La venganza de Trump por el IVA recrudece la tensión y amenaza con una guerra fiscal

Casi 28.000 empresas españolas exportan a Estados Unidos, un mercado que, aunque no es el prioritario para España, supone ventas por valor de 16.600 millones al año, cerca del 5% de las exportaciones totales. Los aranceles no son una sorpresa, no solo porque el líder republicano lleva amenazando con ello desde que empezó la campaña electoral, sino porque en su anterior mandato (2017-2021) ya aplicó una serie de gravámenes extra a productos españoles, como el aceite de oliva, el vino, el queso o los cítricos, que afectaron en gran medida a las ventas. En concreto, el mandatario impuso aranceles adicionales a 113 productos españoles en medio del contencioso por los subsidios a Airbus y Boeing.

La inmensa mayoría fueron suspendidos en 2021 con la llegada de Joe Biden, pero hay algunos que siguen aplicándose desde entonces. Es el caso de la aceituna española, que en su variedad de mesa negra ha perdido el 70% de sus ventas en suelo norteamericano desde que en el primer mandato de Trump recibió un arancel de más del 30% que no fue derogado tras la llegada del líder demócrata. Este alimento sufre una política proteccionista debido a la presión que ejercen los productores locales de California, pero la nueva oleada prevista de aranceles podría complicar más su situación y la de otros productos.

Desde la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa) aseguran que siguen buscando nuevos países para colocar en mercados rentables las aceitunas que se producen en España y que ya no interesa vender en EE UU, al tiempo que continúan luchando para que se retiren estos aranceles. Calculan que hasta el momento se han perdido 280 millones de euros y no hay perspectivas de que la situación mejore.

En junio de 2021 se logró eliminar este gravamen a las exportaciones agroalimentarias españolas, pero las pérdidas fueron millonarias. Por eso la industria teme ahora unas consecuencias similares. No solo el sector agro está preocupado. La industria del metal prevé incluso recortes de plantilla por el impacto negativo del proteccionismo estadounidense. Confemetal lo advierte en su último informe de coyuntura donde avisa de las consecuencias directas de los aranceles ya anunciados por Trump del 25% al acero y al aluminio sobre la industria del automóvil, que además actúa de tractor de otros segmentos de actividad. En España el sector del acero y del aluminio exporta unos 400 millones de euros a EE UU con empresas como Tubacex o Acerinox en el foco.

La aplicación de un IVA del 21% que, con carácter general, se aplica a los bienes y servicios que se consumen dentro de la UE no es una medida proteccionista como tal, pero Washington lo ha interpretado como un arancel directo para justificar la necesidad de subir las tasas a los Veintisiete, puesto que la nueva Administración lo considera un trato injusto para sus productos.

Hasta que se desvele la cuantía de los aranceles por países y la fecha de aplicación, el Ministerio de Economía opta por la prudencia a la espera de que Trump adopte decisiones «a mayores», indican fuentes del departamento de Carlos Cuerpo.

España compra a las firmas estadounidenses más bienes de los que ellos importan de nuestro país y se sitúa como el segundo territorio de la UE con un mayor déficit comercial con EE UU: 5.700 millones de euros, según los últimos datos de la Comisión Europea correspondientes a 2023. Pero el actual escenario de incertidumbre ha colocado en el centro de la diana a sectores como el agroalimentario, el farmacéutico y automovilístico por la elevada integración de la industria española en la cadena de suministro de Alemania.

Al impacto económico directo en forma de aranceles se suma el cambio de paradigma fiscal a nivel internacional que Trump impuso nada más llegar a la Casa Blanca. En sus primeras 24 horas en el cargo, el magnate dejó sin efecto el Acuerdo Fiscal Global que pactaron 142 países en el marco de la OCDE en 2021 para implementar una tributación mínima del 15% para los grupos multinacionales que facturan más de 750 millones de euros.

Si bien el Congreso norteamericano aún no había ratificado el pacto que suscribió Biden -y que afectaría en buena medida a firmas como Google (Alphabet), Apple, Amazon o X, cuyos directivos son afines a la actual Administración-, la negativa del dirigente republicano no solo a adoptar la medida, sino también su oposición activa a su avance, supone dinamitar las relaciones fiscales a nivel internacional.

La ruptura de esta cooperación ha pillado con el pie cambiado a los países que, como España -que aprovechó la reforma fiscal aprobada en diciembre para transponer la directiva europea en la materia-, ya han implementado el acuerdo. En este contexto, el Ministerio de Hacienda aboga por una respuesta europea coordinada. «En su momento se hablaba de un impuesto sobre los servicios digitales a nivel europeo», avanzó esta semana el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, quien defendió la importancia del multilateralismo y defendió los planes fiscales internacionales frente a la postura estadounidense.

Todo mientras avanza la cuenta atrás de 60 días que activó Trump el 21 de enero para presentar su lista de «medidas proteccionistas» que busca frenar iniciativas que aumentan la carga tributaria de los grupos norteamericanos. En el aire se encuentra por ejemplo la tasa Google, que se desactivó temporalmente en España y otros países bajo la promesa de cooperación tributaria de la que EE UU se ha descolgado.