvo vigente los tres primeros años de la ley, pero tenía fecha de caducidad, julio de 2023. López Miras firmó un decreto para mantenerla temporalmente, pero la Asamblea no lo convalidó. El PP no obtuvo entonces el apoyo de Vox y volvió a intentarlo ahora, seis meses después. También el PSOE registró su propia moratoria.

Joaquín Segado sorprendió a la Cámara al proponer al resto de grupos constituir en la Asamblea una ponencia, «desde mañana mismo», para en «tres meses» elaborar una estrategia común para la modificación de la ley del Mar Menor en los aspectos que la sociedad demande. Planteó que en dicha ponencia comparezcan agricultores, ecologistas, ayuntamientos, universidades, científicos, promotores inmobiliarios, empresarios turísticos y asociaciones sociales. «Hemos de tener claro que nuestra meta es salvaguardar esta maravilla medioambiental y, para conseguirlo, debemos salvar los obstáculos que encontremos en el camino. La sociedad nos lo exige y nos lo demanda», dijo.

De entrada, el portavoz del PP se encontró con la negativa del PSOE a tratar ese asunto en la sesión. «Hay que ser muy demagogo para traer ahora esta propuesta», le replicó Manuel Sevilla. El diputado de Los Alcázares lamentó que los populares ladeen ahora la «ley del consenso», la de 2020, para realizar un ejercicio de funambulismo, según él, que contentase a sus socios en San Esteban. Sevilla insistió en el mensaje oficial de su partido: que la Comunidad no invierte en medidas de protección de la laguna, a la que sí llegan ayudas del Gobierno central. Y defendió la necesidad de establecer una prórroga urbanística en la zona mientras no haya un plan de ordenación territorial, de cuya elaboración nada se sabe. El diputado socialista señaló esa carencia como el principal incumplimiento de la ley vigente y acusó a López Miras de abrir la puerta a nuevos desarrollos urbanísticos en los municipios ribereños.

María Marín interpretó la oferta del PP como una maniobra dilatoria hasta conseguir que el «Mar Menor esté totalmente muerto». «No nos hagan perder más tiempo, porque el Mar Menor no lo tiene. Y nuestros agricultores tampoco». Para la diputada de Podemos, la moratoria propuesta por el PP es quitar cualquier impedimento a todos los planes urbanísticos que tengan la aprobación inicial. «Hablamos de miles de viviendas en zonas tan tensionadas como Los Belones y Cabo de Palos. Más ladrillo para el Mar Menor». Y sobre la propuesta del PSOE dijo que es «poco ambiciosa» porque su moratoria acabaría cuando esté redactado el plan de ordenación territorial de la cuenca vertiente, de cuya elaboración se encargan en la Consejería de Antelo.

Vox también rechazó la propuesta del PP. El diputado Antonio Martínez Nieto dijo a Segado que si quería cambiar la norma, bastaba con apoyarles. En su opinión, la ley, tal y como está ahora, es un instrumento para llevar la agricultura a Marruecos, desmantelar el regadío del Campo de Cartagena, cerrar las instalaciones ganaderas y convertir el Mar Menor en un «santuario intocable con moratorias y castigos para los negacionistas». Martínez Muñoz también la calificó de atentado contra el sector primario y un «taparrabos del gobierno, porque oculta sus vergüenzas». Igualmente, rechazó la moratoria urbanística de PP y PSOE.

Los agricultores del Campo de Cartagena movilizados por la organización SOS Rural y varias asociaciones agrarias hicieron sonar bocinas en la puerta del Parlamento durante el Pleno. También cortaron el tráfico en el paseo de Alfonso XIII, pese a que carecían de permiso gubernativo para concentrarse y hubo un fuerte despliegue policial. A cincuenta metros, protestaron sin generar excesivo ruido ni causar molestias ecologistas y miembros de las plataformas ciudadanas de defensa medioambiental del Mar Menor.