Alemania estrena Gobierno con una política migratoria más dura y menos presión fiscal

«Alemania tendrá un Gobierno capaz de actuar y con poder para hacerlo», dijo Friedrich Merz, presidente de la CDU y próximo canciller federal en la presentación del acuerdo en el Bundestag, donde habló de «clara señal a los ciudadanos y a nuestros socios de la UE». Merz aseguró a los medios que «no encontrarán mucho de lo que presumían y bastante de lo que no se esperan». El líder conservador subrayó que el lema de su futuro gabinete será «reformar e invertir» y «poner en marcha aquello que Alemania necesita urgentemente».

Visiblemente satisfecho y sonriente, Merz destacó que el objetivo del nuevo gabinete será «aumentar la competitividad de Alemania» con estímulos a empresas e industrias «en forma de amortización de las inversiones en equipos del 30% anual» entre este año y 2027. Además, el impuesto de sociedades se reducirá un 1% anual en cinco etapas. También se reducirá el impuesto sobre la electricidad para la industria al «nivel mínimo europeo» y se rebajará el IRPF de los empleados y autónomos.

En cuanto a la migración y refugiados, uno de los asuntos que ha sido más complicado de consensuar, Merz anunció, como había prometido en campaña, controles estrictos en las fronteras nacionales, una ofensiva de repatriaciones y deportaciones para peticionarios de asilo rechazados, el aumento del número de países considerados seguros, la suspensión de la reunificación familiar para refugiados subsidiarios y el fin de las llamadas «nacionalizaciones turbo», la concesión de la ciudadanía tras solo tres años de residencia y trabajo en este país que aprobó el Gobierno anterior.

Pese a todo, Alemania sigue siendo un país de inmigración, afirmó Lars Klingbeil, copresidente de los socialdemócratas y posible vicecanciller federal y ministro de Finanzas. «Quien vive aquí, trabaja aquí; quien se esfuerza por integrarse, pertenece aquí», aseguró antes de recordar que el derecho de asilo es «intocable» pese al endurecimiento de la política migratoria. Destacó, en ese sentido, que la «migración debe ser ordenada y dirigida» con reglas claras, sobre todo cuando es irregular. «Los talentos, investigadores, empresarios de todo el mundo deben saber que merece la pena venir a Alemania y trabajar aquí», dijo Klingbeil.

«Todos estos años de inseguridad se han acabado. Volvemos a antes de 2015», declaró a su vez Markus Söder, presidente de la CSU y primer ministro de Baviera, a la hora de comentar el acuerdo en materia de migración y refugiados. Amigo de las metáforas en sus intervenciones, Söder afirmó que el contrato de coalición será un 'bestseller' al tratarse de «una mezcla de cura de rehabilitación y programa de puesta en forma y modernización para nuestro país». El líder bávaro anunció que Alemania se «liberará de ataduras», ya que una de las consecuencias del plan será la reducción drástica de la burocracia y las normativas que ralentizan proyectos e iniciativas.

Bajo el título 'Responsabilidad para Alemania', el acuerdo de 146 páginas contempla el compromiso de Berlín con las instituciones internacionales como la ONU, en la que aspira a un puesto permanente en el Consejo de Seguridad. También subraya la intención del nuevo Ejecutivo de llevar adelante una política exterior y de seguridad común en la UE, a la vez que destaca su apoyo incondicional a Ucrania y su respaldo para que ingrese en la Unión Europea y la OTAN. Y pese a las actuales discrepancias con Donald Trump, afirma que «las relaciones con Estados Unidos siguen siendo de importancia extraordinaria».

El pacto establece el reparto de carteras entre las formaciones firmantes, aunque es decisión de cada una el nombramiento de sus titulares. Los ministros se decidirán y anunciarán en días venideros. Seis altos cargos, incluido el de canciller federal en la figura de Friedrich Merz, serán ocupados por la CDU. Entre ellos, y por primera vez en más de 60 años, el Ministerio de Exteriores, así como los de Economía y Digitalización y Modernización del Estado. Tres serán para la CSU, que asumirá Interior y Agricultura. Y seis para el SPD, responsable, entre otros, de los ministerios de Finanzas, Defensa, Medio Ambiente y Justicia. El titular de Finanzas será, además, vicecanciller federal.

La guerra arancelaria desatada por el presidente estadounidense y los esfuerzos por un alto el fuego en Ucrania urgieron a las dos formaciones tradicionales de Alemania a alcanzar un consenso, que deberá ser sancionado aún por los respectivos partidos. En el caso de la CSU bastará con la aprobación de su ejecutiva, mientras los cristianodemócratas deben convocar aún un congreso extraordinario.

Más complicado lo plantean los socialdemócratas, que tienen que consultar a sus bases y esperar el voto de la mayoría de sus 360.000 afiliados para dar luz verde a la nueva coalición. El proceso comenzará el próximo día 15 y acabará el 29 de abril. Por eso no se espera que Friedrich Merz sea investido como canciller federal antes del 7 de mayo.

Antes de sentarse a negociar, los partidos de la Unión y los socialdemócratas lograron aprobar en el Bundestag –con el decisivo apoyo de Los Verdes– un paquete de gasto extraordinario que contempla un fondo de inversiones en infraestructuras de medio billón de euros y el alivio del llamado «freno de la deuda», la ley que prohíbe un endeudamiento anual superior al 0,35% del PIB, para modernizar al ejército federal que traerá consigo otro desembolso de medio billón de euros.