La Asamblea avala el decreto para restringir el uso de abonos nitrogenados junto al Mar Menor

La situación del Mar Menor volvió a ser este lunes motivo de enfrentamiento político en la Asamblea Regional, donde se celebró pleno para la convalidación del decreto ley del Gobierno regional que permitirá aumentar las restricciones en el uso de abonos nitrogenados en el área agrícola más cercana a la laguna salada, entre otros asuntos. Estos quedaron en un segundo plano, diluidos en el ya habitual cruce de reproches y acusaciones entre los dos bloques políticos de la Cámara: los diputados que sostienen el Ejecutivo de Fernando López Miras y los de la oposición.

Populares y expulsados de Ciudadanos y Vox descargaron toda responsabilidad en la situación del Mar Menor en el Gobierno de Pedro Sánchez, al que exigieron por enésima vez que actúe para descargar el acuífero cuaternario, donde se acumulan cientos de toneladas de residuos de fertilizantes agrícolas; acabar con los vertidos por el cauce de la rambla de El Albujón; y permitir el dragado del canal de Marchamalo, en La Manga, con el fin de facilitar la entrada de agua desde el Mediterráneo como fórmula para evitar anoxias como la que en agosto provocó la muerte de peces y crustáceos. Por su parte, los diputados socialistas pusieron en el centro de la diana al Gobierno autonómico, al que consideran competente para acabar con los vertidos que tienen su origen en la agricultura intensiva, poner coto a los regadíos ilegales en toda la cuenca y limpiar las playas de la ribera sur, muy afectadas desde hace meses por la acumulación de fangos y secos. También los diputados de Podemos hicieron hincapié en la permisividad e impunidad con que, según ellos, actúan las grandes multinacionales agrícolas asentadas en el Campo de Cartagena.

Los votos a favor de populares y sus socios de gobierno permitieron la convalidación sin más trámites del decreto que también reduce a la mitad los plazos para la notificación de sanciones. Socialistas, los cuatro diputados del Grupo Mixto y Pascual Salvador, de Vox, votaron en contra. En el debate el consejero de Agua y Agricultura, Antonio Luengo, destacó que dicha modificación de la ley de Protección y Recuperación del Mar Menor también permitirá acortar a la mitad los plazos de restitución a su estado natural de las fincas de regadío sin derechos de agua. No obstante, defendió que es la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la administración competente para cerrar el grifo a esas explotaciones. Sobre este aspecto, el Grupo Socialista plantea una modificación más para reconocer a la Consejería de Luengo como responsable a la hora de desmantelar regadíos ilegales. No obstante, tal y como estaba previsto, la iniciativa fue retirada del orden del día porque la mayoría de diputados pidieron un informe jurídico antes de proceder a su debate y votación.

Igualmente, salió adelante la modificación de la misma ley del Mar Menor planteada por los grupos Popular, Ciudadanos y Vox para endurecer la prohibición de los vertidos a la laguna, así como permitir los aportes de agua procedentes de las salinas de San Pedro del Pinatar y Marchamalo para combatir episodios de anoxia.

Durante el debate de estas cuestiones, el socialista Manuel Sevilla acusó al consejero Luengo de no hacer cumplir la norma. Tras llamarle «mentiroso» y responsabilizarle de consentir ilegalidades en la gestión de los cultivos del Campo de Cartagena, reclamó a López Miras que lo destituya, «porque con él no será posible un Mar Menor vivo». Luengo esquivó el cuerpo a cuerpo ofreciendo datos de las actuaciones de su departamento desde la entrada en vigor de la ley, hace poco más de un año. Entre los más relevantes, las 202 expedientes sancionadores a agricultores. Además, a preguntas del popular Jesús Cano, el consejero volvió a reclamar competencias del Estado para que sea la Comunidad la encargada de limpiar fangos, lodos y secos en las playas del Mar Menor.

En una última pregunta del diputado de Podemos Rafael Esteban sobre las conexiones de transporte público con el aeropuerto de Corvera, el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, reconoció que no hay «masa crítica» aún para implantar líneas de autobuses donde por ahora solo operan taxis y empresas de alquiler de vehículos. Esteban denunció la paradoja de que quienes viajan hasta Corvera pagan más por el taxi que los lleva a su destino final que por el billete de la línea aérea de bajo coste que los trae a la Región de Murcia.

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