La Comunidad prevé que las ayudas directas lleguen a 35.000 empresas y autónomos

Unas 15.000 empresas y 20.000 autónomos de la Región podrán beneficiarse potencialmente de las ayudas directas previstas en la línea de subvenciones para la solvencia empresarial ante la Covid-19. Así lo anunció ayer la consejera de Empresa, Empleo y Portavocía, Valle Miguélez, acompañada por el titular de Economía y Hacienda, Javier Celdrán, y el presidente de la patronal regional (Croem), José María Albarracín. La convocatoria, que se resolverá por concurrencia competitiva, está dotada con 142,5 millones del Estado. Será publicada en el BORM el 5 de junio y el plazo de presentación de solicitudes se abrirá el día 7.

La Comunidad asegura que tiene todo preparado para lanzar en los próximos días la convocatoria regulada por el Real Decreto-Ley 5/2021 de medidas extraordinarias en respuesta a la pandemia. El montante asignado por el Gobierno central supone una media por habitante de 98 euros, por debajo de la media nacional de 148 euros. El fondo autonómico consta de 7.000 millones y la Región recibirá 142 millones

La incorporación de 36 nuevos sectores de actividad beneficiarios de estas subvenciones supone un incremento muy importante con respecto a los 95 establecidos por el Estado. Entre estos nuevos sectores se encuentran: fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería; extracción de piedra ornamental y para la construcción; fabricación de calzado; procesado y conservación de frutas y hortalizas; elaboración de vinos; fabricación de artículos de marroquinería; mantenimiento y reparación de vehículos de motor; comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados; peluquería y otros tratamientos de belleza; comercio al por menor de muebles; o actividades auxiliares a la educación y cuidado diurno de niños, entre otros.

Para definir dichos sectores se contó con la colaboración la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas, que realizó un informe con el fin de seleccionar aquellas actividades que podrán recibir ayudas con cargo a este programa de solvencia empresarial.

La consejera Miguélez destacó que «para identificar los sectores posibles beneficiarios de estas ayudas, ante la negativa del Gobierno central de facilitar a priori la información económica de los diferentes sectores que hubiese permitido hacer un diseño óptimo de la convocatoria, se tuvo en cuenta para cada una de las actividades económicas la caída relativa y contribución de la afiliación; el peso total de la afiliación; el mayor peso de trabajadores en ERTE sobre afiliados de cada actividad, y el mayor peso de los trabajadores en ERTE de cada actividad sobre el total regional de trabajadores en dicha situación».

La Comunidad cuenta exactamente con la cantidad de 142.522.901 euros, que serán gestionados por el Instituto de Fomento (INFO), para hacer llegar al sector empresarial ayudas con carácter finalista, pudiéndose emplear para el pago de deudas pendientes de las empresas y autónomos con proveedores y acreedores, tanto financieros como no financieros, contemplando entre estos últimos el pago de nóminas pendientes de pago a los trabajadores.

«Desde el Gobierno regional, de forma conjunta entre las consejerías de Hacienda y de Empresa, hemos trabajado para simplificar al máximo la gestión que el Gobierno central exige a empresas y autónomos a la hora de solicitar y justificar estas subvenciones. Como novedad, hay que destacar que las empresas y autónomos que reciban una subvención inferior a 60.000 euros realizarán una justificación simplificada muy rápida de llevar a cabo».

El titular de Hacienda advirtió de que las comunidades que han empezado a aplicarlo, como la de Madrid, «están encontrando enormes dificultades por la falta de agilidad de la Agencia Tributaria Estatal a la hora de facilitar información y la gran mayoría ya están advirtiendo de que no podrán empezar a dar las ayudas antes de septiembre». Y concluyó Celdrán que «ya lo dijimos desde el primer momento, así como entidades como la Airef, Funcas y el Banco de España: es un plan que llega un año tarde, que no cuenta con las comunidades, a las que traslada el problema», además de ser «insuficiente y con un diseño confuso y opaco».