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Lucía Palacios
Viernes, 22 de marzo 2019, 12:40
En un país donde casi 3,5 millones de personas están en situación de desempleo, la pregunta del millón es: ¿dónde hay menos paro? Y, un año más, son los profesionales de la sanidad y los servicios sociales los que tienen una tasa de paro más baja: el 7,7%, lo que supone casi la mitad que la media nacional, que se situó el año pasado en el 15,25%. Le sigue con el menor nivel de empleo los que se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y veterinaria, con una tasa del 9,9%. Otras dos especialidades cuentan con una tasa de desempleo inferior al 10% y, por tanto, más de cinco puntos por debajo de la media nacional: los que se han formado en tecnologías de la información y telecomunicaciones (9,2%) y los técnicos de mecánica, electrónica, industria o construcción.
Por el contrario, y tal y como es habitual, el mayor desempleo se sitúa entre las personas que solo tienen estudios de formación general y ninguna titulación universitaria o especializada, p ara los que la tasa se eleva por encima del 20%, algo que supone un problema puesto que casi el 60% de la población española con más de 16 años a lo sumo han cursado estudios de secundaria obligatoria o el bachillerato. Como dato curioso, ciencias sociales, periodismo y documentación fue el único sector en el que la tasa de paro femenina fue inferior a la masculina.
En esta línea, la tasa de empleo más alta se registró en el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), de casi el 80%, seguido de la agricultura y pesca, con un 77,2%.
Por otro lado, resulta paradójico la escasa eficacia que tienen las oficinas de empleo público -gestionadas por el SEPE y, por tanto, con fondos públicos- para colocar a estos 3,5 millones de personas que a día de hoy quieren trabajar y no pueden: 344.700 asalariados encontraron empleo en 2018 gracias a su intermediación, lo que supone apenas un 2,1% del total. Mayor es el papel que desempeñan las empresas de trabajo temporal (ETT), de carácter privado, que el año pasado impulsaron que 626.500 firmaran un contrato, lo que representa el 3,9% del total y casi el doble que los servicios públicos.
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